Después de los disturbios que formaron parte de las protestas públicas de la Generación Z, el pasado 15 de noviembre, y que le costaron a Palacio de Gobierno la destrucción de una puerta histórica, además de daños dentro del edificio y pintas en la Catedral y en el Palacio Legislativo, ayer se confirmó que el costo de las reparaciones ascenderá a 6.8 millones de pesos.
De los causantes de estos destrozos, siete siguen detenidos y en proceso judicial en el complejo penitenciario de Puente Grande. Probablemente, porque eso lo determinará un juez, los ahora acusados podrían enfrentar el cobro de sanciones económicas para reparar daños.
Aquel 15 de noviembre, como la ciudad atestiguó con sorpresa, más de 20 mil personas llegaron hasta Casa Jalisco y ahí, igual que sucedió en la Ciudad de México y en muchas otras urbes del país, protestaron contra la violencia y la inseguridad, y le presentaron al Gobierno de Jalisco un pliego de exigencias.
Después, un grupo de personajes embozados se trasladó al Centro Histórico tapatío y ahí escribieron su propia historia: atacaron el edificio de Palacio de Gobierno, mientras el personal de seguridad era tomado completamente por sorpresa. Al final del día pudieron haber ocurrido desgracias mayores. Y sí, policías estatales, ya molestos, actuaron con exceso de fuerza.
La prueba de que las cosas se salieron de control es que de las 40 personas detenidas que llegaron a Puente Grande, fueron liberadas 32. Varias historias se hicieron públicas de personas que aparentemente sólo iban pasando por ahí, y les tocó “la de malas”: estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.
A toro pasado, las autoridades estatales no pueden permitirse nuevamente que una manifestación con causas tan válidas como reclamar contra la violencia, la inseguridad, las extorsiones y demás fenómenos que a todos nos agreden, se convierta en pretexto para destruir edificios públicos o privados.
¿De dónde van a salir, de entrada, los casi 7 millones de pesos? Del erario, naturalmente.
Días después de la manifestación, diputados y dirigentes políticos de partidos de oposición exigían la liberación inmediata de las personas detenidas y acusaban públicamente que la autoridad no sólo se había sobrepasado, sino que reprimió a los manifestantes.
Pero “las benditas redes sociales” -diría el clásico-, permitieron a todos observar los excesos, tanto de los manifestantes como de las autoridades.
A la distancia, resulta excesivo permitir que por la defensa de un derecho se atropellen otros. Para manifestarse, no es necesario destruir nada, y menos cuando le va a tocar a todos cubrir los daños.
Hoy, cuando incluso en la Suprema Corte de Justicia se cuestiona si la cosa juzgada ya está juzgada o hay que revisarla de nuevo, hay que recuperar lo básico, el sentido común: Cada ciudadano debe hacerse responsable de las consecuencias de sus actos.
Es elemental.
Cortesía de El Informador
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