El gobierno de Nayarit, con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) recuperó una serie de predios que, en conjunto, suman nueve millones 619,454 metros cuadrados, con un valor comercial estimado en más de 50,000 millones de pesos, que estaban, de manera ilegal, en posesión de particulares.
Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, en la Ciudad de México, el gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, expuso que con esa cantidad de predios recuperados se tiene un avance de 93% de lo que su administración se propuso recuperar.
El mandatario explicó que, si se considera el valor de los terrenos recuperados, incluidos los que hoy no tienen acceso a servicios públicos y cuando ya los tengan, su valor en conjunto será de unos 100,000 millones de pesos.
Los predios habían sido adquiridos mediante una diversidad de actos ilegales entre 2005 y 2021, razón por la cual se iniciaron procesos judiciales contra personas físicas, empresas privadas, así como contra varios exfuncionarios, entre los que destacan los exgobernadores Ney González Sánchez, hoy prófugo de la justicia, y Roberto Sandoval Castañeda, quien está preso en el penal El Rincón, por otros delitos.
La fiscal especializada de Control Competencial de la FGR, Cristina Reséndiz Durruti, dijo: “Estamos investigando delitos federales, como son operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la administración de justicia, violaciones a la ley de amparo, por eso es que nosotros intervenimos”.
Por su parte, el Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, mencionó que en ese tipo de adquisiciones ilícitas se encuentran involucrados familiares de los exgobernadores antes citados, funcionarios locales y federales, así como empresas constituidas en Nayarit y fuera del estado.
Los predios pertenecían al Fideicomiso Bahía de banderas, en franjas de terrenos de los municipios Bahía de Banderas y Compostela, varios de ellos en una zona de desarrollos turísticos dedicados a atraer turistas de alto poder adquisitivo.
En enero de 2022 el gobierno de Nayarit inició una investigación del patrimonio inmobiliario del Fideicomiso Bahía de Banderas número 184 (FIBBA), particularmente la venta de terrenos ocurrida entre 2005 y 2021.
Al hallarse una serie de irregularidades se implementó una estrategia jurídica denominada “Megaoperativo Nuevo Nayarit”, que derivó en un conjunto de acciones penales, civiles, mercantiles y procedimientos administrativos que permitieron la recuperación de ese patrimonio sustraído indebidamente.
Concretamente se detectaron contratos de comodato, depósito, arrendamiento y compraventas otorgados de manera ilícita y múltiples simulaciones de actos jurídicos que favorecieron a particulares y funcionarios.
Entre los predios se encuentran los identificados como Chaparrales 1, Boca de Becerros, Boca de Becerros sur, en Playón del Llano; Manitas y Venados en Bahía de Banderas; Polígono de Marcos, en Compostela, entre otros.
Con el apoyo de la Fiscalía General de la República se iniciaron carpetas de investigación por los presuntos delitos de administración fraudulenta, entre otros contra una red de actores materiales que causaron daños al patrimonio del estado de Nayarit.
Con los activos fijos recuperados se creó el Fondo Soberano Nuevo Nayarit (Fosonn) y el Fondo de Ahorro Nayarit ( FAN) dedicado para el retiro digno de los trabajadores de Nayarit.
Con ello se implementó una serie de planes de negocios con el sector privado, en donde esos activos no se venderán, sino que servirán para el desarrollo de proyectos turísticos en esquemas en los que la propiedad seguirá siendo del Fondo.
El fiscal nayarita, Petronilo Díaz Ponce Medrano, comentó que se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias conocidas y por conocer con un monto total de 7,213 millones de pesos pertenecientes a 45 personas y 82 personas morales y 82 personas físicas.
Según el funcionario, 359 cuentas bancarias se encuentran aseguradas y sus movimientos fueron analizados por el Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República.
Las investigaciones derivaron también en el cateo de varias notarías públicas, vinculadas con las operaciones ilícitas donde se detectaron alteraciones en libros registrales y documentos oficiales. Con ello “se confirmó la existencia de un entramado cuidadosamente planeado para simular actos jurídicos y despojar al Estado de bienes de gran valor”.
A su vez, el Coordinador General Jurídico del gobierno de Nayarit, José Gabriel Camarena Morales comentó que en 90% de los casos, las personas que estaban en posesión ilegal de los bienes que originalmente eran del Fideicomiso en cuestión, firmaron acuerdos reparatorios.
Cortesía de El Economista
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