Durante la pasada semana hemos sido testigos de la memoria corta del sector de las telecomunicaciones. Primero, surge una inexplicable conmoción tras la repetición, por parte de un ejecutivo de Telefónica, de su decisión de salir de América Latina. Como si fuese novedad, las reacciones no se han hecho esperar, resaltando la experiencia del operador desde su entrada al país mediante la compra de actores menores ya establecidos en el mercado.
Los análisis oscilaban entre las difíciles condiciones para competir en un mercado donde, durante muchos años, el trato a los distintos actores por parte de las autoridades gubernamentales ha sido asimétrico. Asimismo, algunas voces han recordado que parte de los problemas del operador español surgió de sus malas decisiones que van desde una estrategia inicial de comprar mercado con subsidios agresivos de teléfonos hasta malas decisiones administrativas. El resultado es que el perfil del usuario de servicios Movistar en México es sumamente distinto en consumo y, por ende, en ingresos promedio por usuario, que el que el operador español logró conquistar en el resto de la región.
La realidad es que el anuncio de la salida de Telefónica de Hispanoamérica, no de Brasil, donde aún se nota la gran influencia que tuvo Portugal Telecom en la administración de Vivo, se percibía desde la creación, en 2019, de esta unidad que reunía todos los mercados hispanoparlantes del operador de capital español. Simplemente hay que escuchar la razón de reunir en un mismo grupo a España, Brasil, Alemania y el Reino Unido: se buscaba enfocar a la empresa en sus mercados de alto crecimiento e ingresos.
A buen entendedor, pocas palabras bastan. Si el foco de Telefónica está en esos cuatro mercados, el resto está abierto a la venta como se observó inicialmente en sus operaciones centroamericanas.
La otra noticia que causó furor fue la mención por tercera ocasión en menos de 18 meses de un ejecutivo de AT&T, en esta ocasión de su presidente Mónica Aspe, del poco interés que tienen en participar en una subasta de espectro pues consideran que la misma tendrá un enfoque recaudatorio, pues según las aritméticas de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el precio del espectro radioeléctrico para servicios móviles en México se encuentra un 7% del promedio mundial.
No obstante, lo afirmado por la CRT, la realidad es bastante clara: si en México no se emula lo hecho por varios países de la Unión Europea y en la región por Brasil, Colombia o República Dominicana, por mencionar solo unos pocos, y se reduce el precio por concesiones de espectro o la subasta como mucho tendría dos participantes, Telcel y Altán.
Si la historia es indicador de lo que podría pasar en una subasta para impulsar 5G, y contrario a lo que pueda afirmar el gobierno, es improbable que algún operador que ya no tenga presencia en el mercado se presente para participar y ofrecer servicio móvil. La última vez que participaron en una subasta de espectro operadores que no ofrecían este servicio en el mercado fue en el siglo pasado. Todos los procesos de los últimos 25 años contaron con la participación de operadores ya establecidos, con cambios de nombre debido a las fusiones y adquisiciones que se fueron efectuando.
Ante esta evidencia, la CRT comienza su camino con una propuesta bastante difícil: lograr una asignación de espectro que permita impulsar el crecimiento de los servicios 5G en el país, pero con redes autónomas y no con la simple reutilización de la infraestructura de 4G, con la llamada versión 15 del 3GPP.
Si se suspende la subasta de espectro 5G en México, el despliegue nacional de esta tecnología se vería retrasado significativamente no solo en términos de cobertura y adopción de servicios por los usuarios, sino en la versión 5G que se ofrece a empresas y ciudadanos. Mientras en otras geografías se comienza a hablar de un 5G avanzado, con las versiones 17 y 18 del 3GPP, México sigue anclado en la versión 15. Traduciendo, mientras más alta la versión mejor el desempeño y capacidad de la tecnología de ofrecer mejores servicios.
En otras palabras, sin la subasta, los operadores se verían obligados a depender más de la retribución por las frecuencias 4G, lo que se traduciría en una versión limitada o “dietética” de 5G. Esto ralentizaría e incompleto el avance de la red, dejando a México más rezagado en comparación con otros países que ya han implementado despliegues amplios y robustos.
Además, la suspensión mantendría y ampliaría la ventaja competitiva de Telcel, que ya utiliza parte del espectro de 3.5 GHz reasignado mediante reordenamiento técnico. Telcel podría conservar y expandir su dominio, mientras que competidores como AT&T, operadores regionales y el mayorista Altán perderían la oportunidad de acceder a nuevo espectro. Esto profundizaría la asimetría entre los operadores, consolidando un mercado desequilibrado en el que Telcel seguiría liderando sin presiones significativas. Aunque si la CRT decide seguir el esquema de su antecesor, podrían surgir sorpresas, potencialmente con la participación de algún interesado en tener concesión en un área parcial de servicio (más de 2,000 identificadas en distintas frecuencias) para complementar su oferta local y posiblemente complementar con un modelo hibrido la cobertura nacional al comprar capacidad a alguno de los operadores nacionales.
La alternativa es una nueva suspensión de la subasta, lo que reduciría la competencia en el sector y limitaría especialmente la capacidad de AT&T y Altán para expandir y mejorar sus servicios. Sin adquirir más espectro en nuevas frecuencias, será más difícil ofrecer velocidades o precios más competitivos, lo que podría llevar a un mercado más estático y con menor rivalidad. En última instancia, esto afectaría a los consumidores, quienes enfrentarían opciones limitadas y posibles estancamientos en la innovación y en las tarifas.
En términos más amplios, la suspensión afectaría la transformación digital del país, ya que el 5G es esencial para los avances en la industria 4.0 ya que la reducción de costos de hasta un 80% en la transmisión de datos (que no se da con la versión 15 del 3GPP) lo convierte en un habilitador del uso de aplicaciones data céntricas como la realidad virtual, la computación en la nube, blockchain o los distintos sabores de la inteligencia artificial.
Como se puede observar, la CRT tiene entre manos un gran dilema y cada vez menos días para tomar una decisión. Si no hay subasta o se celebra una sin la participación de AT&T, México progresaría más lentamente en la digitalización, lo que obligaría a las empresas a depender de 4G o de redes privadas con espectro limitado, lo que reduciría su competitividad internacional. La CRT pecaría de inocencia si subestimara las consecuencias a largo plazo de la no participación de AT&T en un próximo proceso de subasta.
Lo que espera el mercado es un anuncio en el que no se prime la discrecionalidad al decidir si se ofrecen descuentos o qué operador los recibiría. Con mayor transparencia y reglas claras, los distintos operadores del mercado pueden tomar decisiones más informadas. No olvidemos que el gobierno no es quien lanza las nuevas tecnologías, lo hacen los operadores basados en un modelo de negocios que debe garantizar su rentabilidad. El trabajo del gobierno es crear todas las condiciones necesarias para facilitar la innovación tecnológica mediante la incorporación de nuevas tecnologías.
Ojalá, más pronto que tarde, las autoridades mexicanas se enteren de esta responsabilidad.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: