En México, el imaginario colectivo enlaza de inmediato a la “Carabina de Ambrosio” con un programa de comedia de los 70s y 80s. Pero el término tiene un origen más triste y útil: Ambrosio, un agricultor que amedrentaba con una carabina que no sabía usar. Inutilidad pura.
Y ahí es donde Jalisco entra con su pieza maestra: el Sistema Estatal Anticorrupción, un armatoste que dispara espuma.
No es sólo que esté integrado por más órganos que un hospital: el Comité de Participación Social, el Comité Coordinador, el Sistema Estatal de Fiscalización -y una costosísima burocracia que viene en escalera con cargo al dinero de las personas-, ni que su nómina cueste más de 50 millones de pesos al año para resultados invisibles. Es que su diseño parece hecho a la medida de Ambrosio: mucho fierro y cero precisión.
La comparecencia de la contralora estatal, Teresa Brito, por la glosa del Primer Informe de Pablo Lemus, lo dejó claro. Ante diputadas y diputados, presumió haber hecho todo lo que estaba a su alcance para sancionar las irregularidades multimillonarias del programa “A Toda Máquina”, la obra cumbre del alfarismo.
Dicho programa consistió en entregar maquinaria pesada a 121 municipios de Jalisco para que éstos la usaran en obras públicas, pero detrás de esa bondad gubernamental hubo fuertes señalamientos de opacidad y compadrazgo por un monto superior a los tres mil 600 millones de pesos del erario en la administración estatal pasada.
La explicación de Brito, tan pulcra como desesperanzadora, sonó más a parte médico que a ejercicio de rendición de cuentas.
“En el año 2019 su servidora inició un procedimiento… Se fue al Tribunal de Justicia Administrativa como falta grave… La sala unitaria desechó mis argumentos… Se quiso tomar una medida precautoria… Las máquinas siguieron funcionando… Nos fue adversa la resolución”.
Para ponerle nombre, ese sistema está integrado por el Comité de Participación Social (Neyra Josefa Godoy Rodríguez), la Auditoría Superior del Estado (Jorge Alejandro Ortiz Ramírez), la Fiscalía Anticorrupción (Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar), el Consejo de la Judicatura (José Luis Álvarez Pulido), el Tribunal de Justicia Administrativa (José Ramón Pérez Gutiérrez), la Secretaría de la Hacienda Pública (Luis García Sotelo), la Secretaría Técnica (Gilberto Tinajero Díaz) y la propia Contraloría.
Pero el problema no es que Brito haya perdido. Es peor: podía perder desde el inicio. El Tribunal de Justicia Administrativa arrastra años de cuestionamientos por su captura política, por sus resoluciones elásticas y por su velocidad selectiva: expedientes congelados que hibernan cuando tocan intereses relevantes, y resoluciones exprés cuando el caso es menor o sirve para aparentar rigor.
Entonces, ¿cómo se combate la corrupción cuando el sistema está diseñado para administrar daños y no para revelar verdades? Cuando los expedientes de mayor peso -los que comprometen contratos, operadores y agendas partidistas- avanzan al ritmo de una retroexcavadora sin motor: levantan polvo, hacen ruido y no se mueven.
La contralora puede asegurar que llevó el caso “hasta su última instancia”. Y probablemente es cierto. Pero la eficacia institucional no se mide por el empeño del funcionario, sino por la autonomía, herramientas y contrapesos que el sistema se niega a otorgar. Pedirle al Sistema Anticorrupción que funcione es como exigirle a la carabina de Ambrosio que por fin dispare: no fue construida para eso.
Quizá la respuesta está ahí, frente a nosotros, y nos hemos acostumbrado a no verla: en Jalisco no combatimos la corrupción, la racionamos. La dosificamos. La convertimos en trámite.
Por eso el Sistema Estatal Anticorrupción opera como lo que es: una pieza ornamental. Un mecanismo costoso que rara vez apunta a los de arriba y casi siempre termina usándose como cortina de humo para los de abajo. Un sistema que simula vigor mientras garantiza que nada, absolutamente nada, cambie donde no debe cambiar.
Al final, la famosa carabina está completa: tiene su Ambrosio, su armazón y su puntería defectuosa. Lo único real es el ruido. Y la impunidad, que en Jalisco no se combate: se protege con estructura, presupuesto y solemnidad burocrática.
Lo demás, como decía el Ambrosio original, es puro cuento.
Cortesía de El Informador
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