La renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) llega en un contexto marcado por recortes presupuestales, rezago acumulado en investigaciones y el estancamiento de algunos de los casos más relevantes del país. Gertz, quien asumió el cargo en 2019 como primer titular de la corporación tras la transición de la extinta PGR, recibió una institución con 180 mil carpetas de investigación rezagadas. De acuerdo con datos oficiales, para julio de 2022 la dependencia aseguró haber abatido el atraso hasta en 99%, aunque los resultados finales no fueron verificables.
Pese a esa reducción reportada, la FGR dejó más de 36 mil carpetas pendientes de concluir tan sólo durante 2024, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia del Inegi, sin precisar cuántos casos fueron desestimados o perdidos en tribunales. Ni cuántos había acumulados de otros años.
Para especialistas, el aparente avance numérico no se tradujo en justicia sustantiva. Rubén Ortega, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que los grandes expedientes siguen sin resolverse. “Se dejó pasar lo que más atañe a los mexicanos: contener el crimen organizado en todas sus facetas, desde el huachicol hasta el uso de armas que derivan en homicidios, feminicidios y desapariciones”.
Entre los casos emblemáticos que la institución deja inconclusos destacan Odebrecht y Emilio Lozoya, Segalmex, la Estafa Maestra, Ayotzinapa, el huachicol fiscal, el asesinato de Melesio Cuén en Sinaloa y las pesquisas en el rancho Izaguirre en Teuchitlán. En todos, el común denominador es la falta de avances.
A ello se suma el problema estructural de la impunidad: menos del 1% de los delitos investigados logró una resolución favorable para las víctimas. Paralelamente, la gestión de Gertz enfrentó cuestionamientos por presunta opacidad patrimonial y por el presunto uso político y personal de la institución. Uno de los episodios más controvertidos fue el caso de Alejandra Cuevas, acusada del homicidio del hermano del ex fiscal y encarcelada durante más de un año, hasta que la Suprema Corte intervino y determinó su liberación.
Organizaciones civiles también criticaron la limitada capacidad de la FGR para adaptarse al nuevo modelo constitucional. Anuar García, representante de SOS México en el Capítulo Jalisco, consideró que la dependencia no tuvo los recursos suficientes para consolidarse. “No le dio el tema presupuestal para una adaptación adecuada ni para disminuir la impunidad. Más bien, se usó para golpeteos políticos a favor del partido gobernante”.
El desempeño de la institución estuvo condicionado por un presupuesto que creció de forma limitada. En 2020, la FGR recibió 16 mil 702 millones de pesos. Para 2025 ejerció 20 mil 126 millones y, aunque para 2026 se habían proyectado más de 21 mil millones, la Cámara de Diputados aplicó un recorte de 933 millones.
Este escenario afecta directamente la operación: la FGR reporta 20 mil 214 trabajadores, de los cuales apenas tres mil 531 son agentes del Ministerio Público. Por eso es una institución sobrepasada, con recursos limitados.
La nueva fiscal interina, Ernestina Godoy, asumió el cargo y aseguró que ejercerá con ética, firmeza y un profundo sentido de justicia. Dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia para encabezar provisionalmente la FGR, mientras avanza el proceso para designar a la persona titular (hay versiones de que será ella). El Senado ya abrió la recepción de aspirantes.
“La Fiscalía requiere una transformación”: Claudia
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) necesita una transformación profunda y mayor transparencia, luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la institución. Aseguró que estos cambios son necesarios “para el bien de México”, y que corresponderá a la o el nuevo fiscal definir las prioridades en la conducción del organismo.
Sheinbaum destacó que, aunque la autonomía de la Fiscalía debe respetarse, existen temas que considera esenciales para fortalecer la justicia y avanzar en la pacificación del país. Entre ellos mencionó la necesidad de ejecutar órdenes de aprehensión vinculadas con investigaciones en curso, tanto de delincuencia organizada como de delitos de cuello blanco, además del combate al contrabando de combustible.
“Nos interesa garantizar que muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar o no, de acuerdo con las pruebas, a órdenes de aprehensión sobre distintos temas que ayudarán a pacificar el país”, explicó. Añadió que será responsabilidad de la persona que encabece la institución revisar estos asuntos y establecer el rumbo que deberá seguir la FGR.
En ese sentido, expresó que, desde su perspectiva, la institución requiere modernizarse y volverse más transparente. “Pienso que la Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Eso le corresponderá al fiscal o a la fiscal que vaya a nombrar el Senado”, señaló la mandataria.
En relación con las demandas de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Sheinbaum manifestó la disposición de su gobierno para dialogar y fortalecer las investigaciones. Representantes legales y familiares solicitaron que integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) puedan reincorporarse al análisis del caso, especialmente Carlos Beristáin y Ángela Buitrago.
La presidenta recordó que en etapas anteriores estos especialistas plantearon condiciones que el gobierno consideró restrictivas. Sin embargo, afirmó que se reabrirá la comunicación para explorar nuevas vías de trabajo, incluida la participación de expertos internacionales relacionados con Naciones Unidas.
“Algunos padres y madres han estado insistiendo en que algunas de las personas que participaron en el GIEI puedan nuevamente ser incorporadas como parte de la investigación”, comentó. Reiteró que se buscará un acercamiento respetuoso para conocer la postura de los exintegrantes del grupo y determinar si existe interés en regresar.
Sheinbaum informó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, será quien establezca contacto con los exintegrantes del GIEI. Su labor consistirá en conocer las condiciones bajo las cuales podrían reincorporarse y evaluar si estas son viables para el desarrollo de la investigación.
El Universal
Fracasa la Fiscalía en resolver indagatorias
Expertos en seguridad y justicia penal señalan que la gestión del ex fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dejó más pendientes que avances. Aunque las cifras muestran una disminución en las investigaciones acumuladas, especialistas advierten que los casos de alto impacto quedaron sin resolver.
Rubén Ortega, académico de la Universidad de Guadalajara, sostuvo que no se contuvo la operación del crimen organizado ni delitos como el robo de hidrocarburo. Criticó que se “dejaron pasar” asuntos clave que afectan a la población, desde el huachicol hasta los delitos que derivan en homicidios, feminicidios y desapariciones.
Entre los casos sin avances mencionó Odebrecht y Emilio Lozoya, Segalmex, la Estafa Maestra, Ayotzinapa, el huachicol fiscal, el asesinato de Melesio Cuén y el rancho Izaguirre en Teuchitlán. En todos, persisten rezagos, desestimaciones o ausencia de responsables.
Anuar García, de SOS Capítulo Jalisco, cuestionó la permanencia de Gertz al frente de la institución. Consideró que, aunque se planteó un nuevo modelo de procuración de justicia frente a la extinta PGR, no logró reducir la impunidad. Afirmó que la Fiscalía no tuvo los recursos suficientes para adaptarse y, en cambio, fue utilizada para confrontaciones políticas.
La FGR también enfrentó críticas por opacidad patrimonial y por supuestos usos personales y políticos. Uno de los casos más señalados fue el de Alejandra Cuevas, acusada del homicidio del hermano del exfiscal y encarcelada más de un año hasta que la Suprema Corte intervino.
Casos emblemáticos sin resolver
Tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), quedan abiertos varios casos considerados emblemáticos por corrupción, daños al erario o vínculos con la inseguridad. Entre ellos está el de Emilio Lozoya, investigado por Odebrecht y Agronitrogenados; aunque fue detenido y señaló a otros implicados, el proceso no avanzó y permanece en prisión domiciliaria.
La Estafa Maestra dejó a Rosario Robles sin sentencia penal, solo con sanción administrativa. Segalmex acumula denuncias por un desvío superior a 12 mil millones de pesos sin claridad sobre responsables.
También sigue sin resolverse el huachicol fiscal, red de contrabando de combustible con presunta participación de mandos navales.
En Jalisco, el caso del rancho Izaguirre mantiene dudas por omisiones y manejo de pruebas.
El asesinato de Héctor Melesio Cuén tampoco ha sido esclarecido.
CT
Cortesía de El Informador
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