Para nadie es un secreto. La piratería en México, es parte creciente de un sistema económico informal, paralelo al sistema económico formal.
México está inundado de pirateria, como se conoce popularmente a la copia ilegal o distribución no autorizada de productos protegidos por derechos de autor o propiedad industrial.
Esa es una realidad inocultable. Todo el territorio nacional está inundado de productos pirata.
Y en particular la Ciudad de México; es la principal plaza en la que reina la producción y distribución de mercancía ilegal.
La American Chamber realizó su séptima edición sobre la Piratería en México; Diagnóstico Empresarial. Es un estudio de percepción del sector privado. Sus hallazgos y conclusiones, son impactantes.
La AmCham agrupa a más de 1,400 empresas que representan una quinta parte del PIB Nacional, alrededor del 50% de la Inversión Extranjera Directa en México y crean más de 10 millones de empleos formales directos e indirectos.
En su diagnóstico, la AmCham revela que México está entre los países con mayores niveles de piratería física y digital en América Latina.
La piratería en México es un problema sistémico, muy lucrativo y sostenido por una alta tolerancia social, fuertes incentivos económicos y una estructura institucional que, aunque robusta en el papel, resulta lenta y fragmentada en la práctica.
Es un fenómeno que no tiene solución, simplemente se controla.
La piratería genera afectaciones económicas, reputacionales y de seguridad pública que rebasan a las empresas: impacta ingresos fiscales, vulnera la salud del consumidor y contribuye al financiamiento de estructuras criminales.
La piratería y el mercado gris generan pérdidas directas significativas para las empresas y deterioran la reputación de marca porque los consumidores asocian la mala calidad de un producto pirata con el original.
El Estado pierde ingresos fiscales relevantes debido al contrabando y la informalidad, afectando la provisión de servicios públicos.
La piratería financia redes criminales, lo que eleva los riesgos de seguridad para empresas, autoridades y consumidores.
De acuerdo con el sondeo realizado por el gremio de empresas estadounidenses, el 68% de las empresas ha identificado piratería en al menos dos categorías que comercializan; el 9% en todas las categorías. El 91% de las empresas detecta piratería en comercio digital, mucho más que en el comercio informal físico (72%) o en el comercio establecido físico (63%).
Su origen es híbrido, es decir, son importados, nacionales y ensamblados.
La piratería en México es alimentada tanto por cadenas globales como por capacidades locales, lo que complica la trazabilidad y exige respuestas diferenciadas. El 67% de los productos piratas son importados, el 44% de producción nacional y el 26% ensamblados localmente con insumos importados.
El precio es el principal atractivo. El diferencial de precio sigue siendo el principal motor de la demanda de productos pirata, perpetuando el fenómeno en el mercado mexicano. Los productos piratas pueden ser hasta 50% más baratos que los originales, según la mayoría de las empresas.
El diagnóstico de la AmCham es preocupante. Destaca que la magnitud del desafío que representa la piratería en México demanda voluntad política, cooperación intersectorial, alineación estratégica, y mecanismos permanentes de colaboración y corresponsabilidad.
Todo eso es cierto. Sin embargo, un elemento central que lo genera, es el bajo nivel de crecimiento económico que se registra y se ha registrado por décadas. Al tiempo.
Atisbos
Este 4 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá un tema fundamental en materia de derechos de propiedad industrial, combate a la piratería y, sobre todo, certeza jurídica.
El pleno de la Corte revisará el amparo directo en revisión 7274/2024, interpuesto por una empresa, cuyo nombre no es público. La Ministra Loretta Ortiz Ahlf, ponente del proyecto, afirma que este plazo es plenamente constitucional porque protege un derecho legítimo: la renovación de una marca construida a lo largo de años de inversión, identidad y reputación.
Y lo más importante, evita ventajas indebidas para terceros que podrían aprovechar y arrebatar activos marcarios.
Se trata de un asunto que definirá el rumbo de la protección marcaria en México.
El asunto se centra en la constitucionalidad del “periodo de gracia”: los seis meses adicionales con los que cuentan los titulares de marcas para renovar su registro después de su vencimiento.
Ratificar la constitucionalidad del artículo sería una señal positiva de fortaleza institucional y alineación con las mejores prácticas globales en materia marcaria.
En sentido contrario, un fallo adverso podría debilitar la certeza jurídica, abrir espacios de vulnerabilidad para los titulares de marcas y generar tensiones internacionales con países que reconocen universalmente este periodo.
La Corte no sólo evaluará un artículo legal, sino también el modelo de protección marcaría que ha sido reforzado por el IMPI, encabezado por Santiago Nieto, en la defensa de los derechos de propiedad industrial y en la lucha contra la piratería en México.
Cortesía de El Economista
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