La prevención y el ataque a la contaminación que presentan las aguas superficiales y subterráneos del país no son un tema que presente grandes cambios en el proyecto de dictamen para crear la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, ya que mucho de lo que se estipula ya está incluido en el marco legal vigente, afirmó Oscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El experto enfatizó que las actuales disposiciones para evitar la contaminación de cuerpos de agua en el país, incluso, no llegan a cumplirse por falta de capacidades institucionales.
“Está muy bien que la ley diga una cosa, pero si no tienes los mecanismos para implementarla, el riesgo es que se vuelva letra muerta”, señaló.
Explicó que hoy la Conagua no cuenta con recursos suficientes para realizar visitas de supervisión ni para garantizar que los concesionarios cuenten con medidores en casos de derechos para la explotación.
Roberto Constantino, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), subrayó que el proceso de consulta sobre la nueva ley dejó clara la exigencia de especialistas y comunidades para incorporar la contaminación del agua como un delito hídrico, dada su relación estrecha con la salud pública y las afectaciones a actividades productivas.
“La contaminación no solo es un problema ambiental; es también un problema de salud pública. Incorporarla como delito permitiría que comunidades y pueblos originarios puedan emprender acciones judiciales para sancionar y resarcir daños”, afirmó.
El especialista advirtió que México enfrenta un rezago grave en muchos municipios que aún descargan aguas residuales directamente en barrancas, lagos o zonas costeras, al no contar con sistemas de drenaje ni plantas de tratamiento.
Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), José Lara Lona, reconoció avances en el nuevo régimen de sanciones, que tipifica la contaminación como delito hídrico y refuerza las facultades del Órgano Interno de Control de la Conagua.
Sin embargo, advirtió que las sanciones —por más estrictas que sean— no bastarán si no se garantiza vigilancia efectiva y procesos ágiles de inspección.
“La ley avanza; ahora necesitamos garantizar su ejecución. Y en eso, la coordinación entre Federación, estados, municipios y organismos operadores será determinante”, dijo.
Además, destacó que los nuevos lineamientos en materia de descargas representarán un cambio operativo para los tres sectores con mayor impacto: industrias, municipios y agricultura.
“Implica pasar de la buena voluntad a la responsabilidad verificable”, afirmó.
Con el nuevo esquema, toda descarga deberá contar con medición, registro y transparencia. Para los municipios y organismos operadores, dijo, esto significa condiciones más precisas para controlar descargas y avanzar en la recuperación de cuerpos de agua.
Panorama actual
De acuerdo con el proyecto a discusión en la Cámara de Diputados, “solo alrededor del 52% de las aguas residuales reciben tratamiento antes de ser vertidas al medio ambiente”.
De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), con corte al 2024, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas era frecuente y altas concentraciones en casi la totalidad del país.
El año pasado monitoreó 636 sitios en 22 estados para conocer la situación de las aguas superficiales; los resultados arrojaron que 48.6%, repartidos en 21 entidades, estaban en color rojo, es decir, que los contaminantes eran tan tóxicos que el agua no era apta para consumo humano.
El 19.5% se clasificó en color amarillo, equivalente a la detección de contaminantes moderados y 31.9% se clasificó como verde; apta para uso de la población.
En el caso del agua subterránea se analizaron un total de 466 sitios en 15 estados del país; de ellos 45.5% fueron clasificados en color rojo, los cuales se repartieron en 11 entidades. El 9% fueron ubicados en color amarillo y 45.5% en color verde, según los datos de monitereo.
Las capacidades para poder tratar el agua residual sigue siendo un pendiente. A nivel municipal hubo un ligero avance entre 2018 y 2024 en la capacidad instalada para tratar los afluentes al pasar de 64 a 68.1%, sin embargo, hasta el año pasado no había las plantas suficientes en existencia o funcionamiento para tratar el 31.9% del caudal.
Cortesía de El Economista
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