La iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno de Jalisco para 2026 propone un aumento en el costo del refrendo para motocicletas: el trámite pasaría de 385 a 600 pesos. La medida busca avanzar en la regulación de este tipo de vehículos, cuyo crecimiento se disparó en los últimos años. Entre 2010 y 2025, el número de motos en Jalisco se multiplicó seis veces, hasta superar el millón de unidades, según datos de la Secretaría de la Hacienda Pública. La mayor concentración se registra en el Área Metropolitana de Guadalajara, seguida de Puerto Vallarta, Tepatitlán y Lagos de Moreno.
Durante una mesa técnica en el Congreso estatal dedicada al análisis de la Ley de Ingresos 2026, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, explicó que el aumento permitirá atender problemáticas asociadas al uso de las motocicletas, desde la seguridad vial hasta la infraestructura necesaria para su circulación.
“La circulación de este tipo de vehículos es más alta de lo que implicaría la recaudación: hay accidentes viales, temas médicos, temas de seguridad. También debemos hacer una renovación de la señalética y de espacios donde circulan las motos. En unos años, el parque vehicular más fuerte de todo el mundo va a ser el de las motocicletas”.
El auge de estos vehículos se ha visto impulsado por la facilidad con la que pueden adquirirse. Numerosas tiendas requieren únicamente una identificación oficial, un número telefónico y un correo electrónico para concretar la compra, lo que ha permitido su rápida expansión sin una supervisión proporcional.
Para el especialista en temas de movilidad de la Universidad de Guadalajara, Luis Nazario Ramírez, el aumento al refrendo es solo una pieza de una estrategia más amplia que el Estado debe adoptar para regular adecuadamente este tipo de transporte. Aunque considera que elevar el costo podría desincentivar su uso, advierte que debe existir un enfoque integral acompañado de reglas claras para su adquisición y operación. “Los derechos que pagas por usar una motocicleta son mínimos. Aumentarlos tendría que desincentivar su uso, pero también debe atenderse el contexto: la motocicleta sustituye deficiencias en el transporte público y la desigualdad urbana”.
Subraya que regular las motos implica garantizar el cumplimiento de la Ley de Movilidad. Esto incluye obligaciones administrativas, como que las empresas realicen el emplacamiento y registren cada unidad en el padrón vehicular al momento de la venta, así como medidas viales obligatorias: uso de casco certificado, chaleco reflejante, circulación por su carril sin zigzaguear y respeto a las ciclovías y banquetas.
Destaca que Jalisco encabeza la proporción nacional de motos por habitante: existe una por cada 8.2 personas, mientras que en la Ciudad de México la relación es de una por cada 12, y en el Estado de México, una por cada 13, según datos del Inegi.
Cortesía de El Informador
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