Santiago. Los chilenos llegarán a las elecciones presidenciales del domingo marcados por el miedo al crimen, la inmigración y el crimen organizado que se ha arraigado en pocos años, lejos de la ola de optimismo de la izquierda y la esperanza de redactar una nueva Constitución que dominó la anterior contienda electoral.
Encuestas muestran que la delincuencia ahora supera a la economía, la salud o la educación como la mayor preocupación. Un 63% dijo que era su mayor inquietud en el sondeo de Ipsos “¿Qué preocupa al mundo?” de octubre, lo que sitúa a Chile en segundo lugar entre 30 países, incluidos México, Colombia y Sudáfrica.
Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, pero la tasa de homicidios subió con creces, pasando de 2.32 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 6.0 en 2024, y los secuestros tocaron un máximo histórico de 868 en 2024. La Fiscalía vinculó el 40% al crimen organizado.
Tiroteos a plena luz del día, asesinatos por encargo, desmembramientos y secuestros por extorsión, una realidad desde hace tiempo en otros lugares de la región pero muy rara en Chile, han conmocionado al país e incluso golpeando la economía a medida que las personas ajustan sus hábitos cotidianos.
Esta alza ha coincidido con una ola migratoria venezolana, que pasó de 82,998 en 2017 a 669,408 en 2024, según los últimos datos del censo. La reacción negativa se ha entrelazado con el debate sobre la delincuencia.
Una encuesta realizada este año por la firma de investigación Activa reveló que el 85.2% de los chilenos se sentían socialmente distanciados de los venezolanos, un aumento respecto al 55.2% en 2019.
Lucía Dammert, socióloga de la Universidad de Santiago especializada en crimen organizado en América Latina, afirma que el alza significativa de migrantes y la delincuencia tras la pandemia generó un doble impacto en un país acostumbrado a no tener ninguna de los dos.
“No salimos de esos shocks todavía”, dijo Dammert. “Y eso se expresa muchísimo en el debate político que tampoco logra salir del shock y que ha capitalizado pues enormemente este problema”.
Instalada cerca de un exvertedero de Santiago, la venezolana Suhey García renació con su familia tras migrar en 2020. Con la elección de un nuevo gobierno en Chile, hay posibilidades de que pueda ser deportada. Solo así se irá. “Tengo mi vida hecha acá”, comenta.
“Si me van sacar, bueno, nada que hacer. Pero irme, yo misma tomar la decisión, no”, afirma García, de 30 años. Pese a no tener papeles, vive tranquila.
Competencia
La votación del domingo enfrenta a Jeannette Jara, candidata de la coalición gobernante de izquierda por el Partido Comunista, contra algunos aspirantes de derecha. Lo más probable es que la carrera se defina en una segunda vuelta el 14 de diciembre, donde las encuestas favorecen al ultraderechista José Antonio Kast.
Kast, en su tercer intento por la presidencia chilena, se ha comprometido a expulsar a todos los inmigrantes ilegales y su plan “Escudo Fronterizo” incluye la construcción de un muro limítrofe de cinco metros con zanjas de tres metros y cerco eléctrico.
Ningún lugar se ha convertido en un foco de mayor migración y delincuencia que las fronteras desérticas del norte de Chile con Perú y Bolivia.
Cortesía de El Economista
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