La tragedia de la Línea 12 del SCT Metro de la Ciudad de México sentó un ominoso precedente. Las fallas estructurales agravadas por quinquenios sin mantenimiento preventivo obligaban a tareas de gran envergadura en la Línea 9, particularmente en su tramo elevado que cubre cinco estaciones, de Mixhiuca a Pantitlán.
Evitar el colapso de las estructuras dañadas durante casi 35 años de uso continuo implicó un reto ingenieril de gran envergadura. La misión era inexcusable: evitar el colapso. El proyecto implicaba un desafío técnico de gran complejidad, por los hundimientos de hasta 180 centímetros, que afectaban la operación y la seguridad de la red de transporte público que cubre ese tramo entre las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco.
La renivelación fue asignada a la firma ZEA Prefabricados, integrante del Grupo Empresarial Jaguar. Corregir el deterioro requirió diseñar y aplicar procedimientos constructivos nunca antes aplicados en infraestructuras públicas, como el corte con hilo de diamante y la hidrodemolición. La obra se realizó con mínimas afectaciones a la movilidad urbana y alta precisión.
Tareas de mayor envergadura ahora mismo están en curso, para recuperar la línea del Tren Ligero, adscrita a la Red de Transporte Eléctrico que conecta Taxqueña con Xochimilco y que fue posible gracias a la inversión que el gobierno capitalino hará para mejorar la infraestructura urbana, en vísperas de la Copa Mundial FIFA 2026.
En el mantenimiento y preservación del SCT Metro existen contraejemplos. Uno, notable, antecede el proceso de licitación del seguro de daños contratados por las Administradoras de los Puertos, adjudicado recientemente a Seguros Inbursa, con MRS como intermediario del reaseguro, que fue impugnado ante el OIC de SICT pues dicha asignación se hizo aún cuando existían propuestas económicas más competitivas que la formulada por el consorcio ganador.
Antaño, esa cobertura de seguros había sido asignada a GMX Seguros a través del intermediario de reaseguro, STAR Re, ampliamente cuestionado por otras empresas del ramo por la falta de colocación y disposición de primas en muchos programas del sector público. Un caso paradigmático fue el siniestro de la Línea 12 que se conjuntó con el incendio en el centro de mando de Buen Tono. La negociación del pago de ambos incidentes resultó una proeza… y escondió un intento de fraude de proporciones multimillonarias.
Ante los visos de indagatorias por parte de las autoridades regulatorias, el Intermediario modificó su nombre por el de UNIK Re, entidad que según se pudo constatar en la lista de intermediarios autorizados por la CNSF, todavía no cuenta con autorización oficial y tampoco del SAT. Sus directivos, Marco Álvarez y Gerardo Velasco, han optado por el autoexilio.
También en maniobras disuasorias, MRS prescindió de los servicios de su director, Daniel Fuentes, justo hace 10 días.
Efectos secundarios
ATENTOS. Obligadas por un contrato marco por la Secretaría de Hacienda, las dependencias y entidades de la administración pública deben inscribir a los proveedores de los servicios integrales de limpieza y aseo de las instalaciones federales en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados. Las áreas administrativas del IMSS-Bienestar e ISSSTE han sido omisas, aunque la Secretaría del Trabajo ha tomado nota y prepara acciones, como parte de la estrategia de la 4T y su Segundo Piso para evitar abusos en el outsourcing.
Cortesía de El Economista
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