El Mayo tenía razón. En la audiencia en Estados Unidos donde Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo del “Chapo” se declaró culpable, se confirmó también lo que el “Mayo” Zambada escribió en una carta sobre lo sucedido el 25 de julio de 2024 en Culiacán, Sinaloa: el hijo del Chapo lo traicionó, lo sedó, lo subió a un avión y lo entregó a las autoridades estadounidenses. En la carta del “Mayo” había un par de detalles más: que ahí mismo asesinaron al diputado Cuén y que le habían dicho que el gobernador Rocha Moya iba a estar en la reunión. Lo de Cuén cayó por su propio peso y corrieron a la entonces fiscal del Estado de Sinaloa, Sara Quiñones, tres semanas después (oficialmente ella presentó su renuncia).
El gobernador se quedó campante a esperar que la guerra y su sexenio concluyan. Todo parece indicar que primero terminará su periodo al frente de gobierno.
Una vez más nos enteramos de lo que sucede en México por los juicios que se llevan a cabo en Estados Unidos. ¿Por qué aquí no se investiga un asunto que trastocó la paz de un Estado y de todo el país? Porque las autoridades no quieren. Si en algo estaban de acuerdo el fiscal Gertz y el presidente López Obrador era en no hacer olas al crimen organizado. Con el Gobierno de Sheinbaum las cosas siguieron exactamente igual en este renglón. No solo no se investiga al gobernador, sino que el señor tiene patente de corso.
Da igual, o casi igual, lo que haga o deje de hacer Omar García Harfuch, el “Batman mexicano”, si no se toca a la estructura política que sostiene al crimen organizado o si la Fiscalía, supuestamente autónoma, no persigue a los hombres de poder. Las fiscalías estatales están metidas hasta el cuello con el crimen organizado, como quedó en evidencia en Sinaloa o como lo dijo el propio gobernador Enrique Alfaro después de la represión a los jóvenes que protestaban frente a la Fiscalía de Jalisco, pero nadie hace nada por limpiarlas o por investigar lo que en ellas sucede.
Es cierto que detener capos no acaba con el narcotráfico y que mientras exista la enorme demanda que hay del otro lado de la frontera siempre habrá alguien de uno y otro lado dispuesto a satisfacer el apetito por las drogas, cueste lo que cueste, porque el negocio es enorme. Lo que hará diferencia es que el Gobierno mexicano persiga y procese judicialmente a los políticos, los agentes de las fiscalías, policías o miembros de las fuerzas armadas que están involucrados con el crimen organizado.
Sí, el “Mayo” tenía razón, ¿y? Por lo pronto a nadie en el Gobierno parece importarle un comino lo que pasa en las fiscalías o con los políticos que operan directa o indirectamente para los carteles.
Cortesía de El Informador
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