La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido un total de 35 recomendaciones, de 1995 a 2024, sobre diversas violaciones referentes a temas hídricos, que van desde contaminación de ríos hasta acceso al agua potable o para uso agropecuario.
De acuerdo con la página de la organización, el año con mayor número de recomendaciones emitidas es el 2023, con un total de siete, le sigue el 2024 con un total de seis y el 2018 con cinco.
Si se suman a ellas los registros del 2019 (2), 2020 (4) y 2022 (4), en el periodo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la CNDH emitió un total de 28 recomendaciones que se traduce en 80% del total.
El resto, es decir siete recomendaciones expedidas por la comisión, que se traduce en 20% restante, fueron hechas entre 1995 y el 2017, durante este lapso, el 2011 registró un total de dos y lo pone como el año con mayor número de acciones.
Uno de los casos más recientes, es un asunto sobre violaciones a los derechos humanos al medio ambiente sano y al saneamiento del agua por contaminación de la Presa Endhó, en Hidalgo. Se determinó la violación a los derechos humanos de las y los pobladores de los alrededores del embalse que recibe as aguas residuales de 22 millones de habitantes del Valle de México.
Durante agosto del 2023, visitadores de la CNDH recorrieron el río Tula y la Presa Endhó, inspeccionaron y tomaron muestras en 22 puntos y encontraron residuos característicos de descargas de aguas residuales.
La CNDH recomendó a la Conagua coordinarse con Profepa, el gobierno estatal y los municipios para proteger y restaurar la presa y ejecutar un programa de saneamiento. Profepa deberá vigilar el cumplimiento ambiental, realizar inspecciones y gestionar recursos para atender denuncias. Mientras que el gobierno de Hidalgo debe sumarse al saneamiento, planear actividades, registrar descargas y revisar drenajes.
En el 2020, la CNDH emitió recomendación sobre violaciones al derecho humano al agua en perjuicio de la población en general y cultivadores del Valle de Mexicali y habitantes de Mexicali, Baja California.
Lo anterior por la instalación y operación de una planta industrial por lo que señaló de responsables la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de la entidad.
Mientras que la recomendación emitida en 1995 documentó que personal de Conagua ordenó sin mandato legal el cierre de portillos que abastecían de agua a Santa Catarina Coatepec, en Puebla, afectando el riego de 220 hectáreas pese a que el poblado tenía concesión oficial de 5.6 millones de metros cúbicos anuales.
La CNDH determinó violación al Artículo 16 constitucional y recomendó restituir el suministro, respetar el volumen dotado y abrir procedimientos administrativos y penales para deslindar responsabilidades del personal involucrado.
Cortesía de El Economista
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