A pesar de que en teoría el sistema político liberal postula un ejercicio de gobierno basado en la existencia de tres poderes públicos para, supuestamente, equilibrar el poder, en las repúblicas realmente existentes suele tener preeminencia el poder ejecutivo. Al menos así ha sido en México desde su constitución como nación independiente hace más de 200 años.
Ya en el siglo XX, tras la revolución y con la consolidación del PRI (y sus antecesores PNR y PRM) como partido hegemónico, se confirmó al titular del poder ejecutivo como la persona que ejercía un poder absoluto sin contrapesos y por encima incluso de los otros dos poderes públicos. El presidente de la república en la era priista ejercía el poder prácticamente como un monarca sexenal.
El mejor ejemplo de ello era la fecha de rendición de los informes de gobierno (durante mucho tiempo el 1º de septiembre de cada año), que se convertía en el día del presidente. El país se paralizaba, pues se consideraba de asueto, por lo que se suspendían clases y labores en el gobierno y en varias empresas. Y en el Congreso de la Unión, tanto los legisladores oficialistas como no pocos de la oposición le rendían pleitesía al presidente en turno.
Este ritual zalamero y tan poco republicano se acabó el 1º de septiembre de 1988, cuando, tras el fraude electoral que cometió el PRI en las elecciones del 6 de julio, el senador Porfirio Muñoz Ledo interpeló el discurso del informe que apenas iniciaba el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Apenas alzó la voz desde una curul Muñoz Ledo para solicitar su derecho a una interpelación, los legisladores priistas empezaron a gritar histéricos porque se ofendía, según ellos, la figura presidencial. De la Madrid siguió su discurso desencajado, pues hasta entonces nadie interpelaba ni interrumpía un informe del presidente. Como la oposición cardenista siguió gritando “fraude” y mostrando actas electorales que se habían encontrado en la basura, fueron echados del recinto legislativo, con Muñoz Ledo a la cabeza, a quien los priistas le gritaban “judas”, como si hubiera traicionado a su “Jesucristo”.
En años sucesivos, para evitar ser interpelados durante la presentación del informe, los presidentes acostumbraron a enviar el documento al Poder Legislativo, para cumplir con el trámite constitucional de rendir cuentas del año de administración que terminaba, y empezaron a llevar a cabo actos propios en Palacio de Gobierno o recintos alternos con invitados a modo, provenientes de la clase política y clase empresarial, mayoritariamente. Este ritual ha seguido así por casi 40 años y así se ha replicado en los gobiernos de los estados, como el de Jalisco.
Pero lo que era el día del ejecutivo se convirtió poco a poco en un ritual aprovechado por los presidentes o los gobernadores para pagar costosas campañas de difusión de sus supuestos logros de gobierno. Esta práctica de presentar sus informes de gobierno canceló la posibilidad de una real rendición de cuentas ante los representantes populares electos como diputados o senadores.
Lo mismo ha ocurrido en Jalisco, que tras la época en la que los gobernadores rendían su informe ante la zalamería de la clase política y empresarial, han optado por convertir los actos del informe en un show estilo charla TED o exposición de clase, acompañados de videos, teleprónter y PowerPoints. Pero ahora, en tiempos de redes sociales, los actos de presentación de informes se han convertido en mero escenario de Instagram y otras redes sociales para difundir las imágenes, videos y reels del gobernante en turno.
Así lo pudimos ver ahora en el primer informe de gobierno de Pablo Lemus Navarro, al convertir el patio mayor del Instituto Cabañas en un megaescenario solo para tomarle fotos y videos a modo, mientras el gobernador presentaba un mensaje en un solo sentido, sin posibilidades de que sus datos o afirmaciones pudieran ser contrastados o debatidos en tiempo real. Como la afirmación de que habrá más dinero para buscar a los desaparecidos (más de 170 por ciento), cifra que algunas diputadas opositoras ponen en duda.
Así como las cafeterías o antros de moda instalan una pared para que los consumidores se tomen la selfie y la suban al Instagram, ahora los gobernadores (o alcaldes) hacen sus informes “instagrameables” solo para subir sus fotos, sus videos, sus reels, sus propios datos y realidades, sin posibilidades de que sean contrastados o debatidos. Si ya de por sí las repúblicas liberales tienen poco de democráticas, las prácticas recientes de ejercer el poder terminan por vaciar de contenido a un sistema político que se dice democrático.
Cortesía de El Informador
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