La Defensoría del Pueblo de Perú identificó ilegalidades de la policía

La Defensoría del Pueblo de Perú aseguró este lunes que identificó “afectaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas” durante la intervención policial del sábado pasado en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde dormían manifestantes llegados de distintas partes del país.

El organismo indicó que entre los arrestados hubo estudiantes, mujeres –incluyendo dos gestantes–, una niña, ancianos, personas con discapacidad y prescripción médica, e integrantes de comunidades campesinas e indígenas en general, que usan al quechua y el aimara como lenguas maternas. Ninguno de ellos “habría recibido información sobre las razones de su detención”.

El informe agregó que algunas personas denunciaron tener que orinar “en el lugar de la retención inicial” y que las mujeres no pudieron acceder a productos de higiene personal y sufrieron cólicos menstruales y dolores de cabeza, “afectando su salud integral”. “Además, inicialmente, se advirtió la ausencia de garantías al derecho a la defensa, como la carencia de intérpretes de las diversas lenguas y se les mantuvo incomunicadas con sus familiares y amistades”.

La presidenta pide disculpas y justifica

En una rueda de prensa hoy martes, la presidenta Dina Boluarte declaró sobre el operativo que “quizá la forma no haya sido la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos”. Pero defendió la intervención policial diciendo que no hubo heridos y los detenidos fueron liberados, aunque la liberación no la dispuso el Gobierno sino la fiscalía al día siguiente. Y justificó lo ocurrido: “la policía ha intervenido en defensa de la vida de los estudiantes que estaban dentro de la universidad porque no se sabía quiénes habían ingresado y qué podía pasar. La seguridad de los estudiantes fue la excusa: los manifestantes estaban acampando allí apoyados por ellos.

En el operativo intervinieron miembros de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal), la Dircote (Dirección contra el terrorismo) y la División de Asuntos Sociales

Recomendaciones al gobierno

La Defensoría del Pueblo sostuvo que “es necesario que se garantice a las mujeres detenidas una atención diferenciada con enfoque de género” y se permita “una atención digna y coherente con el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, sin ningún tipo de discriminación”.

El informe urgió a “establecer e incorporar medidas específicas que garanticen el trato digno y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas detenidas” y a “asegurar una atención diferenciada y especializada a niñas, niños y adolescentes” que llegaron a Lima acompañando a sus progenitores.

Pidió también que “durante las intervenciones y detenciones policiales a personas indígenas, se respete su dignidad y derechos, acorde a su lengua materna y tradiciones, con un enfoque de interculturalidad”.

La Defensoría señaló que envió estas recomendaciones al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y al Ministerio del Interior y que “hará seguimiento” a su implementación, “a fin de que se garanticen los derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad”.

La intervención en la Universidad

Este lunes, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que el ingreso de la Policía Nacional con derribo de puertas a la Universidad de San Marcos se hizo ante un pedido de sus autoridades y por la comisión de un delito en flagrancia de algunos manifestantes alojados allí.

Sin embargo, este centro universitario denunció el domingo que se cometió un “abuso de autoridad” y que en el operativo no hubo presencia de la Fiscalía, rechazando la intervención de la policía antiterrorismo en la residencia universitaria, “que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos”.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro Romero dijo que el operativo se desarrolló el último sábado, “a petición de parte y por flagrancia” porque el viernes “se hizo una denuncia por el ingreso de 300 personas de forma violenta, quienes sacaron a los vigilantes y les quitaron sus radios y encadenaron las nueve puertas de ingreso”.

Las autoridades de San Marcos enviaron una solicitud pidiendo la intervención policial, añadió el ministro. Y por ese motivo “se ingresó ante la flagrancia de un delito y en estado de emergencia, es decir, en cumplimiento de la ley”. Romero reiteró que la “intervención de la Policía Nacional fue dentro del respeto a la ley y derechos humanos”.

Sin embargo, este centro universitario denunció el domingo que en el desalojo se dio un “abuso de autoridad”: “La Policía en evidente uso de fuerza ingresó al campus universitario sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente”, señaló en el comunicado la Oficina General de Imagen de la UNMSM. Hasta el momento hay 192 liberados y un detenido.

Cortesía de Página 12



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