El 22 de febrero de 2025 entró en vigor la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). La modificación al Artículo 29 establece que los descuentos por créditos de vivienda no podrán suspenderse, incluso en casos de ausencias o incapacidades.
Contexto y alcances de la reforma
Anteriormente, si un trabajador no recibía salario debido a ausencias o incapacidades, el patrón suspendía los descuentos de INFONAVIT. Ahora, el descuento debe continuar, lo que plantea dudas sobre su aplicación práctica.
Antes de la reforma: Si el trabajador no percibía salario, el patrón suspendía el descuento.
Después de la reforma: El descuento debe realizarse independientemente de si el trabajador recibe salario o no.
Implicaciones para patrones y trabajadores
Para los patrones:
- Podrían verse obligados a absorber costos si el trabajador no tiene salario.
- Necesidad de ajustes en los sistemas de nómina.
Para los trabajadores:
- Evitan moratorias en sus créditos.
- Riesgo de conflictos si el patrón decide recuperar descuentos posteriormente.
Retos técnicos y vacíos legales
Actualmente, los sistemas como el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) y el SIA del INFONAVIT no están preparados para gestionar estos descuentos en casos de ausencia.
Recomendaciones
Para las autoridades:
- Clarificar si los patrones deben absorber costos o recuperarlos posteriormente.
- Actualizar los sistemas tecnológicos.
- Establecer un periodo de transición para la implementación.
Para los patrones:
- Auditar y actualizar sus sistemas de nómina.
- Revisar contratos laborales y especificar el manejo de descuentos.
- Capacitar a sus áreas de recursos humanos.
La reforma busca evitar retrasos en pagos de créditos, pero genera incertidumbre operativa. Mientras las autoridades ajustan los sistemas, los patrones deben prepararse para absorber costos adicionales.
El plazo de 360 días para definir reglas adicionales puede significar un aplazamiento en la aplicación efectiva de la reforma. Sin embargo, la falta de claridad actual pone en riesgo tanto a trabajadores como a empleadores.
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Cortesía de El Contribuyente
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