119 balazos, 13 militares implicados y dos niñas muertas. Es el balance del ataque de un grupo de uniformados en mayo, contra la camioneta de una familia en Badiraguato, en la sierra de Sinaloa, en el noroeste de México. Detalles de las pesquisas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, arrojan luz sobre este evento -una aparente confusión de los soldados- al que el Gobierno de Claudia Sheinbaum apenas se ha referido en estos meses. El ataque, que dejó a otros dos menores y dos adultos heridos, revive los fantasmas del gatillo fácil del Ejército, dado el despliegue castrense en el país en estos años como parte de la estrategia de los sucesivos gobiernos en el combate al crimen organizado.
Apenas esta semana, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, tocó el asunto de pasada, cuestionado en la conferencia de prensa matutina de la presidenta. “Se abrieron carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia militar. En el caso de la militar, el juez dicto prisión contra seis elementos. En cuanto al caso civil, la FGR lleva el seguimiento por el caso de homicidio. Esa es la situación”, dijo el jefe del Ejército. Aunque originalmente la justicia militar mandó a prisión a 12 de los 13 implicados, según ha podido saber este diario, por un delito de desobediencia, seis dejaron el centro meses después, a juzgar por las declaraciones de Trevilla. El implicado número 13 nunca fue detenido. El motivo se ignora.
Este diario ha contactado al vocero de la Secretaría de la Defensa para saber esto último y para entender por qué la mitad de los 12 siguen encarcelados y los otros quedaron en libertad, sin recibir respuesta. De igual manera, este diario ha contactado al vocero de la FGR para saber en qué va la investigación civil y tampoco ha obtenido respuesta. Los soldados implicados eran parte del 42º Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil, algo al norte de Badiraguato. Los hechos ocurrieron pasadas las 14.30 del 6 de mayo, en una carretera fuera de la cabecera municipal. Badiraguato es uno de los municipios más extensos del Estado, con decenas de comunidades y rancherías. El ataque se dio en medio de la batalla entre facciones del Cartel de Sinaloa, pugna que inició en septiembre de 2024 y que aún continúa.
El caso saltó a la prensa como la terrible consecuencia de un enfrentamiento entre militares y civiles armados, versión que impulsaron las autoridades. Según este relato, la camioneta de la familia habría quedado en el fuego cruzado y las balas habrían alcanzado a dos de las menores, que iban en la batea del vehículo, Leidy, de 11 años, y Alexa, de 7. Con el paso de las horas, familiares de las niñas y del resto de víctimas rechazaron esta versión y señalaron que los soldados habían disparado sin que mediara agresión alguna. Declaraciones de algunos de ellos, rendidas después ante la Fiscalía militar o ante la civil, señalan que escucharon disparos del “cerro” o de “una elevación situada del lado izquierdo de la carretera”. Solo uno dijo haber escuchado disparos del lado donde pasó la camioneta.
Al menos 13 soldados de los 24 que formaban parte del convoy, integrado por tres vehículos, reconocieron haber disparado. De los 13, dos iban en el primer vehículo, siete en el segundo y cuatro en el tercero. El teniente al mando del convoy declaró que no escuchó disparo alguno, previo a los que realizaron sus hombres, y que ordenó que se detuvieran lo antes posible. Un recuento de los proyectiles que cargaban los implicados, antes y después de salir de su base, permite concluir que los soldados dispararon 119 veces. De esos 119 proyectiles, la camioneta familiar, una GMC Sierra, color negro, con la batea descubierta, recibió 38, la mayoría en la carrocería y los cristales.
Este caso no es único en el Gobierno de Sheinbaum. En octubre, militares mataron a balazos a seis personas en Tamaulipas, al parecer jornaleros que trabajaban en los campos agrícolas de la región. Un año antes, en Chiapas, militares mataron igualmente a seis migrantes, por una presunta confusión. En uno y otro caso, también en el de Badiraguato, la reacción del Ejecutivo ha sido parecida. Sheinbaum ha lamentado los hechos, ha prometido una investigación y ha recordado que el Ejército no actúa como actuaba en el pasado, refiriéndose a los años de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando eventos así eran más comunes.
Pero situaciones como las de Badiraguato revelan ciertas discrepancias entre las palabras de la mandataria y el actuar castrense. Primero, por la narrativa. En las primeras horas tras el evento, las autoridades intentaron colocar en los medios la idea de que la familia había quedado en el fuego cruzado, desplazando la responsabilidad fuera de las fronteras del Ejército. Solo las declaraciones de sus familiares arrojaron algo de luz a lo ocurrido, permitiendo romper la versión oficial. Y luego por los protocolos militares. Los soldados de Badiraguato dispararon más de 100 veces contra una camioneta, en que cuatro menores iban en una batea descubierta, a plena luz del día.
Cortesía de El País
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