Una lectura crítica del reporte anual de la OCDE (Health at a Glance 2025) ofrece elementos suficientes para responder —con matices— la pregunta del título. No porque el informe contenga “la verdad”, sino porque obliga a mirar la falla del acceso oportuno. En 2025, incluso en países con gasto elevado y medicina de punta, el problema es cuánta de esa medicina logra convertirse en atención real, a tiempo, con continuidad y sin empujar a las personas hacia circuitos paralelos.
El dato que mejor captura el cambio de época no es un promedio del gasto en salud, ni un indicador de la carga: es la necesidad no atendida como experiencia cotidiana. En los países analizados por la OCDE, el porcentaje de población que reportó necesidades médicas no satisfechas aumentó entre 2019 y 2024, y la razón que sobresale es clara: las listas de espera (OCDE, 2025a). Dicho sin eufemismos: el derecho no se niega formalmente, pero se difiere. Y cuando se difiere, cambia de naturaleza: la universalidad permanece como principio, mientras el acceso se vuelve condicional en la vida diaria.
A partir de esos hallazgos, se puede caer en la tentación de dividir a la OCDE entre los sistemas que “leyeron” y los que “no leyeron” el mensaje del periodo post-pandemia: transformar recursos en acceso oportuno exige una capacidad operativa que debe sortear múltiples cuellos de botella. Sin embargo, reducir el reporte a una fábula moral sería injusto y poco útil. La heterogeneidad depende de margen fiscal, arquitectura previa, federalismos complejos, desgaste laboral acumulado y decisiones políticas que nadie toma gratis. Por eso conviene ordenar a los países en grupos no por ideología, sino por el mecanismo dominante de ajuste: qué hicieron —o qué les ocurrió— cuando la demanda creció y la capacidad organizativa se tensó.
El primer grupo reúne a quienes dieron un giro operativo, sin promesas, pero con movimientos concretos sobre los cuellos de botella. Dinamarca es un ejemplo útil porque su reforma es una reconstrucción de base: fortalecer el primer nivel y corregir desigualdades territoriales de acceso. En 2025, se reconoce que la medicina general no es la puerta de entrada “barata”, sino la infraestructura clínica que evita que el sistema se vuelva una fábrica de urgencias.
Irlanda aporta otro ejemplo: trata las listas de espera como política pública, no como tragedia periódica. Cuando un gobierno decide que la lista es un objeto de intervención sostenida, deja de administrar el escándalo y empieza a administrar el problema. Eso no garantiza éxito automático, pero sí cambia el tipo de respuesta.
Noruega, por su parte, sirve para mostrar que el giro más importante de 2025 ocurre en el contrato cotidiano con la fuerza laboral. Allí donde el primer nivel entra en crisis, la reforma real es hacer el trabajo sostenible, retenible y atractivo. Cuando un país logra reducir la proporción de población sin médico de cabecera y mejora el reclutamiento, está protegiendo el único lugar donde el sistema puede volver a ser continuo y no episódico.
El segundo grupo son los que entienden el diagnóstico pero no logran girar con la velocidad necesaria porque operan con un reducido margen. Aquí el Reino Unido es el ejemplo: el problema no es que falten ideas, sino que el hospital queda atrapado por un cuello de botella extra-clínico. Cuando miles de camas están ocupadas por pacientes médicamente aptos para salir pero sin soporte comunitario disponible, el hospital deja de ser lugar de resolución y se convierte en residencia involuntaria. Y cuando el hospital se convierte en residencia, urgencias se vuelve sala de espera. El bache, en ese caso, no llega como decreto: llega como saturación y se normaliza.
En otro sentido, Canadá encaja en esta familia por un camino distinto. Muestra cómo un sistema de alta reputación puede entrar en crisis sin colapsar formalmente. La fractura ocurre en el acceso: la continuidad de primer nivel se vuelve frágil, las urgencias absorben lo que el territorio no puede sostener, y la espera se convierte en una forma de racionamiento socialmente aceptada. El diagnóstico es viejo —primer nivel insuficiente, presión sobre urgencias, déficit y mala distribución de recursos humanos—, pero convertirlo en capacidad homogénea es difícil cuando la respuesta se vuelve un mosaico. La promesa pública se erosiona sin que exista una alternativa accesible para la mayoría.
El tercer grupo es el más inquietante porque muestra la forma contemporánea de la debacle en países ricos: el racionamiento silencioso por lista de espera. La OCDE lo hace visible con comparaciones que incomodan. Hay países donde la mediana de espera para procedimientos comunes es razonable; y hay otros donde la espera alcanza escalas que, en la práctica, transforman el derecho. El caso extremo citado para reemplazo de cadera —medianas que pueden acercarse a dos años— no es un detalle técnico: es un cambio de régimen (OCDE, 2025a). La cirugía existe, el hospital existe, la cobertura existe… pero el tiempo se vuelve el precio de entrada. Y cuando el tiempo es el precio, el sistema conserva su universalidad formal mientras pierde universalidad real.
La frase “élite en debacle” cobra sentido, si se entiende bien: debacle no significa colapso; significa erosión de la promesa desde adentro. No es que falte ciencia; es que la capacidad operativa se queda corta frente a la demanda crónica, envejecida y compleja. Es la paradoja de 2025: se puede gastar mucho y aun así administrar escasez si el cuello de botella está en el flujo (egresos), en la continuidad (primer nivel), en el trabajo (fuerza laboral) y en la infraestructura invisible (cuidados comunitarios).
El cuarto grupo completa el círculo y explica por qué la crisis puede hacerse socialmente más injusta sin hacerse formalmente explícita: sistemas que se despresurizan por la vía privada. España es un caso claro: cuando la espera se vuelve estructural, el mercado ofrece una salida —pagar por certeza— y se instala un doble circuito: quien puede compra tiempo; quien no, espera.
¿Y qué pasa con los miembros latinoamericanos de la OCDE? Aquí conviene no confundir categorías: no se trata de que estos países “no hayan leído”, sino de que con bajo margen fiscal y alta fragmentación, cada error cuesta el doble y cada reforma rinde menos. La región enfrenta una forma distinta de condicionalidad del derecho: menos “universalidad por lista” y más universalidad por bolsillo y por afiliación.
Incluso dentro del propio universo OCDE, el contraste es elocuente: según OECD Health Statistics 2025, México aparece con un gasto de bolsillo muy alto (41% del gasto en salud), por encima de Chile (30%), ambos por arriba del promedio OCDE (18%) (OCDE, 2025b). Esa es la forma concreta en que la universalidad se vuelve condicional: cuando el financiamiento público no alcanza, el ajuste se desplaza al hogar.
A eso se suma el contrato con los recursos humanos. La región llega a esta etapa con densidades menores de personal que el promedio OCDE, especialmente en enfermería; y aun en los miembros latinoamericanos se ve el problema de base. Según las estadísticas de 2025, México debe sostener su primer nivel con menos enfermeras por población que la mayoría del club, y Chile está apenas mejor (OCDE, 2025b). Si el “nuevo contrato” con la fuerza laboral no se toma en serio, el sistema termina comprando capacidad con rotación y agotamiento, es decir, con pérdida de continuidad.
Por eso, si en buena parte de la OCDE la discusión gira en torno a cómo evitar que la espera se convierta en regla, en América Latina la urgencia es múltiple: bajar el peso del gasto de bolsillo, reducir la fragmentación que destruye continuidad y, al mismo tiempo, reconstruir capacidad real desde el trabajo cotidiano. Aquí el “pacto mínimo” no es un eslogan: es una secuencia de decisiones de alto retorno que muchos países pueden compartir sin esperar una reforma perfecta. Tres palancas son particularmente concretas: compras y negociación eficientes de medicamentos e insumos; sistemas de abastecimiento con trazabilidad, reglas simples y responsabilidad clara (no megaalmacenes como fetiche de control); y continuidad terapéutica como objetivo verificable (no “abasto” en abstracto). Sin ese piso, la universalidad se vuelve una promesa administrativa que la gente aprende a esquivar.
Con este panorama, ¿qué sigue en 2026? Lo bueno es que la crisis ya es visible y por tanto políticamente ineludible: listas, primer nivel, fuerza laboral y cuidados comunitarios dejaron de ser temas técnicos y se volvieron experiencia. Y hay algo más: ya hay lugares donde el sistema se reordenó y la espera dejó de ser destino; esas experiencias exitosas están ahí, disponibles como aprendizaje, no como consuelo. Lo malo es que el racionamiento silencioso tiene una gran capacidad de volverse costumbre: si el sistema aprende a operar con demora estructural, termina gobernando por espera. Y cuando eso ocurre, el debate se desplaza de derechos a trámites, de justicia a administración del atraso.
Tal vez la respuesta más honesta al dilema “giro o bache” sea: 2025 fue giro para quienes transformaron diagnóstico en capacidad —aunque fuera parcial—, y fue bache para quienes, por falta de margen o por inercia institucional, dejaron que el ajuste ocurriera solo: por saturación, por demora y por segmentación. La pregunta para 2026 es sencilla: ¿quién convertirá la crisis en capacidad? Y, sobre todo, ¿quién se atreverá a decir que el derecho a la salud no se mide solo por estar cubierto o afiliado, sino por no tener que pagar —con dinero o con tiempo— para obtener lo que ya se prometió?
Referencias
• OECD. (2025a). Health at a Glance 2025: OECD indicators. OECD. https://doi.org/10.1787/8f9e3f98-en
• OECD. (2025b). OECD Health Statistics 2025 [Data set]. OECD. https://www.oecd.org/en/data/datasets/oecd-health-statistics.html
*El autor es profesor Titular del Dpto. de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM y Profesor Emérito del Dpto. de Ciencias de la Medición de la Salud, Universidad de Washington. Las opiniones vertidas en este artículo no representan la posición de las instituciones en donde trabaja el [email protected]; [email protected]; @DrRafaelLozano
Cortesía de El Economista
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