Cuando Luis, de 80 años, murió en abril tras una larga enfermedad, su hija Mariana acudió a las oficinas del cementerio María Canals, uno de los cinco públicos de Guayaquil. En la ventanilla le informaron que el entierro sería gratuito por cuatro años, pero debía construir un túmulo de cemento. Le explicaron, sin mucho detalle, que en el cementerio había gente que se dedicaba a construir esas estructuras de cemento donde se colocan los ataúdes. Lo que no dijeron fue cuánto costaba, solo le respondieron que ahí había gente para “ganarse la vida”.
Al llegar al cementerio, un grupo de hombres le hizo una serie de preguntas: si el fallecido tenía tatuajes o si pertenecía a alguna banda. Cuando respondió que no, le dijeron el precio: 350 dólares. Mariana no entendía si la cifra era una tarifa fija, una rebaja o una advertencia. Se dio cuenta enseguida de que si su padre hubiera tenido un tatuaje o un pasado delictivo, el precio habría sido más alto y lo habrían asignado a la sección de los “baleados”.
La escena duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para que Mariana entendiera que no estaba frente a un trámite municipal, sino ante una extorsión. Sabía que, si lo hacía por su cuenta, construir el túmulo no le costaría más de 100 dólares.
Su hermana Flor intentó negociar directamente con el administrador del cementerio, con el argumento de se trataba de un sitio público. Entre la súplica y el regateo, el hombre accedió a bajar la tarifa a 250 dólares, pero cuando Flor insistió en que ni eso podían pagar, la respuesta fue cortante: “Mejor regrese cuando tenga el dinero”. Al día siguiente, en el segundo día del velorio, regresaron con lo que habían podido reunir. Pero el precio ya no era el mismo: ahora les pedían 300.
El caso de Mariana no es aislado. Mónica denunció que le pidieron 250 dólares para enterrar a su madre. Cuando explicó que solo tenía 200, le respondieron sin compasión que lo mínimo eran 250. Tuvo que pedir dinero prestado. Una parte a los vecinos y otra al chulquero, como llaman en los barrios al prestamista que cobra intereses del 20% mensual y que a veces trabaja en alianza con las bandas criminales.
“Yo solo quería despedirme de mi mamá”, dice Mónica, “uno está cargado de dolor y solo quiere resolver”. Cuatro años atrás, en ese mismo cementerio, había enterrado a su padre. Entonces solo pagó menos de un dólar por la emisión de un documento en la oficina municipal.
Ecuador era otro en aquel entonces. Las bandas todavía operaban en silencio, escondidas en los márgenes. Fue antes de que empezaran a mostrar de lo que eran capaces por dinero y con total impunidad. Hoy extorsionan al jubilado que atiende la tienda de la esquina con la misma ferocidad con la que se infiltran en hospitales públicos, agencias de tránsito, municipios e instituciones gubernamentales.
Según cifras oficiales, en 2023 se registraron 17.597 casos de extorsión, un salto del 165% en comparación con el año anterior. En 2024, la cifra subió a 20.293 y solo hasta mayo de 2025 se han contabilizado 4.569 denuncias.
El cartel de entrada al cementerio informa que todos los servicios son gratuitos. El Municipio de Guayaquil, responsable de la administración, fue consultado por este medio. Prometieron designar a un vocero, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Los casos revelan cómo las estructuras criminales han penetrado incluso los espacios públicos destinados al duelo. Lo que antes era un trámite municipal, hoy se ha convertido en un negocio paralelo que explota el dolor de las familias. La mayoría de víctimas no denuncia por miedo. “Sentí impotencia”, resume Mariana. “Aquí las bandas son las que mandan. A nadie le importa el dolor ajeno”.
Cortesía de El País
Dejanos un comentario: