Por Argenis Esquipulas
El 1 de octubre de 2024, un hecho trágico sacudió la región de Villa Comaltitlán, en Chiapas, cuando elementos del Ejército Mexicano dispararon contra un camión de redilas que transportaba a 28 migrantes de diversas nacionalidades. El saldo del ataque fue devastador: seis personas murieron y diez más resultaron heridas. Este episodio ha generado conmoción y ha encendido el debate sobre el uso de la fuerza en operaciones de seguridad en la frontera sur de México.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el incidente ocurrió cerca de las 20:50 horas en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, cuando un camión de redilas, marca Ford y de color verde, con 28 personas a bordo, fue interceptado por militares. Según los informes preliminares, el vehículo no se detuvo en un retén militar, lo que provocó una persecución que culminó con disparos por parte de los uniformados.
La versión inicial
Indicaba que los militares estaban en plena persecución de presuntos delincuentes, pero con el paso de las horas se confirmó que el camión transportaba a migrantes, incluyendo ciudadanos de países como Egipto, Nepal, Pakistán y Cuba, entre otros. Los testimonios de los vecinos del poblado Saltillito, donde ocurrió el enfrentamiento, señalan que escucharon las detonaciones de armas de fuego y observaron la movilización de las fuerzas armadas en la zona.
Entre las víctimas mortales se encuentran dos mujeres de nacionalidad árabe, identificadas como Selvia Saad Salah Medel, de 18 años, y Neima Navil Farag Zakher, de 42 años. Ambas murieron en el hospital general de Huixtla debido a la gravedad de sus heridas. Otros cuatro migrantes perdieron la vida en el lugar del ataque, aunque sus identidades aún no han sido confirmadas.
En cuanto a los heridos
El personal médico del hospital general de Huixtla atendió a ocho personas, todas con heridas de bala. Entre los lesionados se encuentran tres ciudadanos de Egipto: Salas Melek Girgis, de 50 años, Salas Melek Garges, de 14 años, y Aya Abdelhadi Abdelazis Ibrahim Maymoon, de 30 años. Además, cuatro nepalíes resultaron heridos: Oli Kamal Nepali (21 años), Dinesh Kc P. (23 años), Subasta Khadka (28 años) y Shajan Regmi (24 años). También atendieron a un ciudadano pakistaní, Iqbal Mubasher, de 29 años.
La Sedena emitió un comunicado en el que reconoce que ya separaron temporalmente de sus funciones al personal militar involucrado en el incidente, para llevar a cabo una investigación. Según la versión oficial, los militares abrieron fuego tras una “sospecha razonable” de que el vehículo estaba involucrado en actividades ilícitas, ya que no se detuvo en un retén militar. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado esta explicación, señalando que el uso de la fuerza fue desproporcionado y que no se respetaron los protocolos de actuación.
Chiapas, al ser una de las principales rutas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, ha vivido un incremento en la presencia militar y de fuerzas de seguridad. La región fronteriza ha sido escenario de operativos que buscan frenar el flujo migratorio y combatir a las organizaciones criminales que operan en la zona. Sin embargo, estos operativos han suscitado denuncias de violaciones a los derechos humanos, como en el caso ocurrido en Villa Comaltitlán.
Este incidente
Ocurre en un momento crítico, cuando la violencia y las confrontaciones entre militares, migrantes y grupos criminales han aumentado en la región. Los migrantes, quienes a menudo huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, se encuentran atrapados en medio de estas disputas, enfrentando situaciones de gran riesgo durante su travesía por México.
Habitantes de la comunidad de Lázaro Cárdenas, cercana al lugar del ataque, narraron cómo el camión con migrantes se volcó tras intentar evadir a los militares. “Escuchamos los disparos, pero los soldados acordonaron rápidamente la zona. No pudimos acercarnos para ver qué estaba pasando”, comentó uno de los vecinos.
Organizaciones no gubernamentales y colectivos de derechos humanos han condenado el ataque, exigiendo una investigación exhaustiva y justicia para las víctimas. “Este no es un caso aislado. Los migrantes en Chiapas están siendo víctimas de un doble abuso: por parte de los grupos criminales que controlan las rutas y, ahora, por las fuerzas del Estado que deberían protegerlos”, expresó un representante de la ONG “Fronteras Humanitarias”.
Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional han colaborado en la atención de los sobrevivientes y en el traslado de los heridos a hospitales. No obstante, se desconoce la situación legal de los 14 migrantes que también viajaban en el camión, ya que las autoridades no han proporcionado detalles sobre su nacionalidad o estado de salud.
El caso
Ha escalado rápidamente, y se espera que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervengan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El ataque en Villa Comaltitlán es un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan los migrantes en su tránsito por México. En un país donde la militarización de la seguridad ha sido una estrategia recurrente, este tipo de incidentes pone en duda la eficacia y el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Las víctimas, en su mayoría personas que escapaban de situaciones de extrema necesidad, ahora se suman a la larga lista de vidas truncadas en su búsqueda de un futuro mejor.
En un esfuerzo
Por fortalecer la cooperación internacional y garantizar la justicia, las autoridades mexicanas han establecido una coordinación efectiva entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las embajadas correspondientes de diversos países. Esta colaboración tiene como objetivo mantener una comunicación constante para el intercambio de información crucial en el desarrollo de investigaciones internacionales de alto perfil.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha reiterado su compromiso de actuar dentro de los márgenes del estado de derecho. En el ámbito de sus competencias, SEDENA asegura que su política se fundamenta en la cero impunidad, respondiendo con total disposición a los requerimientos emitidos por las autoridades civiles en aras de esclarecer los hechos bajo investigación.
La SEDENA
Enfatizó que seguirá atenta a cualquier solicitud que surja de las autoridades judiciales y civiles, trabajando de manera conjunta para garantizar la legalidad en cada acción emprendida. Este compromiso institucional subraya la importancia de la cooperación interinstitucional para asegurar que los procedimientos legales se lleven a cabo de manera justa y transparente.
Este esfuerzo conjunto entre la SRE y la SEDENA refuerza el compromiso del gobierno mexicano de colaborar con la comunidad internacional para abordar problemas que trascienden fronteras, siempre en estricto respeto a los derechos humanos y las leyes nacionales e internacionales.
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