La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cargó este lunes contra la jueza Nancy Juárez, quien ordenó retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma al Poder Judicial.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum acusó a la jueza de violar el derecho de amparo y cuestionó sus intenciones, ya que las modificaciones fueron publicadas e incluso impresas en formato físico.
“Cuando envía el Legislativo al Presidente Andrés Manuel (López Obrador) la reforma constitucional dice ‘publíquese en el Diario Oficial de la Federación’, es decir, el Legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario; y ahora, una jueza violando completamente la ley de amparo pide que se elimine, ¿qué quiere decir? ¿Que se rompa? Porque hay publicaciones en físico, ¿qué quieren?, ¿que se rompa, que se borren? ¿Qué quiere decir eliminar?
“Vamos a esperar la notificación, pero en el momento que se reciba lo que hará la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta: ¿es factible que una jueza pida esto?”, expresó.
La mandataria señaló que aún no ha recibido la notificación oficial, pero aseguró que cuando eso ocurra, la Presidencia consultará al Congreso para determinar si es posible eliminar una reforma mediante una orden judicial.
Según explicó Sheinbaum, tras consultar con la Consejería Jurídica, encabezada por Ernestina Godoy, no se ha registrado en al menos tres décadas una solicitud para retirar una reforma del DOF.
“Imagínense ustedes, hice una consulta a la Consejería Jurídica, y nunca se había recibido en 30 años (…) una notificación para eliminar”, recordó.
La mandataria federal argumentó que el artículo 61 establece que los amparos no proceden para anular adiciones o reformas a la Constitución, y afirmó que al admitir estos recursos, los jueces están atentando contra el Estado de derecho.
“Quienes están violando el propio Estado de derecho son los jueces y juezas”, dijo.
Asimismo, Sheinbaum Pardo aseguró que todos los procedimientos constitucionales para la reforma fueron cumplidos, pero los juzgadores han aceptado acciones legales para detenerla.
La presidenta también expresó su indignación por ser acusada de desacato y violencia política de género a raíz de la orden emitida por la jueza Juárez.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó un expediente de la jueza, que contiene denuncias e irregularidades acumuladas desde 2016.
Rodríguez criticó que la jueza Juárez enviara un “ultimátum” a la presidenta, amenazando con informar al Ministerio Público Federal si la reforma judicial no es retirada del DOF, advirtiendo que el incumplimiento podría acarrear hasta 7 años de prisión.
“¿Quién es esta juez? ¿De qué estamos hablando? Dice que en abril de 2021 el pleno del Consejo de la Judicatura ordenó una suspensión, su suspensión, tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos; sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto.
“La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de tres pesquisas, que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional”, reveló.
Además, recordó que en 2022 la jueza enfrentó un proceso disciplinario por acusaciones de hostigamiento laboral, derivado de malos tratos hacia 12 servidores públicos.
La funcionaria dijo que este historial negativo de Juárez se remonta a octubre de 2016, cuando fue sancionada por irregularidades en la validación de licencias médicas.
Rodríguez también indicó que la jueza ha recibido amonestaciones verbales por expedir nombramientos sin el debido cuidado y por participar en “actividades comerciales” ajenas a sus funciones judiciales, lo cual está prohibido por los códigos de ética del Poder Judicial.
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Cortesía de Forbes
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