Desde Brasilia
“Maten a Lula”. Son las seis de la mañana del martes pasado, 19 de noviembre, cuando decenas de policías allanan oficinas y viviendas en Rio de Janeiro de donde arrestan a cuatro sospechosos de ser parte de la “organización criminal” responsable de un plan para asesinar a Luiz Inácio Lula da Silva a fines de 2022.
Entre los presos está el general Mario Fernandes, una de las piezas importantes del complot, y quien dirigió la unidad de comandos del Ejército conocidos como los Kid Pretos, especializados en infiltración y desestabilización, llamados así por usar pasamontañas negros. Un quinto sospechoso fue preso en Brasilia.
La orden de asesinar al entonces presidente electo Lula, a pocos días de su toma de posesión que finalmente ocurrió el 1 de enero de 2023, e instaurar un régimen de facto, partió de Jair Bolsonaro. Esto es lo que surge del informe de más de 800 páginas, parte del cual se filtró a la prensa, entregado el viernes pasado al Supremo Tribunal Federal.
“Puñal Verde Amarillo”
Bolsonaro negó este sábado la existencia del plan “Puñal Verde Amarillo” para envenenar a Lula, al hablar en vivo por las redes sociales desde Alagoas, estado del nordeste de lindas playas donde pasa vacaciones. Calificó de narrativa sin base jurídica a la denuncia de golpe, se solidarizó con los militares presos y manifestó el deseo de ir a la posesión del presidente electo Donald Trump, su aliado, el 20 de enero, en Washington. Lo cual no será posible puesto que la justicia le retiró el pasaporte ante el riesgo de que se fugue.
Una foto al lado del republicano convendría al excapitán necesitado de la presión de la extrema derecha internacional sobre los jueces brasileños a fin de impedir una condena, que por las evidencias recogidas resulta probable, y la eventual prisión. El arresto no puede darse como seguro.
En otro tramo de sus declaraciones de este sábado, en las que se coló alguna que otra broma – convengamos que su sentido del humor es un tanto ponzoñoso – demandó la amnistía de los envueltos en el intento de golpe, un perdón que de aprobarse en el Congreso de mayoría conservadora lo beneficiaría también a él.
Edecán arrepentido
La responsabilidad de Bolsonaro, como jefe de las acciones encubiertas que intentaron eliminar a Lula y dar un autogolpe, habría sido confirmada por su antiguo edecán, el teniente coronel Mauro Cid, durante un interrogatorio de tres horas al que fue sometido el jueves último en el Supremo Tribunal, en Brasilia. El otrora hombre de confianza del ex jefe de Estado se acogió a la delación premiada el año pasado luego de pasar un par de meses preso.
En su confesión confirmó, según filtraciones periodísticas, la complicidad del general Walter Souza Braga Netto. Este militar desempeñó los cargos más importantes en el gabinete presidencial entre 2019 y 2023, y fue candidato a vice de Bolsonaro en los comicios perdidos por un estrecho margen ante Lula.
La participación de Braga Netto demuestra que la conjura envolvió a la plana mayor del régimen, y no se trató de un aventura de oficiales desmadrados. El arrepentido Mauro Cid es hijo de un general bolsonarista, que en el gobierno anterior ocupó un cargo en Estados Unidos donde habría movido dinero de origen dudoso en beneficio de su jefe, y participó en la venta ilegal de joyas.
Prisiones y G20
La prisión de los cuatro militares y un policía golpistas causaron conmoción en Rio de Janeiro en las primeras horas del martes pasado cuando decenas de personas hacían sus caminatas junto a las playas de Copacabana, Ipanema y Leblon en cuyos hoteles se alojó la mayoría de los presidentes llegados para participar en la cumbre de G20, donde se dieron cita una cincuentena de gobernantes y representantes de organismos internacionales.
La ciudad está blindada. Fue ocupada por 18 mil elementos de las Fuerzas Armadas y la policía de Brasil, más los cinematográficos esquemas de seguridad desplazados por los gobiernos de Estados Unidos y China. Poco después de las siete de la mañana la noticia sobre el plan para asesinar a Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes (también se sospecha que estaba en la mira el dirigente histórico del Partido de los Trabajadores, José Dirceu) ocupó el centro de la información.
Quedó desplazada a un segundo plano la agenda del que tal vez haya sido el evento internacional más importante del año donde estuvieron los presidentes Joe Biden, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Gabriel Boric entre otros. También estuvo el argentino Javier Milei: el único presidente que aprovechó la visita a Rio para hacer gala en las redes sociales de su afinidad con el jefe golpista Bolsonaro.
Hecho inédito
El abogado penalista Antonio Carlos de Almeida Castro y el jurista Pedro Serrano coincidieron en que la prisión de un general por su presunta participación en un golpe es algo sin precedentes en un país donde ninguno de los responsables de los gobiernos miitares imperantes entre 1964 y 1985 fue siquiera investigado. Hasta hoy está en vigor una amnistía sancionada en 1979 que impide procesar a los militares.
Esa circunstancia hace de Brasil una excepción en América del Sur, donde los gobiernos democráticos revisaron, con mayor o menor severidad, los crímenes cometidos durante los gobiernos de excepción. Por esa razón es importante, según los abogados, que la detención de los militares haya sido en medio de un a conferencia como la del G20, dando una visibilidad mayor a la amenaza militar que pende sobre las instituciones.
Fuera de Brasil pocos toman nota de la particularidad de la ultraderecha verde amarilla, en la que el componente militar es más acentuado que en otros países. Y donde de haber vuelto al poder, Bolsonaro habría implantado un gobierno castrense, posiblemente inspirado en la dictadura que él sigue reivindicando y fue, en su momento, la que irradió inestabilidad hacia la región hace seis décadas cabalgando sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Un argentino en la mira
En la lista de 37 imputados, 25 de ellos militares, como integrantes de la trama para matar a Lula y perpetrar un golpe, hay un sólo extranjero: el argentino Fernando Cerimedo. En el currículum de este experto en comunicación política, dueño del portal La Derecha Diario, está haber participado en las campañas presidenciales de Milei, en 2023 y durante un breve período en la de Jair Bolsonaro en 2018.
El corresponsal de La Derecha Diario en Brasil realizó un trabajo rentado en la campaña que llevó a la reelección del diputado Eduardo Bolsonaro, en 2022. El parlamentario e hijo del expresidente mantiene una relación de más de 10 años con el empresario argentino, según éste declaró a diversos medios.
De acuerdo con filtraciones del informe policial, aún amparado por el secreto de sumario, Cerimedo está imputado en tres delitos: golpe de estado, abolición violenta del estado democrático de derecho y pertenencia a una organización criminal. Su expediente estaba siendo analizado este fin de semana por el juez Alexandre de Mores, instructor del caso en el Supremo, y puede ser enviado a la Procuradoria General de la República en los próximos días. Si fuera hallado culpado los tres cargos le cabe una pena de alrededor de 30 años de cárcel.
A Cerimedo se lo acusa de haber integrado el núcleo de “Desinformación y ataques al Sistema Electoral”, uno de los seis frentes de acción creados para la conspiración. Esa célula fue era la única que respondía directamente a Jair Bolsonaro y en ella participó el mayor del Ejército Angelo Martins Denicoli, otro que está en la lista de los 37 denunciados.
El 4 de noviembre de 2022 el consultor argentino realizó una transmisión en vivo en las redes sociales denunciando un supuesto fraude que permitió el triunfo de Lula mediante la manipulación de las urnas electrónicas. El video fue propalado por la red de perfiles de extrema derecha montado en el Palacio del Planalto por Carlos Bolsonaro, otro de los hijos del expresidente y responsable por el “Gabinete del Odio”. Los desperfectos de las urnas fueron desmentidos por el Tribunal Superior Electoral, pero esto no logró neutralizar el impacto de la mentira de Cerimedo, que sembró dudas en la opinión pública.
Pocos días después de esta operación desinformativa, el 10 de noviembre, el general Fernandes, aquel que tuvo bajo su mando a la tropa de elite y es visto como uno de los elementos más fanáticos del grupo golpista, se reunió con las autoridades del Ministerio de Defensa para discutir una serie de acciones propagandísticas sobre la vulnerabilidad de las urnas electrónicas.
No se sabe si hubo algún contacto del temible Fernandes, que también estaba interesado en hacer una campaña internacional de desinformación, con Cerimedo. Pero no se lo puede descartar. Cuando salga a la luz el contenido de las 800 fojas de la investigación policial se sabrá la dimensión de la complicidad del argentino en golpe que estuvo a un tris de ocurrir. Y si hay más ramificaciones en Argentina.
Cortesía de Página 12
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