En un nuevo intento por ejercer presión contra el régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 21 altos funcionarios venezolanos, acusados de represión violenta, detenciones arbitrarias y desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
“En sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador, Maduro ignoró la voluntad de la mayoría de los votantes venezolanos, que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, declararon altos funcionarios de la administración de Joe Biden.
Las acciones realizadas por EE. UU. congelan cualquier propiedad de los sancionados en Estados Unidos, prohíben transacciones con entidades estadounidenses y buscan aumentar la presión sobre Maduro y sus aliados.
Según la OFAC, la medida forma parte de un conjunto más amplio bajo la Orden Ejecutiva 13692, que ha sancionado a más de 180 individuos y 100 entidades venezolanas.
Entre los nuevos sancionados figuran colaboradores cercanos a Diosdado Cabello, considerado uno de los cómplices más influyentes del régimen, y responsables de acciones represivas en regiones bajo control gubernamental.
Además, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado para funcionarios involucrados en el fraude electoral y actos de violencia contra manifestantes opositores.
Las sanciones contra los miembros del régimen chavista se han incrementado luego de las elecciones del pasado julio, donde Maduro afirma haber obtenido la victoria sin presentar las actas que lo certifiquen. Mientras que, observadores internacionales y registros independientes aseguran que los resultados favorecen a González Urrutia, quien obtuvo un amplio apoyo popular.
Desde entonces, Maduro ha intensificado la represión. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo arrestos arbitrarios contra simpatizantes de la oposición y han reprimido protestas pacíficas. Edmundo González Urrutia, presidente electo, según organismos internacionales, se encuentra exiliado tras una orden de captura emitida por el régimen.
Líderes opositores como María Corina Machado también han enfrentado amenazas de enjuiciamiento, mientras que el gobierno chavista avanza con medidas legales consideradas políticamente motivadas.
La presión internacional sigue creciendo contra Maduro. Más de 50 países, incluidos los miembros de la Unión Europea y organizaciones como la OEA, han reconocido a González Urrutia como presidente electo.
En septiembre, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 emitieron un comunicado expresando preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela. “El pueblo venezolano ha mostrado un compromiso inquebrantable con la democracia, enfrentando detenciones injustas, censura y represión violenta”, expresó un alto funcionario de la Casa Blanca.
En América Latina, Colombia y Brasil han liderado esfuerzos diplomáticos para presionar al régimen. Aunque ambos gobiernos mantienen relaciones con Miraflores, han condenado el fraude electoral y pedido el cese de la represión.
La fecha clave para el futuro político de Venezuela es el próximo 10 de enero, día en que González Urrutia planea regresar al país para asumir la presidencia, a pesar de los riesgos.
Mientras tanto, el gobierno de Biden evalúa cómo apoyar al líder opositor. “Cualquier solicitud de apoyo logístico por parte de González Urrutia será evaluada cuidadosamente”, afirmaron funcionarios estadounidenses.
Si bien las medidas buscan restablecer la democracia en el país, críticos argumentan que podrían ser necesarias estrategias más contundentes para generar un impacto significativo.
El anuncio de sanciones refuerza la postura de Estados Unidos como uno de los principales aliados de la oposición venezolana en su lucha por la democracia.
Cortesía de El Colombiano
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