Desde que inició, la presente administración federal anunció el proyecto para crear, en seis años, un millón de viviendas para trabajadores, iniciando así una reforma al Infonavit. Sin embargo, hay algunos aspectos de ésta que son criticados por la oposición y organizaciones por dar mayor control al gobierno.
El viernes pasado el Senado de la República aprobó diversos cambios en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de vivienda social, pasándola a la Cámara de Diputados, donde Morena descartó un periodo extraordinario para votarla, a fin de darle un “periodo de reflexión”.
¿De qué va la reforma al Infonavit y por qué las críticas?
Desde su creación en 1972 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha tenido la tarea de administrar los recursos del fondo, que guarda las aportaciones de los empleados del país, además de establecer y operar un sistema de financiamiento que les de acceso a créditos baratos y suficientes para adquirir, construir o mejorar vivienda.
Cambios en materia de construcción
Además, su tercera función hasta la fecha ha sido la de “coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores”, siendo el primer cambio que tendría, la adquisición de la capacidad para construir casas habitación para renta y venta a sus derechohabientes, así como a los de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Para esto, la reforma que se analizará en la Cámara baja da al Infonavit facultades para constituir una empresa filial que se encargue de construir alrededor de la mitad del millón de viviendas objetivo, para lo cual podrá aliarse con privados y empresas sociales.
Además, la filial tendrá presupuesto propio para sus gastos administrativos, parte de los recursos aprobados para el Infonavit, y por debajo del 0.55% de los activos totales que éste administre, mientras que lo destinado a construcción y compra de terrenos no podrán salir del erario, aunque sí deberá genera valor económico y rentabilidad propios.
Para estas funciones, se daría funciones al organismo para utilizar el dinero de las subcuentas de los trabajadores, administrado por el Infonavit, por lo que el senador Ricardo Anaya ha acusado que la reforma daría carta blanca para que el Gobierno federal use a su gusto los 2 billones de pesos resguardados en dicho fondo, pese a pertenecer a los derechohabientes.
Además, diversas organizaciones laborales y sindicales interpusieron quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto a la reforma, pues acotan que no sólo hay 2 billones de pesos en peligro, sino otros 10 mil mdp de los trabajadores que pagaron de más en sus créditos y aún esperan devolución.
Hasta aquí casi todo bien, aunque con algunos peros, nadie discute la necesidad de contar con más vivienda construida, sobre todo a precios accesibles.
Buscan modificar la estructura y control del Infonavit
Sin embargo, la reforma, que también contempla cambios en la LFT, va más profunda que la creación de una filial, pues, entre otras cosas, plantea que ahora sea la Presidencia de la República quien designe a quien ocupe la Dirección General del Infonavit, que antes sólo podría proponer y era la Asamblea General la que decidía.
También en cuanto a la estructura del instituto, se plantea que la asamblea pase de tener 45 integrantes a sólo 30, 10 por cada sector: gubernamental, laboral y empresarial. Aquí, cada sector pierde cinco representantes por igual.
Situación similar ocurrió con el Consejo de Administración del instituto, que pasaría de 15 a sólo 12 miembros, cuatro de cada sector. Cada uno pierde sendos representantes, a fin de reducir la estructura.
Mientras que la Comisión de Vigilancia es la primera instancia que enciende las alertas, y las críticas, pues se propone que, aunque seguiría integrada por nueve personas, ahora será el Gobierno el que tenga cinco representantes, contra dos de sindicatos y dos patronales. Aquí, trabajadores y empresarios pierden un representante cada uno.
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Gobierno, encargado de la transparencia
A ello le siguen los comités de Auditoría y Transparencia, que crecerían de tres a cinco miembros, para tener ambos tres gubernamentales, uno laboral y uno empresarial. Aquí, sólo las autoridades federales ganan dos representantes.
Toda vez que se suma también el hecho de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya no tendría facultades para supervisar la administración de los recursos del fondo para vivienda, dejándole esas tareas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Con este propósito, y para evitar mal uso de los recursos, Hacienda tendrá que emitir reglas prudenciales para el balance del Infonavit, además de que podrá pedirles información y aclaraciones según lo requiera. Además, cada 30 de mayo el instituto tendrá que entregar un informe anual al Congreso de la Unión.
En tanto que, además de que destacan que la reforma al Infonavit no fue consultada con las organizaciones de trabajadores ni de empleadores, además de que daría al director general, y al Gobierno federal, el control casi absoluto del instituto y los recursos que administra, pues tendría mayoría en los organismos de administración.
Cortesía de UNO TV
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