Faltándole apenas 16 días para que un juez le notificara que gracias a su cooperación con la justicia le iban a cesar la acción penal por un magnicidio, Francisco Luis Correa Galeano recibió una estocada mortal.
Estaba en la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel La Picota de Bogotá, violando las normas del recinto, mientras bebía licor y escuchaba música con otros ocho presos.
En medio del jolgorio, se trenzó en una acalorada discusión con su compañero de calabozo, Samuel Zuleta Márquez, quien esgrimió un puñal de fabricación artesanal y le traspasó el pecho.
Mientras Correa se desangraba, su asesino reía con desparpajo, “sin valorar para nada la vida de ese hombre, disminuido en su integridad corporal”, según las palabras rimbombantes de la fiscal en la posterior audiencia de imputación.
Vaya destino el de Correa, exhalando su último suspiro en el suelo de la cárcel, cuando tenía la opción tangible de lograr una pronta libertad.
Si es cierta aquella creencia de que la mente de una persona revive sus recuerdos trascendentales antes de morir, a su memoria tuvo que acudir la cruenta escena de aquel 10 de mayo de 2022, en una playa de la isla Barú.
El sicario que él instruyó le disparó al fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci Albertini, quien estaba celebrando su luna de miel en Colombia. Su esposa Claudia Aguilera, con el bebé de ambos en el vientre, se inclinó sobre la arena para susurrarle que lo amaba, y al abrigo de esas palabras el jurista subió al cielo.
Correa no tuvo frases de aliento, partió de este mundo con el eco de la risotada de Samuel Zuleta, el pasado 2 de enero, a los dos años y ocho meses de un asesinato que todavía no se ha esclarecido, pues los autores intelectuales siguen en las sombras.
Los detenidos
A la fecha, la justicia de Colombia ha condenado a nueve personas por el magnicidio, las cuales estuvieron involucradas en las funciones operativas del crimen (ver el gráfico).
Margareth Chacón (39 años y 10 meses de sentencia), su esposo Andrés Pérez Hoyos (25 años y 6 meses) y el hermano de éste, Ramón Pérez Hoyos (25 años y 6 meses), recibieron el dinero de parte de los autores intelectuales y se encargaron de contratar y financiar a los asesinos.
El finado Francisco Correa fue el coordinador operativo, y quien a la postre terminó delatando a los demás, convirtiéndose en el testigo estrella del caso. Fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por tráfico de armas y amenazas contra servidor público, y estaba esperando su “perdón judicial” por homicidio agravado y concierto para delinquir, gracias a su cooperación.
El seguimiento a la víctima en Cartagena y Barú estuvo a cargo de Cristian Monsalve y su madre Marisol Londoño (ambos sentenciados a 23 años y 6 meses); el transportista fue Eiverson Arrieta (23 años y 6 meses) y el sicariato estuvo a cargo de los venezolanos Wendre Scott Carrillo (23 años y 6 meses) y Gabriel Salinas (detenido en su país natal).
Sospechosos y libreta misteriosa
Los investigadores judiciales no han logrado establecer quién le entregó el dinero – presuntamente $2.000 millones – a los hermanos Pérez Hoyos para financiar el magnicidio.
Una hipótesis apunta a que ellos trabajaban para una red de narcotráfico transnacional que resultó afectada por la “Operación A ultranza Py”, en la cual participó Marcelo Pecci, en cumplimiento de sus funciones como fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
La operación fue lanzada en febrero de 2022 (tres meses antes del homicidio), entre la Secretaría Antidrogas de Paraguay (Senad), la DEA y Europol, destapando un enorme entramado de narcos, blanqueo de capitales y corrupción, con 40 capturas, millonarias incautaciones de bienes y hasta políticos salpicados.
Uno de los supuestos jefes de la organización es el prófugo narcotraficante Sebastián Marset, un exfutbolista y productor musical uruguayo, señalado de coordinar negocios ilegales en la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay.
El otro sería Miguel Ángel Insfrán (“Tío Rico”), jefe de un clan familiar involucrado con la mafia paraguaya, quien actualmente está en prisión por otros delitos.
Ambos fueron mencionados por Francisco Correa en sus conversaciones con la Fiscalía; incluso los presidentes Iván Duque y Gustavo Petro también los referenciaron en sus mensajes públicos, en calidad de sospechosos.
Sin embargo, ni la Fiscalía colombiana ni la paraguaya han obtenido evidencias que los conecten al magnicidio.
EL COLOMBIANO tuvo acceso exclusivo a una agenda que perteneció a Francisco Correa, según fuentes judiciales, en la cual al parecer guardaba sus contactos del bajo mundo. Allí hay referencias a personajes de “la Oficina” y “la Terraza”, dos de las bandas más antiguas de Medellín, así como apuntes sobre sitios de encuentro en Cartagena y otras ciudades del Caribe.
En una de las páginas llaman la atención dos acotaciones de supuestas reuniones: “Tío Tío. Hotel El Faro. Rodadero. Sta Marta” (sic); y “Señor Marset. El uruguayo. Park Hotel. Sta Marta”.
Al verificar la existencia de dichos hoteles, en efecto están ubicados en el sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta. ¿Será que allá se reunió con delegados de Marset y “Tío Rico”? Ese es uno de los misterios difíciles de resolver, ahora que mataron a Correa.
El testigo también narró en una audiencia que escuchó decir a uno de los implicados que el expresidente paraguayo Horacio Cartes al parecer tuvo que ver con el hecho, supuestamente molesto por la detención de un familiar.
El político calificó la sindicación como una patraña: “Inmensamente indignado por una acusación infundada, montada con el afán de perjudicarme”, declaró.
Hasta ahora no ha sido vinculado al expediente.
Sin avances en Paraguay
El abogado Francisco Bernate, quien representa a la familia de Pecci en Colombia, dijo en diálogo con este diario que ya le había advertido a las autoridades sobre las falencias en la protección de las personas relacionadas con el caso. “He denunciado seguimientos, llamadas y un intento de secuestro en Cundinamarca a alguien de mi núcleo familiar”, indicó.
No descartó que detrás de la muerte de Correa haya algo más que un simple hecho de intolerancia. Aunque el reo Samuel Zuleta contó que su compañero de celda le hacía mucho bullying por distintos motivos, no se puede descartar que justamente estaba preso por ser un sicario a sueldo (capturado en 2010).
“Exigimos una investigación a fondo”, acotó Bernate, y cuestionó la falta de avances de la Fiscalía de Paraguay: “Allá están más que quietos, hay excusas y demás. La Fiscalía paraguaya tiene una deuda con la justicia y con la memoria del fiscal Pecci”.
Liz Acosta, periodista de Paraguay que le ha hecho seguimiento al caso en su país, ratificó los escasos avances judiciales en el expediente (ver el Análisis).
Aunque se pensaba que Correa ya había confesado todo lo que sabía, es inevitable pensar que se llevó otros secretos a la tumba.
A Zuleta el Inpec lo trasladó al pabellón de máxima seguridad de La Picota, luego de que le imputaran el homicidio agravado y él aceptara la culpa en el estrado.
La culpa. ¿Cuándo caerán los otros que también la tienen en este atroz magnicidio?
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ANEXO
ANÁLISIS
El expediente sobre Pecci en Paraguay está estancado
Liz Acosta, periodista del diario Última Hora, de Paraguay
¿Qué resultados tienen las autoridades de Paraguay sobre quienes habrían dado la orden del crimen?
“Hasta el momento, se desconoce de los avances de la investigación en Paraguay sobre quién o quiénes serían los autores morales del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Tanto las autoridades paraguayas, como las colombianas, ya confirmaron que la orden del asesinato salió de nuestro país, pero desde un comienzo la Fiscalía se volcó a que por un tema de territorialidad, la ley limitaba, porque el magnicidio ocurrió en Colombia. En principio, la Fiscalía paraguaya aseguró que inicialmente las investigaciones se iban a centrar en las causas que llevaba el fiscal antidrogas (400 casos aproximadamente). ‘Todas las causas vinculadas a Marcelo (Pecci), en la órbita nacional, en el orden internacional, en las que haya activado de manera directa o indirecta son parte de la investigación’, había referido en junio del 2024 el ahora fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. También se habían allanado tres celdas en Paraguay, poco después del asesinato, como la de un colombiano, Marcelo Raymond Díaz Vélez; la de Waldemar Pereira Rivas, alias ‘Cachorrão’, quien fue investigado por Pecci; y Kassem Mohamad Hijazi, quien integraría el grupo Hezbollah, y se incautaron celulares, pero recién dos años después, informaron que no hallaron ningún vínculo de estos con el crimen. En cuanto a cómo avanzan las investigaciones, la familia de la víctima denunció en varios momentos el ‘secretismo’ del Ministerio Público paraguayo, ya que no pueden acceder a las diligencias que se van realizando. Actualmente hay una apelación pendiente, que presentó esta semana el abogado Enrique Kronawetter, luego de que la Justicia haya ratificado la negativa de la Fiscalía de otorgar información sobre la carpeta fiscal.
Lo que se espera es que se puedan ver progresos en cuanto a la autoría moral, luego de que finalmente se haya firmado el acuerdo de un equipo conjunto de investigación (ECI) con Colombia. Según las autoridades paraguayas, antes de esta firma de convenio era difícil la comunicación y avanzar con las investigaciones, porque habían pedido diligencias al país colombiano, pero que no tuvieron respuesta.
Actualmente está pendiente y sometido a pericia el celular de Pecci, que se cree que podría ser fundamental para la investigación. Eso había sido entregado por Colombia a los Estados Unidos y se espera tener resultados. En cuanto a la computadora del fiscal antidrogas, presentada a la Fiscalía paraguaya en el 2022, se desconoce si se sometió a pericia y qué resultados pudo arrojar”.
De los financiadores detenidos, al parecer los hermanos Pérez trabajaban para un grupo narcotraficante de Paraguay. ¿Se sabe cuál grupo?
“Desde un principio varios nombres e incluso grupos criminales fueron citados por diferentes fuentes, pero ninguna por la vía oficial. Entre ellos se dijo que organizaciones narcotraficantes de Paraguay y Brasil se habían unido para llevar a cabo el asesinato, pero nuevamente Doldán había referido en diferentes ocasiones que no hay ningún tipo de información, ni elemento material probatorio, ni en Paraguay, ni en Colombia, que sustente esa versión, pero que es una hipótesis que no se descarta”.
En una audiencia, el testigo Francisco Luis Correa mencionó como supuesto determinador del crimen al expresidente paraguayo Horacio Cartes. ¿Esa pista fue descartada o sigue en indagación? ¿Al expresidente lo han interrogado?
“Si bien el expresidente Horacio Cartes se puso a disposición del Ministerio Público a través de su abogado, el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, explicó que no cuenta con evidencia que apunte al exmandatario como sospechoso en el asesinato de Pecci, pero que si surgen pruebas concretas, se investigará a quien sea. Sin embargo, no fue citado para declaración alguna. Esto generó y sigue generando cuestionamientos de varias autoridades”.
Se ha mencionado entre los sospechosos al narco uruguayo Sebastián Marset y al Clan Insfrán de Paraguay. ¿Sobre esta gente hay algún avance judicial en Paraguay?
“No hubo avances sobre la supuesta vinculación de Sebastián Marset, que lo había citado el presidente Duque, ni tampoco ocurrió eso en el caso de Miguel Ángel Insfrán, alias ‘Tío Rico’, que también fue mencionado por Correa como autor moral. La familia sigue sosteniendo que existe desconfianza en las investigaciones en Paraguay y piden ‘una voluntad real para esclarecer el crimen’”.
Cortesía de El Colombiano
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