En medio de su arremetida contra los migrantes irregulares en Estados Unidos, el Gobierno de Donald Trump anunció este martes que eliminará las zonas protegidas para migrantes.
Con esta nueva orden ejecutiva, las escuelas, iglesias y hospitales, que antes ofrecían una especie de resguardo para los migrantes, ya no estarán exentos de redadas con las que Trump espera deportar a millones de personas en situación irregular.
“Los migrantes criminales ya no podrán esconderse en los colegios y las iglesias para evitar ser detenidos”, afirmó un portavoz del Departamento de Seguridad (DHS por sus siglas en inglés) en un comunicado. Como parte de su política de “tolerancia cero”, la directriz permite que las autoridades migratorias usen el “sentido común” para decidir dónde y cuándo actuar.
Entre otras medidas anunciadas por Trump está la eliminación del programa de autorización condicional humanitaria (Parole), que bajo el mandato de Joe Biden permitió que 1,5 millones de migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela ingresaran a Estados Unidos con un permiso temporal de dos años.
La administración republicana acusa al Gobierno anterior de “abusar del programa” al otorgar autorizaciones de manera indiscriminada. Ahora, según el DHS, el Parole volverá a su propósito original: analizar solicitudes caso por caso, priorizando circunstancias verdaderamente excepcionales.
Una de las primeras directrices que se tomó en torno a estas medidas de cero tolerancia contra la migración irregular, fue la limitación del uso de la aplicación móvil CBP One, que permitía a migrantes programar citas en puertos de entrada para solicitar asilo. Este era un canal que facilitaba los tramites de procesos legales necesarios para agilizar los procesos de asilo. Así esta nueva administración limitara drásticamente la entrada de personas al país, siguiendo la linea de un Parole mucho más estricto.
Las medidas han generado críticas de defensores de los Derechos Humanos, que temen un aumento en las deportaciones y la criminalización de los migrantes, mientras la administración republicana insiste en que se trata de proteger la soberanía y la seguridad de Estados Unidos.
Mientras tanto, México ya adelanta medidas que buscan atender la posible crisis que causará la deportaciones de millones de sus connacionales, incluso se prevé que muchos de los deportados al país podrían ser migrantes de otras nacionalidades que ingresaron por la frontera.
Con la instalación de decenas de puestos de atención a personas que ingresen a México desde Estados Unidos y la entrega de bonos para la reunificación de familias, la presidenta Claudia Sheinbaum también espera ampliar la red consular mexicana.
Aunque la presidenta Sheinbaum ya solicitó a su Cancillería que establezca una comunicación con Washington para trabajar estos temas de manera conjunta, Trump continúa haciendo anuncios polémicos frente a las medidas que espera imponer.
Cortesía de El Colombiano
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