La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de pausar durante 90 días el uso de fondos de ayuda para el exterior, puso en jaque a numerosos programas destinados a la cooperación con América Latina que dependen de esta asistencia para operar. Los congelamientos se excluyeron solamente a Egipto, Israel y la asistencia alimentaria de urgencia.
Según el informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) publicado este viernes, esta medida podría provocar despidos masivos, la cancelación de proyectos clave y una afectación directa a la seguridad y estabilidad en la región.
En el análisis de la organización no gubernamental se precisa que en 2023 “el año más reciente para el que se dispone de un monto real”, el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinaron poco más de 2.000 millones de dólares en asistencia a América Latina y el Caribe de los 45.000 millones asignados globalmente.
Según WOLA, la interrupción de estos fondos podría ocasionar un “gran daño” a las iniciativas de desarrollo, seguridad y derechos humanos en la región. Una encuesta de la ONG a finales de este mes de enero señaló que “la mayoría de las organizaciones indicaron que tendrán que recortar proyectos y reducir su personal. Algunas organizaciones dijeron que tendrán que cerrar sus operaciones por completo”.
Programas en riesgo
Uno de los sectores más afectados es la cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado. “Gran parte de la ayuda militar y policial financiada por EE. UU. está en suspenso”. Programas claves para la lucha contra las drogas, así como capacitaciones a fuerzas de seguridad, fueron paralizados. Entre los sectores afectados también se encuentran iniciativas contra el VIH/SIDA, programas de integración de migrantes y esfuerzos para fortalecer la democracia en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El Congreso de EE. UU. había aprobado en marzo de 2024 un presupuesto que incluía 125 millones de dólares para combatir el flujo de fentanilo, principalmente en México, además de 134,5 millones de dólares para desmantelar pandillas en Centroamérica; 70 millones de dólares para reducir la violencia de género y al menos 12,5 millones para combatir la trata de personas, programas que quedaron paralizados con el congelamiento ordenado por Trump.
Impacto en Colombia
Como resumió WOLA, Colombia, descrito como el “socioeconómico más leal de EE. UU. en América del Sur” es el principal receptor de asistencia estadounidense en la región. Desde el año 2000, EE. UU. ha invertido más de 14.000 millones de dólares en el país a través del Plan Colombia enfocándose en la lucha contra el narcotráfico y la implementación del acuerdo de paz por el conflicto armado, una de las prioridades para el país norteamericano según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS).
“Como principal productor de cocaína del mundo y el único país del hemisferio con ocho conflictos armados internos activos a pesar de un proceso de paz que puso fin a uno de ellos, Colombia es clave para los intereses de Estados Unidos”, dice el informe.
USAID también ha ayudado en temas de seguridad ciudadana, así como en la preservación de los recursos naturales del país.
Al parecer, “la asistencia a Colombia, que ha gozado desde hace mucho tiempo de apoyo” tanto de los republicanos como demócratas, ayudó a superar la reciente crisis que desencadenó el presidente Gustavo Petro al refutar las políticas de migración de Trump.
La organización informó que la misión de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Bogotá tuvo que despedir a 250 contratistas debido a la congelación de fondos, según reveló Miami Herald. Además, decenas de helicópteros Black Hawk están sin usarse.
Colombia, que alberga a más de 2,8 millones de migrantes venezolanos, también ha trabajado junto a EE. UU. en programas de integración y asistencia humanitaria. Sin estos recursos, la presión sobre el gobierno colombiano y otros países receptores podría aumentar, generando mayor inestabilidad en la región.
Un antecedente preocupante sobre las repercusiones de esta medida se dio en 2019, cuando la administración Trump congeló 450 millones de dólares en ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador. Fue después cuando la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. reportó que 65 proyectos del Departamento de Estado y 92 de la USAID se vieron afectados por esta decisión.
WOLA sostuvo que “los efectos sociales y humanitarios perjudicaron los intereses estadounidenses”, teniendo en cuenta que la prioridad de Trump es asegurar sus fronteras.
Para WOLA, esta decisión pone en duda la confiabilidad de EE. UU. como socio en la región. “La pausa preventiva de vastas cantidades de ayuda exterior estadounidense, sin previo aviso y sin garantías de que los programas se reanudarán, no tiene base en la ley estadounidense y socava la confianza de otros gobiernos”, señala el informe.
La ONU también “ha tomado nota con preocupación” de esta decisión de la nueva administración estadounidense e “insta a que se estudien exenciones adicionales”, según un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric.
Esto permitiría “la continuidad de la entrega” de ayuda “a los más vulnerables del mundo, cuyas vidas dependen de este apoyo”, añade el comunicado.
Hasta ahora, Estados Unidos era el primer proveedor mundial de ayuda humanitaria y para el desarrollo, a los que dedicaba en torno al 1% del presupuesto del gobierno federal. El expresidente demócrata Joe Biden apoyaba este aporte.
Durante el primer gobierno de Trump, el Congreso rechazó recortes a la asistencia exterior, manteniendo el financiamiento a América Latina en niveles similares a los de administraciones anteriores.
Sin embargo, Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, aseguró que el gobierno del republicano revisará las ayudas para establecer si se alinea a sus políticas.
Cortesía de El Colombiano
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