Con una “renuncia irrevocable” mientras persiste la crisis de orden público en el Catatumbo, termina su periodo en el Ministerio de Defensa el jurista Iván Velásquez Gómez, dejando un despacho en el que siempre pareció estar fuera de lugar.
La dimisión es una más dentro de la crisis gubernamental desatada por el Consejo de Ministros de la semana pasada, que reflejó el desorden institucional de la Casa de Nariño y que ya cobró las cabezas de otros jefes de cartera, como los de Cultura, Trabajo y del Interior; y unas renuncias más de carácter protocolario, como Medio Ambiente, Minas y Energía, Justicia y Hacienda, entre otras.
El arribo de Velásquez al MinDefensa fue sorpresivo, en agosto de 2022. Muchos daban por sentado que estaría al frente del despacho de Justicia, dada su vasta experiencia en esa rama, pero el presidente Gustavo Petro lo puso al frente de las Fuerzas Militares y la Policía para mandar un mensaje a la opinión pública: que no se toleraría la corrupción interna ni las violaciones de derechos humanos por parte de uniformados.
A su llegada le siguió una “barrida” de 60 generales y otros altos oficiales, que se repitieron semestralmente, sumando renuncias también, hasta llegar a los cerca de 300 funcionarios retirados de las fuerzas. Una de las misiones de Velásquez, por encargo de Petro, fue suprimir a los comandantes que consideraban cercanos a los partidos de oposición, con la sabida consecuencia de perder a muchos experimentados en la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, y reemplazarlos por oficiales de escasas credenciales en esos frentes.
Fuentes militares, en varias oportunidades, le contaron a EL COLOMBIANO que veían a Velásquez como “un hombre lejano, más leal al petrismo que a las tropas”, que por su carencia de conocimiento nunca aportó valor estratégico ni a la planeación ni a las operaciones de reacción ante el orden público alterado.
También es cierto que tuvo muy poco margen de acción, porque Petro siempre ha considerado al de Defensa como uno de sus principales ministerios, razón por la cual él daba las órdenes y Velásquez parecía el razonero, a diferencia de otras carteras, como las de Deportes y Ciencias, por las que casi nunca asoma la nariz.
La oposición citó tres veces a Velásquez al Congreso, para debatir mociones de censura que al final no prosperaron (noviembre de 2023 y marzo y junio de 2024), pero que debilitaron su posición frente a la ciudadanía.
Las malas decisiones se reflejaron en una enorme sensación de inseguridad entre los colombianos, a merced de grupos terroristas en el campo y bandas sicariales en las ciudades. Incluso en aquel accidentado Consejo de Ministros, Ángela María Buitrago, la ministra de Justicia, le cuestionó su trabajo sin necesidad de mencionar su nombre.
“La población siente una inseguridad permanente (…). El miedo a investigar realidades, a parar la corrupción, el miedo a meterse con los grupos (ilegales) que están en las regiones, ese es el desangre real. El gran conflicto es que esos territorios se convierten en trofeos”, expresó.
Orden público al rojo vivo
El paso de Velásquez por la cartera de Defensa será recordado con más pena que gloria, pues deja al país en una situación crítica de violencia.
Al no poder concretar una política exitosa de seguridad, el orden público quedó a merced de que los grupos armados, con los que el Gobierno pretendía negociar la “paz total”, respetaran los ceses al fuego y a la comunidad, lo que no todos cumplieron.
Uno de los más pesarosos ejemplos es la subregión del Catatumbo, golpeada por una escalada terrorista del ELN que inició el pasado 15 de enero, cuando sus cuadrillas atacaron desde Arauca y Venezuela para arrebatarle el territorio y las rentas ilícitas al frente 33 de las disidencias de las Farc.
Las confrontaciones han generado el desplazamiento forzado de 54.098 personas, el peor registro desde que este indicador se mide en Colombia (1997); 56 asesinatos confirmados, aunque se presume que hay más víctimas en lugares a los que no ha llegado la Fuerza Pública; y 46.000 niños desescolarizados, entre otros males que sus habitantes no experimentaban hacía mucho tiempo.
En Arauca hay choques entre el frente 10 de las disidencias de las Farc y el ELN, en medio de una contraofensiva de los “farianos” para vengarse de la invasión insurgente al Catatumbo.
Hay conflictos activos en el sur de Chocó, entre el ELN y el Clan del Golfo, que afectan a la subregión del Medio San Juan. Desde el fin de semana se registran combates de grupos criminales, que dejan hasta ahora 2.000 residentes confinados y 500 desplazados, según las autoridades locales.
En diferentes puntos del norte y el centro de Cauca está sufriendo igualmente la población, no solo por reyertas entre ilegales, sino por atentados terroristas contra las Fuerzas Armadas y la comunidad.
A finales de enero, el frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las Farc (EMC) destruyó dos puentes con explosivos, para frenar el paso de las tropas: el primero fue en un sector conocido como Portugal, en el municipio de El Patía, que dejó incomunicados a 12.000 residentes de los corregimientos La Fonda y El Bordo; el segundo, en la vereda La Hacienda, en el corregimiento El Plateado, de Argelia, que dejó a otras 6.000 personas aisladas.
En el norte del departamento están peleando el ELN y el EMC, con combates en la zona rural de Caldono, Silvia y Toribío. El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció que las balaceras tenían encerrados a los comuneros de los resguardos de Quichayá, Pueblo Nuevo, Tumburao y Quizgo.
En Guaviare están en pugna las disidencias farianas de Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”) y Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), otrora aliados, y en las veredas del municipio de Calamar se han recuperado 20 cadáveres.
En Putumayo la contienda es entre los Comandos de Frontera y el Bloque Amazonas del EMC, con confinamientos de comunidades en Puerto Leguízamo.
Situación similar se registra en la frontera del sur de Bolívar con el Nordeste de Antioquia, donde el Clan del Golfo se enfrenta a escuadrones combinados del ELN y el frente 4 de las disidencias de las Farc.
El temor ha generado el desplazamiento forzado de 503 personas y el confinamiento de otras 144 en el corregimiento de Mina Piojó, municipio de Montecristo, según datos de la Gobernación de Bolívar.
“Lo que está ocurriendo supera las capacidades del departamento. Por eso mi llamado urgente a que tengamos presencia estatal en la zona, no solo intervenciones militares, sino asistencia humanitaria”, rogó el gobernador Yamil Arana.
La crisis es generalizada. En lo corrido de 2025 ya mataron a 15 líderes sociales, según el Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y si se suman todos los asesinados durante el ministerio de Velásquez, la cuenta llega a 445 lápidas.
La Defensoría del Pueblo informó que “409 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales en 2024, lo que representa un aumento significativo respecto a los 342 casos registrados en 2023”.
De esos 409 menores reclutados el año pasado, el 61% fueron niños y 39% niñas; el 51% indígenas, siendo el grupo étnico más afectado. La situación podría ser más grave, reconoció la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, porque “el subregistro impide ser concluyentes sobre magnitud y presuntas responsabilidades”.
El futuro de la cartera
Fuentes del Mindefensa le contaron a este diario que la renuncia de Velásquez no será inmediata, sino que es posible que esté al frente hasta el final de febrero, cuando ya se haya designado a su reemplazo.
Uno de los que suena en los corrillos de la Fuerza Pública es el exdirector de la Policía, general William Salamanca, quien renunció un día antes que Velásquez.
Al margen de a quién le corresponda, recibirá una cartera que arde por todas partes, no solo por la situación nacional de inseguridad, la conmoción interior del Catatumbo y la necesidad de replantear la política pública de seguridad y convivencia, sino porque no tendrá recursos suficientes.
El déficit fiscal del Gobierno provocó que le recortaran $606.000 millones en gastos de funcionamiento a finales del año pasado y el desfinanciamiento de las Fuerzas Militares está tasado en 67 millones de dólares.
¿Con qué faceta recordarán las generaciones futuras a Velásquez? ¿Con la del experto jurista y luchador por los DD.HH., o con la del ministro que dejó al país a merced del crimen?
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Las 9 decisiones de Petro que afectan la seguridad del país.
Cortesía de El Colombiano
Dejanos un comentario: