Donald Trump agita el fantasma del terrorismo en sus relaciones con los gobiernos de América Latina y, ante la amenaza de las deportaciones masivas, frente a las minorías de origen latinoamericano que residen en los Estados Unidos.
El 20 de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó como “organizaciones terroristas extranjeras” (Foreign Terrorist Organizations-FTO) y como “Terroristas Globales Especialmente Designados” (Specially Designated Global Terrorists-SDGTs) a un conjunto de asociaciones delictivas entre las que se encuentran seis cárteles del narcotráfico, junto con la Mara Salvatrucha, en gran medida diezmada bajo la actual presidencia del salvadoreño Nayib Bukele, y con el Tren de Aragua, de más reciente popularidad y, sobre todo, de mayor impacto mediático.
El Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, señaló puntualmente al Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste (antes conocido como Los Zetas), la Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Golfo y los Cárteles Unidos como entidades enemigas en una lucha sin cuartel con el poder del Estado. En todos los casos, se menciona tanto su origen en México, como así también su carácter transnacional, y su capacidad para desarrollar todo tipo de actividades violentas e ilegales, más allá de la producción y el comercio de drogas.
Un ataque armado contra un centro de procesamiento de drogas en México desde Estados Unidos, o contra una organización delictiva, o bien y directamente, contra alguno de sus principales líderes, no es algo absurdo, sino una idea con la que el Partido Republicano ha venido insistiendo en los últimos años. Sobre todo, desde que se asumió que el nuevo enemigo a vencer en la “nueva guerra contra las drogas” es el fentanilo, causante de al menos 200 muertes al día, y de 1,5 billones de dólares al año en gastos según la Heritage Foundation, la principal usina ideológica del trumpismo.
Para llevar adelante su accionar, el gobierno de Trump se sirve de un recurso legal que ha generado enconados debates y que, en buena medida, ha mediado el accionar internacional de la Casa Blanca frente a lo que ella misma considera como amenazas a su “seguridad nacional”.
La AUMF (Autorización para el Uso de la Fuerza Militar-Authorization for Use of Military Force) fue aprobada como ley en 2001, una semana después del atentado a las Torres Gemelas y posibilita la intervención militar externa como una prerrogativa del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, sin necesidad de aprobación, convalidación, ni mucho menos vigilancia por parte del Congreso.
Desde entonces, Estados Unidos ha utilizado la AUMF para llevar a cabo operaciones militares en más de una veintena de países entre los que se encuentran Filipinas, Georgia, Kenia, Etiopía, Irak y Somalia, posibilitando la eliminación de numerosos líderes yihadistas en Afganistán, Siria y Yemen. Lo que empezó siendo una prerrogativa presidencial de acción directa contra Al Qaeda y los talibanes, hoy incluye a cerca de un centenar de entidades de todo tipo y en todo el mundo.
Así como la AUMF ha contado con importantes apoyos no son pocos los parlamentarios que se han opuesto a su permanencia debido al incentivo bélico y a la falta de control sobre la figura presidencial. Hasta el actual vicepresidente JD Vance fue parte en junio de 2023 de un grupo de senadores que presentó una propuesta para dar de baja la AUMF, como principal responsable de las guerras “interminables” o de “carácter perpetuo”, con las que el anterior gobierno demócrata de Joe Biden se valía para intervenir en Somalia y en otros escenarios conflictivos.
Más allá de la Mara Salvatrucha y de las bandas del narcotráfico, hoy la que más atención y suspicacias genera es el Tren de Aragua, de origen venezolano, con ramas en Colombia y Perú, y con presencia minoritaria en Ecuador, Brasil y Colombia. Sus acciones suelen ser reproducidas y exageradas por la prensa amarillista y no hay constancia cierta de su nivel de expansión territorial: sin embargo, su supuesta pertenencia puede justificar la expulsión de Estados Unidos de todo aquel que sea considerado como “peligroso”.
Las implicaciones institucionales de esta guerra contra el terrorismo son enormes. Más aun frente a la acusación infundada de que un determinado gobierno de la región (o incluso China) pudiese estar detrás del financiamiento o de la cobertura de alguna de las organizaciones señaladas.
No son pocos los “halcones” republicanos que suponen que detrás del Tren de Aragua se encuentra el gobierno de Nicolás Maduro, o que las redes del narcotráfico cuentan con protección por parte de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Mañana, la acusación por encubrimiento o connivencia podría ser contra cualquier gobierno que se aparte ideológicamente de la Casa Blanca, como hoy, de manera falsa, se denuncia y se castiga a Cuba por promover el terrorismo. Por lo mismo, resulta llamativo que Ecuador, que un año atrás sufrió violentos ataques terroristas por bandas internacionales, sea apenas mencionado en el listado del Departamento de Estado.
En todo caso, para Elon Musk, el cerebro del régimen Trump, la designación como “terroristas” implica que ahora estas organizaciones y sus cabecillas “son elegibles para ataques con drones”. Toda una definición en si misma y sobre quiénes se beneficiarán directamente con esta iniciativa.
Cortesía de Página 12
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