La creciente deuda de Pemex, su falta de inversión y los decrecientes ingresos petroleros arrastran el manejo de las finanzas públicas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hacienda brindó apoyos por 1.38 billones de pesos de 2019 a 2024 a la empresa, por aportaciones de capital, reducciones en el pago de impuestos y exenciones, de acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y sin considerar los montos por el beneficio de la reducción progresiva entre 2020 y 2024 del derecho de utilidad compartida (DUC).
No obstante, los apoyos no representaron una mejora financiera para la empresa, la cual, en 2024 cerró con una deuda financiera por 1.98 billones de pesos.
“Eso por sí mismo es un problema porque la deuda de Pemex, aunque no esté explícitamente reconocida como deuda soberana, ha tenido que ser apoyada desde la hacienda pública. No funciona así, pero (Pemex) tuvo el nivel de apoyos como para pagar toda su deuda, la cual sigue prácticamente igual, eso es mucho costo fiscal y Pemex no está mejor operativamente, financieramente tiene casi el cuádruple de deuda de hace 10 años”, comentó Jesús Carrillo, director de economía del IMCO.
El costo de Pemex para las finanzas del país toma mayor peso a raíz de la baja en la generación de ingresos petroleros relacionada con menores exportaciones y producción en los últimos años, refiere Arturo Carranza, director de proyectos de energía en Akza Advisors.
Cifras de Hacienda detallan que en 2012 se registró la última mayor participación de los ingresos petroleros, respecto al total de los ingresos públicos, con 39.4%; en 2013 inició su descenso, el cual no paró. Al cierre de 2024 esta proporción fue de 12.8%.
El apoyo a Pemex, que sigue y, se prevé, continúe este sexenio, prende las alertas a las calificadoras que advierten sobre la carga fiscal que representa Pemex, pues los recursos que destina el Estado para apoyar a la empresa provienen de otras fuentes no petroleras, como el cobro de impuestos, además de que se quitan recursos para otros rubros, como la inversión en infraestructura, y se amplía el déficit fiscal de las finanzas públicas.
Al cierre de 2024, el déficit fiscal de México ascendió a 5.7% del PIB, y Hacienda se puso como meta reducirlo a 3.9% del PIB al cierre de 2025. Una meta lejana, en vista de las reducciones que tiene la perspectiva del crecimiento económico para México en 2025.
Al inicio de esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) bajó a -1.3% , principalmente por las tensiones comerciales con Estados Unidos. Hacienda aun conserva la perspectiva en 2.5% . Para el 1 de abril, fecha límite para que Hacienda presente los PreCriterios de Política Económica 2026, se espera que esta perspectiva se ajuste.
“El tema del déficit fiscal es de relevancia para las calificadoras, pues lo que representa es un nivel de riesgo, porque cuando tienes un déficit cada vez más grande, vas a tener que pedir prestado cada vez más, solo para poder cubrir los intereses de la deuda. A nadie en el mundo le va a preocupar que tú te endeudes, si tu deuda es productiva. El problema es cuando tu deuda sirve para pagar gasto corriente (…) Entonces, si tu déficit está acompañado de una mala calidad del gasto, sí es preocupante porque lo único que te va a pasar es que cada vez tengas intereses más altos”, explicó Carrillo.
Datos de Hacienda refieren que al cierre del año pasado el pago por el costo financiero de la deuda fue de 1.150 billones de pesos, mientras que para inversión en infraestructura se destinaron 1.034 billones.
Más cambios y apoyos
En tanto, los apoyos para la petrolera continúan. El 5 de marzo pasado, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que determinan un nuevo esquema fiscal para Pemex, denominado nuevo derecho petrolero para el bienestar. Y el 18 de marzo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las leyes secundarias en materia energética, que le devuelven el dominio a Pemex y CFE en los sectores petrolero y eléctrico.
“Con el nuevo esquema fiscal, tres obligaciones se simplifican y se convierten en una. Se ve positivo, pero no es la panacea, no va a resolver la situación financiera de la petrolera, también porque el porcentaje de los ingresos petroleros ya no es tan grande; el peso de Pemex con respecto a las finanzas públicas ya no es lo que fue”, consideró Carranza.
Respecto de las leyes secundarias, Carranza consideró que estas permitirán la participación de las empresas privadas con Pemex, lo que ayudará a disminuir la carga de Hacienda.
No obstante, lo mejor que se puede hacer por Pemex es destinar recursos para la inversión productiva, consideró Ramses Pech, analista de la industria de energía y economía en Caraiva y Asociados-León & Pech Architects.
“Pemex y CFE contratan más del 90% de todo lo que necesitan para operar, de tecnologías que están fuera del país”, comentó Pech.
Cortesía de Expansión
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