Tras unos escandalosos anuncios antiinmigrantes de Estados Unidos que fueron transmitidos en la televisión abierta mexicana, el Senado ya dio luz verde en comisiones a una polémica iniciativa de ley que busca cambiar completamente el marco legal en las telecomunicaciones y radiodifusión. Aunque presentada oficialmente como una modernización del sistema regulatorio para afrontar los desafíos del entorno digital, la iniciativa ya levantó algunas críticas en los sectores de oposición, organismos internacionales y defensores de derechos digitales, quienes la ven como una posible amenaza directa a la libertad de expresión y la pluralidad informativa en México.
Uno de los puntos más controversiales de esta propuesta es la posibilidad de que el Estado bloquee el acceso a aplicaciones y plataformas digitales bajo ciertos criterios, facultad que recaería en una nueva dependencia del Poder Ejecutivo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Ante esta polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió en conferencia de prensa que este no es el fin de la Ley y que quizá se tengan que hacer cambios en la redacción, además dejó en claro que siempre han estado en contra de la censura:
“Ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo queremos es censurar a una plataforma digital, como Facebook, YouTube, etcétera, siempre hemos estado en contra de la censura”
Extinción del IFT y centralización del control
De acuerdo con el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas del Senado, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión implica la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que hasta ahora regula el espectro radioeléctrico, las redes públicas y otros servicios en el sector.
Las funciones del IFT serán absorbidas por la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, una entidad bajo control del Poder Ejecutivo que se encargará de emitir lineamientos técnicos, asignar concesiones, resolver controversias, regular tarifas, supervisar servicios e, incluso, definir cuándo puede bloquearse una plataforma digital.
Según Aristegui Noticias, el senado opositor a Morena hizo alerta sobre esta iniciativa, especialmente por el artículo 109:
“Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea
procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La Agencia emitirá los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital”
ONU-DH y oposición alertan por riesgos de censura y falta de consulta ciudadana
Ante la rapidez con la que avanzó el dictamen, presentado en la noche del miércoles 23 de abril y discutido pocas horas después, organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH México) levantaron la voz. En redes sociales, ONU-DH hizo un llamado al Senado mexicano para garantizar espacios de consulta amplia y adoptar estándares internacionales en temas de libertad de expresión, privacidad, derechos digitales y derechos de los pueblos indígenas.
Durante el debate, senadores como Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, calificaron la reforma como una “Ley Censura”. Según Anaya, esta ley concentra “todas las facultades para decidir qué sí se puede pasar en radio, televisión, internet y redes sociales” en una sola instancia gubernamental, lo que según él podría facilitar el control del discurso público, como ocurre en regímenes autoritarios.
Morena niega la censura: “ese no es el objetivo de la ley”
Pero desde la propuesta oficial del gobierno de Morena, la narrativa es distinta. El senador Aníbal Ostoa Ortega (Morena) defendió en el debate la ley y afirmó que los medios han sido “herramientas de manipulación, serviles a las élites nacionales e internacionales”. Sostuvo que la ley busca recuperar la “soberanía comunicativa” del Estado mexicano y señaló que la iniciativa responde a casos como los anuncios antiinmigrantes de Estados Unidos transmitidos por Televisa.
En la misma línea, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló en su cuenta de X que la oposición carece de autoridad moral para hablar de censura y acusó a partidos como el PAN de haber reprimido periodistas y aprobado leyes en favor de intereses corporativos durante sus gobiernos. “Los que hoy critican esta iniciativa son los mismos que aprobaron la ‘Ley Televisa’ y persiguieron voces disidentes”, expresó en un video difundido en redes.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum también defendió la iniciativa en la conferencia matutina del 25 de abril y aclaró que “en todo caso hay que corregir la propia redacción”, con lo que hace referencia a las plataformas digitales.
“Ese artículo en particular tiene que modificarse para quedar claro, eliminarse, ese no es el objetivo de la ley. Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso se quita el artículo, se modifica la redacción“
La ley va más allá de los anuncios extranjeros: también busca rediseñar el espectro y cerrar la brecha digital
Aunque buena parte del debate se centró en los posibles riesgos de censura y control de contenidos, la iniciativa también contiene elementos de política pública más amplia. Según el dictamen, se busca garantizar acceso universal a tecnologías de la información y priorizar la conectividad en zonas rurales, marginadas e indígenas. También se establece una nueva clasificación de concesiones (comercial, pública, social y privada) y mecanismos para fomentar la inversión en redes e infraestructura digital.
Además, se regula el uso del espectro radioeléctrico con modelos innovadores como el uso compartido, autorizaciones experimentales y sandboxes regulatorios, así como la ocupación de recursos orbitales y la gestión de comunicaciones satelitales.
Con 283 artículos y 226 páginas, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se presenta como un parteaguas en la política tecnológica de México. Según el dictamen, la reforma responde a una modificación constitucional aprobada en diciembre de 2024 y busca simplificar la estructura del Estado, impulsar la transformación digital y mejorar la inclusión tecnológica.
Cortesía de Xataka
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