A 100 días de haber retomado el poder, el presidente estadounidense, Donald Trump, le imprime a su segundo mandato un ritmo de autoritarismo y polarización constante. Su agenda combina el desmantelamiento del aparato estatal, una política exterior agresiva y una cruzada migratoria sin precedentes. En este breve pero intenso período, el magnate recurrió reiteradamente al decreto presidencial para moldear a su antojo el funcionamiento del gobierno federal, bajo la influencia de su aliado, el empresario Elon Musk. Además impuso aranceles unilaterales que provocaron una guerra comercial global, ejecutó detenciones y deportaciones masivas al filo de la legalidad y sostuvo su política de “máxima presión” en el escenario internacional.
La motosierra institucional
En los primeros tres meses de su periodo de reelección, Trump desplegó una ofensiva histórica contra el aparato estatal, la legalidad institucional y gran parte del consenso democrático que rigió durante décadas la vida pública estadounidense. Firmó más de 170 órdenes ejecutivas (pulverizando el récord de Franklin Delano Roosevelt) para imponer aranceles, perseguir la migración irregular y desmantelar organismos federales, eludiendo al Congreso. Ante esta campaña, que los tribunales intentan frenar, los analistas denuncian peligrosas derivas autoritarias.
Uno de los pilares de este proceso ha sido el DOGE, encabezado por Musk. El empresario, convertido en una especie de “copresidente no electo”, encabezó una “purga burocrática” que incluyó el desguace de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), responsable del 40 por ciento de la ayuda humanitaria mundial, y miles de despidos en el sector federal, bajo criterios de rentabilidad empresarial más que de servicio público.
Musk, acompañado por un equipo de jóvenes con escasa experiencia política, congeló fondos millonarios, recopiló información de empleados y exigió que cada semana justificaran por correo electrónico la continuidad de sus cargos. Sin embargo no logró recortar ni el 10 por ciento del gasto estatal prometido. Tras una caída del 71 por ciento en los beneficios de Tesla y el golpe a su fortuna personal, el magnate anunció que reducirá su presencia en Washington.
Pero la ofensiva también afectó programas esenciales para la ciudadanía. Trump eliminó las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en agencias federales, dirigió ataques ideológicos contra universidades como Harvard y Columbia (acusándolas de antisemitismo) y retiró financiamiento público a modo de presión ideológica. El recorte masivo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dejó sin empleo a más de 10 mil profesionales sanitarios, afectando el desarrollo de investigaciones ligadas al sector y perjudicando a los beneficiarios de los servicios públicos de salud.
América primero, el mundo después
El retorno de Trump a la Casa Blanca también significó un reseteo total de la política exterior estadounidense a la doctrina de “la ley del más fuerte”, propia del estilo del republicano, basada en el unilateralismo, la transacción y la fuerza. Retomó el desprecio por los organismos multilaterales y fortaleció las relaciones bilaterales en las que Estados Unidos siempre debe salir ganando.
Uno de los ejes fue su intento fallido de forzar un acuerdo exprés en Ucrania, incluyendo su promesa de campaña de terminar la guerra “en 24 horas”. Además de no haberlo logrado, Trump frenó la ayuda militar a Kiev y empujó a negociaciones con concesiones a Rusia, que podrían incluir la cesión de territorios ocupados y la exclusión de Ucrania de la OTAN. En paralelo renovó su acercamiento a Moscú, con escasas críticas a Vladimir Putin y un trato hostil al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, a quien humilló públicamente en la Casa Blanca.
El republicano ya se había adjudicado un primer “éxito” incluso antes de ser investido. Su inicial “acuerdo épico de tregua” en la Franja de Gaza, logrado en enero al calor de su victoria en las elecciones, colapsó en marzo cuando Israel, envalentonado por el apoyo incondicional de Trump, rompió la tregua causando más de 2.100 muertes desde entonces.
Durante su primera reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump propuso que Estados Unidos tomara el control del enclave expulsando a sus habitantes, lo que generó indignación a nivel mundial. Mientras tanto reactivó su interés por territorios como Groenlandia, abriendo una disputa con Dinamarca, presionó a China por su presencia en el canal de Panamá y sugirió que Canadá podría convertirse en el “Estado 51”.
El magnate inmobiliario fue consolidando así una diplomacia basada en la lealtad personal a su figura, como es el caso de sus aliados latinoamericanos, como Nayib Bukele y Javier Milei, quienes pagan con fidelidad ciega los avances de Trump sobre sus intereses económicos, mientras avanza en la imposición de aranceles “recíprocos” a todos sus socios comerciales, sin distinguir amigos de enemigos.
Esta guerra comercial fue otra herramienta clave en esta política de “máxima presión”. El 2 de abril, declarado por Trump como el “Día de Liberación”, anunció aranceles masivos, pero el caos bursátil que se desató lo forzó a dar marcha atrás manteniendo sólo los aranceles sobre acero, aluminio y productos chinos. La pausa estará vigente “hasta que tengamos las cifras que quiero tener”, dijo Trump a la revista Time, para después agregar que se reunió “con muchos países”, si bien no dijo cuantos ni cuales.
La pausa, además de causar una ligera recuperación de los mercados, mostró que la endeble medida estaba apuntada de forma particular a China, a la que Trump ve como la principal amenaza contra la industria estadounidense. El punto de inflexión público que marcó el cambio de registro en el choque con China fue la confesión en un evento privado del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que la guerra comercial, en los términos actuales, es “insostenible” y, por tanto, habría que dar marcha atrás de algún modo.
Deportar para gobernar
La promesa de ejecutar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país ha sido una piedra angular de la narrativa migratoria de Trump desde el primer día de su segundo mandato. En estos 100 días firmó más de 170 decretos en la materia, involucrando incluso al Pentágono y al Departamento de Justicia en operativos migratorios.
A pesar de sus promesas, el magnate republicano enfrentó obstáculos judiciales y logísticos para cumplir plenamente su estrategia. El gobierno celebró el aumento de arrestos diarios, que pasaron de 310 a más de 650 según el Migration Policy Institute, pero evitó publicar datos completos sobre deportaciones. Los registros disponibles indican un ritmo similar o incluso menor al del gobierno de su predecesor, Joe Biden.
En medio de su ofensiva se reportaron múltiples detenciones irregulares, incluso de ciudadanos estadounidenses y migrantes con estatus legal. Trump también suspendió el parole humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, dejando a más de medio millón de personas en un limbo legal. Como nueva medida incluso comenzó a usar la base naval de Guantánamo para retener migrantes antes de deportarlos a terceros países, lo que generó fuertes críticas internacionales.
En marzo Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, vigente desde 1798 y raramente utilizada, para encarcelar a más de 200 migrantes en El Salvador, sin juicio ni contacto con sus familias. Human Rights Watch calificó esta medida como una “desaparición forzada”. La Corte Suprema ordenó una pausa, pero el Ejecutivo desoyó la decisión. Con este despliegue, Trump busca consolidar la narrativa de “mano dura” que lo llevó de nuevo a la presidencia, y que ahora intenta transformar en una cruzada definitiva contra lo que él llama una “invasión” migrante.
Según encuestas de medios locales publicadas el domingo, Trump cuenta con el porcentaje de aprobación más bajo en sus primeros 100 días en el gobierno que cualquier presidente en las últimas siete décadas. De acuerdo con un sondeo de CNN realizado por la consultora SSRS el mandatario republicano cuenta con un índice de aprobación del 41 por ciento en sus primeros 100 días de gobierno, el número más bajo para cualquier presidente recién elegido desde al menos Dwight Eisenhower, incluido el primer mandato del propio Trump.
Cortesía de Página 12
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