Con los cambios geopolíticos y las nuevas prioridades en política exterior determinadas por el gobierno de Donald Trump, es muy probable que en un corto plazo aumente el número de bases militares de los Estados Unidos establecidas en América Latina y el Caribe, consideradas hasta el momento en 76 de un total de cerca de 800 distribuidas por todo el mundo.
Las principales preocupaciones que tiene hoy la política exterior de la Casa Blanca en nuestra región se resumen en impedir el avance económico de China, combatir la inseguridad promovida principalmente por organizaciones ligadas al narcotráfico y a un impreciso y versátil “narcoterrorismo” y, en lo que se trataría de un giro notable en el actual gobierno republicano, brindar apoyo logístico a las deportaciones de inmigrantes expulsados desde los Estados Unidos.
En los últimos tiempos, y frente a la controversia que siempre genera la instalación de nuevas bases, el gobierno estadounidense a desplegado diversas estrategias que van desde la creación de establecimientos de manera permanente, a la puesta en marcha de destacamentos junto con los ejércitos locales, para llevar a cabo actividades de cooperación conjunta que, además de ser más económicas, por lo general no necesitan un trámite parlamentario complejo para su aprobación, evitando así una mayor difusión o cobertura mediática que podría resultar contraproducente.
En todos los casos, a través de las bases y diversos emprendimientos e iniciativas militares, Washington apuesta a un mayor control en distintas áreas estratégicas cuyo valor se incrementa ya sea por la existencia de recursos naturales, o bien por la búsqueda de predominio en un territorio puntual con fines específicos o, de manera directa, frente a la posibilidad de enfrentar escenarios potencialmente conflictivos, a corto y mediano plazo.
El territorio latinoamericano alberga todo tipo de instalaciones militares comenzando por la más antigua, la base de Guantánamo, considerada como uno de los principales centros de violaciones a los derechos humanos en todo el mundo y que hoy se está reformulando para alojar a inmigrantes indocumentados. Las nuevas bases contempladas por el gobierno de Trump no se diferenciarían demasiado del modelo instaurado que, desde 1903, ocupa ilegalmente parte del suelo cubano.
En su reciente viaje a Panamá a inicios de abril, el secretario de Defensa Pete Hegseth, firmó un Acuerdo de Entendimiento con la administración de José Raúl Mulino para que Estados Unidos despliegue tropas en áreas adyacentes al canal. Si bien esta medida contradice a la Constitución que establece la neutralidad del canal y declara que sólo dicho país centroamericano podrá tener fuerzas militares en territorio nacional, existe un vacío legal, ya que uno de los tratados permite a Estados Unidos defender la vía interoceánica cuando sienta que su neutralidad está en peligro.
De este modo, Washington podrá desplegar un número no especificado de personal en tres bases que el Pentágono había construido cuando anteriormente controlaba el canal: la Base Aérea “Howard”, la Estación Naval “Rodman”, y la base aeronaval “Sherman”, los que se suman a las 12 bases estadounidenses que ya existían en Panamá.
Además, Trump obtuvo el libre paso de buques de la Armada de Estados Unidos por el canal un “costo neutral” para Panamá. Por último, Mulino aceptó que el país podría ser un punto de tránsito para los migrantes ilegales expulsados desde Estados Unidos como ya ocurre con los indocumentados de India, China, Uzbekistán, Pakistán y Afganistán que ya empezaron a arribar.
Junto con Panamá, el otro país que se destaca en la escena latinoamericana bajo esta nueva era Trump es Ecuador, más aún, luego de la reelección de Daniel Noboa en el balotaje del 13 de abril. El principal ofrecimiento del país andino son las Galápagos, en las que Estados Unidos ya mantuvo una base en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, la prioridad del Pentágono es impedir el avance de China, si bien en el discurso oficial se asegura que la militarización de las islas respondería a una mayor seguridad frente al aumento del narcotráfico en el Pacífico.
Pese a que la Constitución de 2008 impide el establecimiento de bases extranjeras en territorio ecuatoriano, y a que las islas son resguardadas como “Patrimonio Natural de la Humanidad” por la UNESCO, Noboa contempla convocar a una reforma constitucional a corto plazo para habilitar la militarización estadounidense en las Galápagos, y no descarta recuperar la antigua base de Manta, cuyo permiso se venció en 2009 sin renovación por el gobierno de Rafael Correa.
Por otro lado, la importancia del Pacífico también afecta las relaciones exteriores del gobierno de Dina Boluarte que, con la inauguración en 2024 del megapuerto de Chancay, al norte de Lima, ha terminado de insertar a Perú en la iniciativa de la Franja y la Ruta comandada desde Beijing. Para balancear, el gobierno peruano ha ofrecido a Estados Unidos la construcción de un puerto espacial cerca de la ciudad de Talara, en el departamento de Piura, a partir de la inversión conjunta entre el Comando Sur y la NASA, que actualmente está bajo control de Elon Musk.
Por su parte, últimamente Guyana se ha convertido en un conglomerado al servicio del Comando Sur, mientras aumentan las tensiones con Venezuela, en medio de la creciente explotación petrolera en la región en disputa del Esequibo. Así, Estados Unidos ha acondicionado el Aeródromo Brigadier Gary Beaton y está construyendo cuatro estaciones fluviales, entre otras iniciativas para el fortalecimiento de la defensa guyanesa, aliada contra Venezuela, con otras bases en El Caribe.
Finalmente, se encuentra el emprendimiento entre Estados Unidos y el gobierno de Javier Milei para construir en Tierra del Fuego una base con un acceso preferencial al Atlántico Sur y a la Antártida, por lo que Washington compartiría esa vía junto con el Reino Unido. La visita a Argentina por estas horas de Alvin Holsey, nuevo jefe del Comando Sur, seguramente avanzará en este terreno.
Resulta claro el interés del gobierno de Trump no sólo por fortalecer sus posiciones en América Latina, sino también por avanzar en la dominación de nuevos territorios y de asegurar su acceso a recursos naturales y estratégicos, lamentablemente, con el decisivo apoyo de gobiernos aliados.
Cortesía de Página 12
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