A dos meses de la promulgación en la región de Toscana de la primera y única ley que regula el suicidio asistido en el país, el Gobierno de Italia anunció este viernes su impugnación.
El proyecto de ley, aprobado en febrero por el parlamento toscano, había sido presentado por iniciativa popular por la Asociación Luca Coscioni, especializada en derechos civiles. En el documento, se aclaraban los plazos y modos en los que un ciudadano puede reclamar el “suicido asistido“.
Sin embargo, el Ejecutivo, al mando de la dirigente ultraconservadora Giorgia Meloni, consideró que la legislación regional contradice el artículo 117 de la Constitución, que concede al Estado la competencia “exclusiva“ del ordenamiento civil y penal y de la prestación de derechos civiles y sociales en todo el territorio nacional.
La propuesta de impugnación de la ley fue promovida por el titular de Asuntos Regionales y Autonomías, Roberto Calderoli, del partido ultraderechista Liga, y socio de Meloni. El Consejo de Ministros fue el que la aprobó. En tanto, la agrupación Provita e Famiglia (Provida y Familia) celebró la decisión.
Suicidio asistido: el debate y promulgación de la Ley en Toscana
La región italiana de Toscana se convirtió en febrero en la primera del país en aprobar una ley que regula el suicidio asistido. Hasta la promulgación del Gobierno nacional de este viernes, esto significaba la existencia de un procedimiento legal y claro para que personas con enfermedades graves e irreversibles puedan solicitar ayuda médica para morir dignamente.
Con la Ley se buscó llenar un vacío legal que existía desde que el Tribunal Constitucional despenalizó el suicidio asistido en 2019, ya que el Parlamento nacional no había legislado nada al respecto.
Hasta ese entonces, el suicidio asistido podía acarrear penas de hasta 12 años de cárcel, si bien nunca se había hecho. En tanto, la falta de una normativa clara obligaba a evaluar cada caso individualmente, y muchos pacientes optaban por viajar a Suiza para acceder a esta opción.
El proyecto de ley que se aprobó en febrero había sido presentado por la Asociación Luca Coscioni, especializada en derechos civiles. Determinaba, entre otras cosas, que las solicitudes sean evaluadas en un plazo de 20 días por una comisión médica, y que si se aprobaba la eutanasia, se determinan los detalles del procedimiento en 10 días. En total, el proceso no debía superar los 54 días.
El Consejo Regional de Toscana dio luz verde a la ley con 27 votos a favor (principalmente del Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas) y 13 en contra (de partidos conservadores como Hermanos de Italia). El presidente regional, Eugenio Giani, destacó en aquel momento que esta medida era un avance en derechos civiles y una señal para el resto del país.
En tanto, desde la oposición, establecida por organizaciones conservadoras y religiosas, como Provita e Famiglia, criticaron que la ley era inconstitucional, y desde febrero solicitaron al Gobierno Nacional que la impugne. El cardenal Paolo Lojudice había calificado la medida como una “deriva peligrosa” y una “derrota para todos”, reiterando la postura de la Iglesia Católica en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
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Cortesía de Página 12
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