Las inversiones de los privados en infraestructura, a través de Asociaciones Público Privadas (APP) se concentran en transporte y energía, mientras que sectores como agua, medio ambiente, salud y educación están rezagados, pese a su alto valor social.
De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en Proyectos México (Banobras, 2024), en 2025 se identifican 513 proyectos bajo el esquema de Asociación Público-Privada. La mayoría de los proyectos se encuentra en fase de ejecución y operación, del total, el sector transporte concentra 243, seguido de hidrocarburos con 109 y electricidad con 80 proyectos.
En contraste, áreas como agua y medio ambiente, telecomunicaciones, infraestructura social, inmobiliario y turismo registran una participación menor con 32 proyectos en total.
“Esta concentración sugiere que las condiciones actuales favorecen iniciativas con esquemas de ingresos más claros para el capital privado, en el caso de transporte y energía. También corresponde a las áreas de priorización que se han observado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y cuenta pública en los últimos 10 años, lo que confirma una alineación de proyectos con las estrategias de inversión del sector público”, detalló Leslie Badillo, investigadora del CIEP en su análisis.
¿Qué son las APP?
Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son un mecanismo de colaboración entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura y la provisión de servicios públicos. A través de estas asociaciones, el Estado puede aprovechar la capacidad técnica, operativa y financiera del sector privado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la ejecución de obras y en la gestión de servicios, sin que ello implique necesariamente una privatización.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, este tipo de inversiones fueron revisadas y pausadas, su incidencia y presupuesto fue menor en comparación con administraciones pasadas como las que estuvieron a cargo de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón.
Aunque las APP nunca fueron eliminadas formalmente, su presencia en el gasto público se mantuvo limitada. En 2017 representaban apenas el 0.04% del presupuesto de inversión pública federal, de acuerdo el análisis del CIEP.
Para 2025, esa proporción creció a 1.13%, con una inversión de 11,372 millones de pesos. De ese monto, el 77% corresponde a proyectos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), principalmente para rehabilitación de carreteras en 10 entidades.
La actual administración ha mostrado un mayor interés y apertura para la inversión privada, en vista de un ritmo más moderado en la generación de ingresos por venta de petróleo, y presiones al gasto como el pago de la deuda y pensiones.
La investigadora del CIEP refiere que este tipo de financiamiento de infraestrutura y servicios públicos es importante en momentos de restricción fiscal porque incentiva la inversión del sector privado en la construcción de obra pública.
Gilberto Lozano Meade, socio director de Roland Berger México consideró que la apertura a la inversión privada en esta administración es positiva, no obstante, imperan los proyectos de infraestructura, sin ampliar el portafolio de proyectos que tiene el gobierno para que el sector privado participe en estos.
Mientras, crece la necesidad de infraestructura para el tratamiento y uso de agua, en vista del deterioro ambiental, y la relacionada con energías renovables y telecomunicaciones.
El tema del agua podría sofisticarse más,claramente la captación de agua es un punto crítico. Hay muchos pendientes de infraestructura y ahí sí habrá que explorar las mejores maneras de hacerlo. El tema de la necesidad hídrica a futuro y de cómo va a estar hacia adelante, pues no era un tema del que hubiera mucha experiencia en el pasado.
Lozano destacó que en conjunto con la iniciativa privada se puede explorar el tema de la captación y distribución de agua, además de que los privados puedan participar para solucionar problemas como el desperdicio, el cual se relaciona con el riego.
“Una política pública integral debe contemplar mecanismos presupuestarios más flexibles que permitan la participación privada en sectores estratégicos con menor rentabilidad directa, pero mayor impacto público”, señala el informe del CIEP.
Hacia 2025, el gobierno federal impulsa una transformación en su estrategia, dando paso a un nuevo esquema de “inversión mixta” que busca ampliar la colaboración con la iniciativa privada para atender las crecientes necesidades del país. La SICT ya anticipa que el 70% de las licitaciones en infraestructura para este año serán públicas, mientras que el resto se asignará por invitación restringida, lo que abre la puerta a una mayor inclusión del sector privado.
Inversión mixta, el nuevo rostro de las APP
La administración federal anunció que construirá cuatro carreteras bajo este nuevo modelo de coinversión. Las obras se ubican en Sonora, Michoacán, Veracruz y Querétaro, y se desarrollarán en alianza con empresas privadas.
De acuerdo con el gobierno, este modelo representa una continuidad técnica de las APP, aunque con una nueva narrativa institucional. El esquema se aplicará también en proyectos como la carretera Córdoba-Veracruz y el bypass de Tijuana.
Entre 2025 y 2026 también se iniciará la edificación de 20 puentes y distribuidores viales en estados como Baja California Sur, Nayarit, Veracruz y Tlaxcala, muchos de ellos bajo esquemas de colaboración público-privada.
Un cambio de postura
El giro estratégico del gobierno responde a restricciones fiscales y al deterioro acumulado de la infraestructura. En 2024, la Secretaría de Hacienda reorientó 11,000 millones de pesos originalmente destinados a mantenimiento carretero para cubrir daños provocados por el Tren Maya.
Esta decisión dejó licitaciones en curso sin ejecutar y agravó la precariedad vial en estados del sureste, de acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
El organismo insiste en la necesidad de multiplicar la inversión. “Creemos que se necesita el doble o tal vez el triple de inversión en infraestructura”, dijo su presidente, Luis Méndez Jaled. Según el organismo, para que México compita globalmente en condiciones favorables se requiere una inversión equivalente al 6% del PIB, mientras que actualmente se invierte menos del 3%.
El nearshoring acelera la agenda
El impulso a la inversión mixta también responde a la estrategia federal de aprovechar el fenómeno del nearshoring.
El llamado Plan México contempla 1,937 proyectos de infraestructura en todo el país, con énfasis en logística, energía y agua. La CMIC ha insistido en que el sector privado debe participar activamente en su implementación: “El sector privado no puede seguir siendo solo un espectador: es un actor fundamental”, dijo Méndez Jaled.
En este contexto, la cámara ha propuesto crear una ventanilla única para agilizar permisos, otorgar beneficios fiscales a empresas constructoras y establecer mecanismos de mediación para resolver controversias. También promueve alianzas con bancos y asociaciones comerciales para integrar a las micro y pequeñas empresas en los nuevos proyectos.
CMIC: apertura institucional, pero con reservas
Pese a reconocer la apertura de diálogo con el gobierno actual, la CMIC ha expresado reservas sobre el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en la ejecución de obra pública. “No hay ningún recurso que alcance para todos estos proyectos”, señaló su presidente, al advertir que el modelo actual centralizado limita la participación técnica de las constructoras civiles.
Aun así, el organismo mantiene mesas de trabajo con la SICT y la coordinadora de desarrollo económico, Altagracia Gómez, para impulsar proyectos conjuntos con financiamiento mixto. En la agenda figuran las 650 necesidades de obra pública que ha identificado el gremio, con un valor estimado de 1.4 billones de pesos.
Cortesía de Expansión
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