El Tratado Antártico, firmado en 1959 y que prohíbe la actividad militar y la minería al sur del paralelo 60°, ha convertido a la Antártida en una excepcional zona de paz y de amplia producción científica. Sin embargo, todo esto podría comenzar a cambiar en las próximas semanas.
Durante la 47ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA), que tendrá lugar en Milán del 23 de junio y el 3 de julio de 2025, y en la que participarán 29 gobiernos, podrían producirse noticias negativas para el futuro del Continente Blanco. Ningún país, signatario o no del acuerdo, había planteado cambiar la estructura de gobierno y de soberanía sobre la Antártida. Hasta ahora.
Actualmente existe el riesgo de que la Casa Blanca anuncie la desvinculación de Estados Unidos del Tratado con el objetivo de avanzar en un reclamo territorial y, de ese modo, explotar las enormes riquezas que yacen bajo el manto de hielo y en las aguas profundas del océano Antártico.
Por otra parte, y si las modificaciones son aprobadas, pero posteriormente no son ratificadas, el gobierno de Estados Unidos tendría el argumento perfecto para retirarse del Tratado, lo que ocurriría vencido el plazo de dos años. Se evitaría así tener que esperar hasta 2048, cuando en principio deberían revisarse los contenidos generales del acuerdo para su mantenimiento a futuro.
De hecho, Trump ya realizó varios movimientos y asumió distintas iniciativas que prevén la posibilidad de que Estados Unidos rompa con su participación en el Tratado Antártico.
En primer lugar, en sus dos gobiernos, el viejo líder republicano ordenó la salida estadounidense de foros multilaterales como el acuerdo climático de París, cuyas conclusiones en torno al calentamiento global tienen derivaciones directas en la Antártida, tanto en sus patrones meteorológicos como así también en el deshielo y en el progresivo aumento del nivel del mar.
Además, el pasado 25 de abril la Casa Blanca abrió la posibilidad de que la actividad minera se desarrolle en el fondo de los océanos, incluso, en aguas internacionales, más allá de la jurisdicción estadounidense. La renovada búsqueda de metales como el manganeso, el níquel, el cobalto y el cobre, junto con tierras raras, imprescindibles para los actuales recursos tecnológicos, podría aumentar el PBI de los Estados Unidos en 300 mil millones de dólares. Varias ONG y organismos internacionales dedicados a la preservación del medio ambiente hicieron valer sus críticas a Trump.
Por último, recientemente la Casa Blanca recortó 60 millones de dólares para la continuidad de las investigaciones científicas que hasta ahora se estaban llevando adelante en el Polo Sur. Si bien esta iniciativa atenta contra el liderazgo estadounidense en el corto plazo en el territorio antártico, esto no significa que bajo otras condiciones y, sobre todo, ya sin la mediación legal del Tratado, desde Washington no se planeen inversiones futuras en actividades mineras, de manera cofinanciada, junto con distintas corporaciones privadas interesadas en obtener las mayores ganancias posibles.
Hoy el Tratado es el único obstáculo legal existente que frenaría una nueva apropiación o, al menos, una nueva demanda de territorios antárticos, mientras sitúa en un conveniente suspenso, las reclamaciones anteriormente presentadas por Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido.
Más allá de las suspicacias, para Estados Unidos, la estrategia sería simple y directa. Consistiría principalmente en el avance en la Tierra de Marie Byrd, una inmensa porción en el continente de hielo hasta ahora no reclamado por ningún gobierno, teniendo como objetivo la explotación al equivalente a 500 mil millones de barriles de petróleo y gas. De igual modo, buscaría el control sobre la pesca en la Zona Económica Exclusiva del Mar Antártico que alberga extensas poblaciones de vida marina comercialmente explotables, principalmente, de krill.
Hasta ahora, Estados Unidos no ha reclamado una porción del territorio y, en cambio, se ha reservado el derecho a pedir la totalidad o parte de la Antártida en el futuro, si bien ningún gobierno puede hacer valer sus reivindicaciones ni presentar nuevas demandas mientras el Tratado siga vigente. Pero las dudas y sospechas hoy están más presentes que nunca: desafiar el acuerdo, o directamente abandonarlo, podría desatar una reacción en cadena por parte de otros países, y una lucha por tierras y recursos sin precedentes, y como nunca había existido en el continente polar.
Para Trump el principal argumento que justificaría la salida del Tratado sería el progresivo plan de conquista que supuestamente estarían llevando adelante China y Rusia en estos últimos años.
Desde Washington asumen que el proyecto expansivo sólo tiene como fin la posterior anexión territorial. Sin embargo, todos los movimientos realizados hasta ahora desde Beijing y Moscú han sido con apego al Tratado: ningún gobierno necesita la aprobación de otro para establecer nuevas bases científicas que, en todo caso, deberán sujetarse a una serie de medidas de carácter ambiental. De igual modo, el acuerdo posibilita los estudios prospectivos para la determinación de nuevos yacimientos, pese a lo cual en febrero de 2024 el anterior gobierno de Joe Biden no dudó en sancionar al barco ruso Akademik Alexander Karpinsky por sus investigaciones científicas.
En este contexto, las once estaciones mantenidas por Rusia (la mitad de ellas momentáneamente cerradas) y las cinco con las que próximamente contará China, representan una amenaza para Estados Unidos, que solo tiene tres bases, si bien dos de ellas son de una alta importancia geopolítica: McMurdo, considerada como la más grande del continente, con capacidad para 1204 personas, y Amundsen-Scott, estratégicamente situada en el Polo Sur y, por ende, con alcance en todos los territorios reclamados por las siete naciones con presencia en la Antártida.
Por los intereses coloniales y las ambiciones imperiales de los Estados Unidos en esta nueva era Trump, es muy factible que el Continente Blanco cambie para siempre, y que se convierta en presa de las apetencias expansivas de una potencia cada vez más necesitada de recursos energéticos y comerciales para refrenar, tanto como sea posible, la decadencia de sus pretensiones hegemónicas.
Entre las muchas dudas que surgen ante la eventual ruptura del Tratado Antártico, una no menor se refiere a la actitud que podrían asumir los gobiernos aliados a la Casa Blanca y, puntualmente, aquellos que, como Argentina, mantienen una reivindicación de soberanía en ese extenso territorio.
Cortesía de Página 12
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