Víctimas de las adopciones ilegales cometidas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se manifestaron para exigir celeridad en la creación de un banco público de ADN que ayude a facilitar el reencuentro con sus familiares y que fue anunciado el domingo pasado por el presidente, Gabriel Boric.
Al grito de “¡No más silencio!” y “¡Nos mintieron, nos sedaron, nuestros hijos nos robaron!” y vestidos de negro, miembros de la Fundación Hijos y Madres del Silencio celebraron la medida frente al palacio presidencial de La Moneda, pero aseguraron que el banco debe crearse antes del fin del mandato de Boric, en marzo próximo, o la promesa “caerá en el olvido”.
“Es una medida muy importante, similar a lo que tienen las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, pero queremos que realmente se cumpla. Hay muchas madres que se están muriendo y hay que hacerlo ya“, dijo a la agencia de noticias EFE Marisol Rodríguez, fundadora y vocera de la ONG y quien busca a su hermano, nacido y dado por muerto en 1972 en un hospital de Santiago.
“Los médicos se llevaron para siempre”
El establecimiento del banco público permitiría a cualquiera que tenga dudas sobre su origen consultar de manera extrajudicial la base de datos genéticos sin necesidad de recurrir a la justicia y abrir un proceso penal. La medida fue anunciada el pasado domingo por Boric durante su último discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento, pero aún se desconocen los detalles.
“Hay muchas personas apropiadas, que no tuvieron un proceso legal de adopción y que no quieren involucrar a sus padres supuestamente adoptivos, pero sí saber sus orígenes”, apuntó Rodríguez. Aunque hay registro de estas acciones a partir de los años 60, fue durante la dictadura cuando se registraron la gran mayoría de los casos, en una práctica que se consolidó gracias a la participación de médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos y que afectó principalmente a madres jóvenes y de pocos recursos.
De los cerca de 20 mil menores chilenos que se calcula que fueron adoptados de forma irregular por familias extranjeras, solo mil se han reencontrado con sus familias, según cifras del poder judicial. Estados Unidos, Suecia, Alemania, Francia, Italia, España o Países Bajos fueron los principales destinos de los menores.
La salida al extranjero fue principalmente con dos métodos: por entrega de la tutela del pequeño a un tercero para que pudiera viajar y ser adoptado bajo las leyes del país de destino; o por inscripción en el Registro Civil de un falso certificado de defunción del bebé, para luego ser inscripto por los padres adoptivos como propio en otro país.
María Inés Soto, quien busca a su hija desde 1967, reconoció a EFE tener “emociones encontradas” tras el anuncio de Boric “porque en 2020 (durante el segundo gobierno del derechista Sebastián Piñera) ya hubo un intento de crear un banco público de ADN, se sacaron muy pocas muestras y ahí se quedaron”. Y aseguró: “Esperamos que esta vez no sea así”.
“Yo pido a quien tenga información, que no las dé, para que todos nuestros hijos e hijas vuelvan”, agregó Nilda, que dio a luz en 1974 a “una guaga (bebé) sana y hermosa, que los médicos se llevaron para siempre” con la excusa de que estaba enferma.
Hito judicial
Las primeras denuncias salieron a la luz en 2014, pero no fue hasta 2018 cuando la justicia chilena abrió una investigación sobre uno de los episodios más oscuros de la dictadura. Esta semana se cumplió un importante hito judicial, ya que por primera vez un juez logró acreditar la existencia de una red de adopciones ilegales durante el régimen y procesó a las primeras cinco personas por sustracción ilegal de menores.
En un fallo sin precedentes, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Aguilar Brevis ordenó la prisión preventiva para cinco personas, acusadas de “asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros”, indicó el poder judicial en un comunicado.
El magistrado logró acreditar que en la década de los 80 existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza para detectar y entregar en adopción a menores de edad, cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los 50 mil dólares, precisó el comunicado.
La líder de la supuesta red era Ivonne Gutiérrez Pavez, la entonces titular del Juzgado de Menores de San Fernando y quien actualmente vive en Israel. El juez Brevis solicitó a la Corte Suprema de Justicia la extradición de la acusada, en virtud del Convenio Europeo de Extradición, que incluye al Estado de Israel.
Cortesía de Página 12
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