Una nueva denuncia sacude a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), al revelarse por parte de las victimas, la existencia de una red de extorsión que opera en el área de combustibles a nivel nacional, con la presunta participación de exempleados y actuales funcionarios de alto nivel.
De acuerdo con empresarios, extrabajadores y fuentes internas, esta estructura estaría encabezada por María Margarita Alvarenga Baeza, quien sin tener cargo oficial alguno, se identifica como operadora del director general de Verificación, Gabriel Leyva Martínez.
Según la denuncia, Alvarenga impone cuotas mensuales a estaciones de servicio, y en caso de incumplimiento, ordena operativos de verificación que derivan en clausuras, aún si las estaciones venden litros completos.
Cortesía de Unomásuno.
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