Estamos en la mitad del año y la puerta giratoria de presos políticos sigue sin parar. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua acumulan casi 2,400 presos políticos. Todos comparten modelos autoritarios donde opinar y pensar diferente es un delito grave que se paga con la cárcel e incluso con la vida.
Cuba, la dictadura con 66 años en el poder, lidera el ranking de presos políticos. Según Prisioners Defender el régimen de la isla tiene 1,158 arrestados entre activistas, religiosos, comunicadores e incluso personas que simplemente expresaron una opinión divergente.
Cuba aprobó hace dos años un nuevo Código Penal que lejos de modernizar la impartición de justicia, refuerza las sanciones y castigos contra la ciudadanía incluyendo la pena de muerte. Los civiles son llevados a tribunales militares y la tortura esta vigente.
En Venezuela se reportan 932 presos políticos, de los cuales 837 son hombres y 95 mujeres. Tras la victoria electoral de Donald Trump, Maduro liberó algunos presos políticos para intentar lavarse la cara, pero ante su fracaso la represión continuó su curso.
Organizaciones como Foro Penal destacan que desde 2014 se han registrado 18, 420 detenciones políticas en Venezuela. El régimen de Venezuela ha contado con el apoyo directo de “asesores cubanos” para el espionaje, persecución y tortura de presos políticos.
En Nicaragua se registran 52 presos políticos. La cifra pareciera pequeña en comparación con las dictaduras de Cuba y Venezuela, sin embargo, Ortega practica las desapariciones forzadas, destierros, exilios y casa por cárcel para miles de ciudadanos.
Entre 2018 y 2022, más de 260 mil nicaragüenses, 4% de la población, abandonó el país debido a la persecución política. En Nicaragua no existe ningún tipo de libertad civil o religiosa. Ortega ha sido señalado de causar la muerte incluso de su propio hermano el General Humberto Ortega.
En Bolivia, con un sistema de jueces de “elección popular”, la justicia esta sometida a intereses políticos y cocaleros. Las cifras de presos políticos se calculan en más de 314, la mayor parte de estos es producto de los regímenes de Evo Morales y Luis Arce.
La expresidenta Jeanine Añez es presa política desde el año 2021 y ha sido condenada a 10 años de prisión. Su principal delito ha sido defender la libertad y enfrentar con coraje al régimen cocalero de Evo Morales.
Arrestar o desaparecer a los adversarios políticos, periodistas o defensores de derechos humanos no es un signo de fortaleza sino de gran debilidad. Los regímenes que mantienen presos políticos intentan acallar a voces incomodas, atemorizar a la sociedad y criminalizar el ejercicio de las libertades cívicas.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la nueva OEA, guardan silencio sepulcral ante las dictaduras y sus presos políticos. No protegen a las víctimas sino a sus victimarios. Confunden la no injerencia con la más abyecta de las complicidades.
Las guerras en Gaza, Irán y Ucrania roban protagonismo a la grave crisis de Latinoamérica y tienden a normalizar los brutales crímenes de las tiranías de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. La lucha por la liberación total de los presos políticos debe reforzarse y visibilizarse. Nosotros somos su voz. No podemos callarnos.
*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.
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Cortesía de El Economista
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