El exilio de al menos 40 periodistas y activistas registrado por la Asociación de Periodistas de El Salvador en las últimas semanas, y la detención de una abogada y de un abogado críticos del gobierno de Nayib Bukele son solo parte de las consecuencias de la escalada de ataques y persecución del presidente salvadoreño en contra de las voces disidentes de la narrativa oficial desde que comenzó su primer mandato, en 2019. Mientras, el país centroamericano también está en debate internacional por recibir a más de 200 migrantes deportados desde Estados Unidos para encarcelarlos, situación por la cual el Estado salvadoreño podría ser denunciado en los próximo días ante la Corte Penal Internacional.
Mayo fue un mes convulso para El Salvador. Después de que el periódico digital El Faro publicó en tres entregas una entrevista audiovisual con dos pandilleros prófugos que revelaron las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas desde que él fue alcalde de la capital, San Salvador (2015-2018), hasta ganar por primera vez la presidencia, a cambio de la reducción de la violencia y de los homicidios, el equipo de periodistas a cargo de la investigación tuvo que abandonar el país y ahora está en el exilio. Fuentes judiciales les advirtieron a los periodistas que la Fiscalía General de la República (FGR) preparaba órdenes de detenciones en su contra por las publicaciones.
Además, el mes pasado, el Congreso, dominado por el oficialismo, le aprobó de forma exprés a Bukele una Ley de Agentes Extranjeros que condiciona el trabajo de las organizaciones sociales y de la prensa independiente. Esta ley obliga a las personas y a las organizaciones que reciben fondos extranjeros a registrarse en una instancia dentro del Ministerio de Gobernación coordinada con la FGR, e impone un arancel del 30 % por cada donación que reciban. Según el gobierno, la ley tiene por finalidad que las y los salvadoreños conozcan quiénes son los “agentes extranjeros” que “inciden en la opinión pública”, y prohíbe que los fondos recibidos desde el exterior sean utilizados para fines políticos.
La aprobación de esta ley estuvo antecedida por la detención de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonor López. La noche del 18 de mayo, López fue detenida en su casa y la Fiscalía la acusa del delito de enriquecimiento ilícito en un caso al que la justicia le ha puesto reserva, pese a que la abogada ha pedido un juicio público. Horas después de su detención, el Comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, quien era un férreo defensor de la estrategia de seguridad de Bukele, renunció a su cargo sin mencionar las razones.
En El Salvador, López ha sido una de las voces más críticas de la gestión de Bukele, no solo ha denunciado constantemente la falta de legitimidad del gobierno -ya que Bukele se reelegió en febrero de 2024 violando seis artículos de la Constitución-, sino que también llevó adelante investigaciones sobre casos de corrupción del oficialismo. El 7 de junio, días después de llamar “dictador” a Bukele y cuestionar en una entrevista televisiva el proceso judicial de su colega López, el constitucionalista Enrique Anaya fue detenido por acusaciones de lavado de dinero. La justicia también puso reserva a su proceso judicial.
Miedo a ir presos por criticar
Estas detenciones ocurren mientras El Salvador cumple tres años bajo un régimen de excepción, una estrategia de Bukele para combatir a las pandillas que ha convertido al país centroamericano en uno de los países con mayor población carcelaria a nivel mundial por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el sitio de estadísticas World Prison Brief. Datos oficiales establecen que, desde marzo de 2022 hasta la fecha, más de 85 mil personas han sido detenidas.
La semana pasada, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó los resultados de una encuesta que señala que seis de cada 10 salvadoreños tienen miedo de criticar al gobierno de Bukele. Y que, de 100 ciudadanos, 48 temen ir presos por hacerlo.
“Lo que queda claro a partir de los tres años del régimen de excepción es que el gobierno puede detener a quien quiera y no hay ninguna organización que pueda intervenir para proteger derechos”, señala a PáginaI12, Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. Bullock considera, además, que la Ley de Agentes Extranjeros busca “aplastar” a la sociedad civil y al periodismo.
Aunque en El Salvador, el régimen de excepción ha condicionado el trabajo de los activistas y de la prensa, internacionalmente ha catapultado la imagen de Bukele al punto de entablar un acuerdo con Donald Trump para que el gobierno salvadoreño reciba en una cárcel de máxima seguridad a los migrantes acusados de delitos graves en Estados Unidos que, en medio de una campaña xenófoba, el gobierno estadounidense decida deportar.
En marzo pasado, Trump deportó a 261 personas a El Salvador, la mayoría son de origen venezolano. La justicia estadounidense las vincula a la banda criminal El Tren de Aragua. Los migrantes están aislados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo y la semana pasada, la Fundación El Amparo, que representa a 10 de los detenidos, adelantó que recurrirá ante la Corte Penal Internacional por las conciciones carcelarias en las que se encuentran y porque El Salvador no responde los recursos judiciales que han presentados.
Los primeros ataques a la prensa
“El presidente metió a la prensa en el contexto de un juego político partidario de una forma bastante perversa, a mi juicio, y por eso te podría decir que la hostilidad inició desde el primer año de su gobierno”, señala a este periódico, Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador y subjefe de la redacción de El Faro, el periódico digital que reveló las negociaciones de Bukele con las pandillas y que es un referente del periodismo de investigación en la región.
Arauz hace un recuento de los ataques de Bukele a la prensa, entre ellos: en el primer año de gestión, el gobierno inició cuatro auditorías en contra El Faro, acusando al periódico de evasión de impuestos. Esto ha condicionado el trabajo del medio, pues debe destinar los pocos fondos con los que opera para el litigio de estos procesos, que, además, han escalado a una instancia penal. A esto se suma la censura de la información pública, la aprobación de la Ley de Datos Personales, que crea una agencia de ciberseguridad; reformas a la Ley de Bases de Datos que podrían criminalizar el trabajo de periodistas que usen en sus investigaciones bases de datos; y la reciente Ley de Agentes Extranjeros.
“La oposición ha convertido la manipulación en su principal estrategia y el periodismo es una de sus principales armas. El periodismo falso. Que tenía reglas éticas, un método, yo creía en eso. Yo creía que el periodista buscaba la objetividad, por más difícil que fuera, la buscaba. Con el tiempo entendí que en la mayoría de casos eso no existe, lo que hay son agendas y periodistas que responden a ellas”, arremetió Bukele, el pasado 1 de junio, en la conmemoración de su segundo año como presidente reeelecto.
Bukele ganó la presidencia en 2019. Dos años después, su partido obtuvo la mayoría de diputados en el Congreso. Esto le permitió destituir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, e imponer en esos cargos a personas afines al gobierno. Con el poder concentrado, logró modificar el sistema electoral y postularse a la reelección inmediata, prohibida en la Constitución salvadoreña, y ganó nuevamente la presidencia en febrero de 2024. Así ha podido sostener el régimen de excepción, seguir aprobando leyes y modificando otras que ni siquiera se someten a discusión en el Congreso.
Cortesía de Página 12
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