La Cámara de Diputados aprobó este miércoles Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se abroga de este dictamen el polémico padrón de usuarios de telefonía móvil además de que en el texto “busca seguridad ciudadana basada en la prevención, profesionalización policial y la inteligencia estratégica”.
El dictamen aprobado con 445 votos a favor y sólo 37 en contra, busca “atender demandas sociales de mayor necesidad, así como de la necesidad también de armonizar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno bajo una lógica de colaboración, de transparencia y de resultados”.
La diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, manifestó que el dictamen no surge de la nada, sino que es el resultado de una revisión profunda de las deficiencias estructurales del sistema anterior.
“Actuando en congruencia con estos compromisos asumidos por nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de seguridad y en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, hoy se plantean políticas que buscan fortalecer nuestras instituciones y proteger a los y las ciudadanas, con nuevos esquemas y modelos de actuación que nos orienten a seguir construyendo por una paz duradera en nuestro país”, indicó.
A su vez, al hablar en contra, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) consideró que el dictamen implica el desmantelamiento del federalismo en materia de seguridad pública para sustituirlo por un centralismo competencial y presupuestal; es la subordinación de las instituciones policiales locales al Gobierno Federal, pretende operar la estrategia con recursos que se transfieren a estados y municipios para seguridad pública y mantiene la militarización de la seguridad.
Por otra parte, Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada de MC, comentó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se inscribe en la tendencia de concentración de poder e información en el Ejecutivo Federal a expensas del federalismo y da continuidad a la perniciosa tendencia de militarización de las instituciones civiles a expensas de la República; no es una norma que busque enfrentar los retos nacionales dentro del marco de los lineamientos constitucionales que deben regir al Estado mexicano.
CS
Cortesía de El Heraldo de México
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