Según un comunicado de prensa, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión permitirá al Estado actuar como proveedor de internet para dar cobertura en zonas donde actualmente no hay acceso. La presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Merino, explicaron en la conferencia mañanera que se trata de una iniciativa con carácter social que también busca garantizar derechos como la educación, la información y la participación ciudadana.
“El acceso a internet es parte del ejercicio de la libertad. No puede haber libertad sin acceso“, afirmó Merino. En ese sentido, el Estado, a través de entidades como CFE-Internet para Todos, podrá ofrecer servicios en zonas remotas, escuelas y sitios públicos. Cuando compita por concesiones para usuarios finales, lo hará en igualdad de condiciones que empresas privadas.
Radios comunitarias podrán vender publicidad y tener acceso simplificado al espectro
Otro eje principal de esta ley es el fortalecimiento de las redes comunitarias. Según un comunicado anterior, la ley reduce costos de concesiones y permitirá a radios indígenas y afromexicanas comercializar hasta el 3% de su espacio con publicidad o patrocinios. Además, entre el 1% y el 10% del presupuesto federal de comunicación social podrá dirigirse a estos medios.
“Realmente esto está en el centro de la ley: facilitar el acceso a espectro para redes sociales comunitarias“, explicó Merino. El espectro no usado con fines comerciales podrá ser aprovechado por estas redes para brindar servicios de conectividad o telefonía con tarifas accesibles.
Acceso universal, derechos del usuario y nuevas reglas para plataformas digitales
La ley establece que las empresas de telefonía móvil deberán entregar equipos desbloqueados y permitir recargas con cualquier operador. También obliga a que los servicios de emergencia sean gratuitos y que las tarjetas SIM solo puedan activarse con una identificación oficial.
En cuanto a las plataformas digitales, se prohíbe la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, tanto en televisión como en radio. En plataformas, solo se restringe la pauta pagada para promover contenidos de este tipo y permite la promoción turística, cultural o deportiva.
Además, se refuerzan medidas de inclusión, pues las páginas y apps de servicios deberán ser accesibles para personas con discapacidad y se garantiza el acceso igualitario a internet para mujeres y niñas.
Menos pago de espectro si despliegan infraestructura en zonas sin cobertura
Como parte de los incentivos para cerrar la brecha digital, la ley ofrece descuentos a operadores que desplieguen infraestructura en zonas rurales o en carreteras. También se establece un proceso gradual para ordenar y soterrar el cableado urbano y se permitirá que los operadores comunitarios accedan a la infraestructura de grandes empresas sin costos discriminatorios.
En el comunicado se detalla que, actualmente, 92% de la población mexicana vive en zonas con cobertura, pero aún existen 10.2 millones de personas que habitan en lugares sin señal y 4.4 millones que, aunque viven en zonas con red, no pueden costear el servicio. Esta ley busca cambiar eso.
Se crea un nuevo órgano regulador con independencia técnica
La ley también plantea una reestructuración institucional. Se creará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado dentro de la ATDT pero con independencia operativa. Esta comisión se encargará de las autorizaciones y concesiones del espectro, y estará conformada por cinco consejeros propuestos por la presidencia y ratificados por el Senado.
Por otro lado, la Comisión Nacional Antimonopolio, dentro de la Secretaría de Economía, asumirá tareas relacionadas con la preponderancia y la regulación asimétrica en el sector y separará funciones que antes tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Polémicas no resueltas: del padrón SIM al artículo 109
Por otro lado, la ley sigue con polémicas. Como anteriormente reportamos en Xataka México, la reforma ha generado críticas, especialmente por el artículo 109, originalmente planteado para bloquear contenido digital bajo supuestos fiscales. Aunque este artículo ya fue eliminado, organizaciones civiles y legisladores de oposición alertaron sobre una supuesta concentración excesiva de poder en la ATDT y riesgos en el manejo de datos personales.
La presidenta Sheinbaum ha insistido que no hay intención de censura: “Nunca fue una ley para apagar plataformas”. Aun así, algunos sectores siguen pidiendo retirar la propuesta y abrir un nuevo proceso de diálogo legislativo.
Cortesía de Xataka
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