EE.UU.: el gobierno de Trump demandó a Los Angeles por proteger a los inmigrantes

El gobierno del presidente Donald Trump demandó este lunes a las autoridades de Los Ángeles por sus políticas de protección a inmigrantes, mientras arrecian las redadas migratorias promovidas por Washington. El Departamento de Justicia estadounidense calificó de “ilegales” las políticas de Los Ángeles y afirmó que las mismas “interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal”. Trump viajará este martes a Florida para asistir a la inauguración del llamado “Alcatraz de los Caimanes”, un nuevo centro de detención para migrantes que desató protestas por su ubicación en una zona de alto valor ecológico. Su visita tiene lugar mientras el Congreso debate un proyecto de ley del presupuesto federal que incluye miles de millones de dólares para el control y la expulsión de migrantes.

“Ciudad santuario” en peligro

La demanda, presentada en un tribunal de California, nombra directamente a la alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, así como al presidente del Concejo Municipal, Marqueece Harris-Dawson, y al cuerpo legislativo en pleno. Aunque la ciudad era considerada una “ciudad santuario” para inmigrantes, el Concejo Municipal oficializó la definición con una ordenanza aprobada en noviembre del año pasado, luego de la elección del republicano Trump a la presidencia. 

El decreto municipal limita la cooperación de las autoridades locales con las federales en la aplicación de las leyes migratorias de Trump. La ordenanza prohíbe utilizar recursos municipales para ejecutar las directrices federales en materia de migración, así como el intercambio de información con las autoridades federales al respecto. La administración de Trump busca con la querella que el tribunal declare ilegal la ordenanza, y prohíba a las autoridades locales aplicarla.  

Los Ángeles, donde más de un tercio de la población es inmigrante, se convirtió en el epicentro de la batalla contra la política antiinmigración de Trump, quien llegó al poder prometiendo deportar a millones de personas. El aumento de las redadas en lugares de trabajo a principios de mes desató una ola de protestas en el centro de la ciudad. La fiscal general Pamela Bondi afirmó en un comunicado que “las políticas de ciudad santuario fueron la causa de violencia, caos y ataques a las fuerzas del orden que los estadounidenses recientemente vieron en Los Ángeles”.

La tensión aumentó en las calles luego de que Trump pasara por encima del gobernador de California, Gavin Newsom, y ordenara el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional y de 700 marines. La alcaldesa Karen Bass criticó en varias ocasiones el envío de las tropas a su ciudad, argumentando que la policía local tenía la situación bajo control, y sostiene que la acción federal sembró pánico en Los Ángeles y desató el rechazo en las calles.

Visita al “Alcatraz de los Caimanes”

Según informó la Casa Blanca, este martes Trump visitará un polémico centro de detención de migrantes en medio de pantanos infestados de reptiles en Florida, conocido como el “Alcatraz de los Caimanes”. El nuevo centro está situado en un aeropuerto abandonado en los humedales de los Everglades, en el corazón de una extensa red de manglares y pantanos, un ecosistema subtropical que alberga más de dos mil especies de animales y plantas.

“Solo hay una carretera que lleva a él y es la única salida. Es un vuelo de ida. Está aislado y rodeado de fauna peligrosa y un terreno implacable”, explicó Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, quien precisó que informalmente se conocerá como “Alligator Alcatraz”. La instalación contará con hasta cinco mil camas para “migrantes ilegales criminales” y es “una manera eficiente y de bajo costo para ayudar a llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos”, afirmó Leavitt.

“Cuando tienes asesinos, violadores y criminales atroces en una instalación de detención rodeada de caimanes, sí, creo que es disuasorio para que intenten escapar”, respondió la vocera cuando le preguntaron por los caimanes. El gobierno de Trump prevé ampliar “las instalaciones y el espacio de alojamiento en tan solo unos días” gracias a la colaboración con Florida, afirmó la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, en un comunicado en el que enumera algunos de los presuntos “criminales” detenidos en este estado del sur, en su mayoría latinoamericanos.

“Su visita a este centro de detención subraya la necesidad de aprobar la ‘Gran y hermosa ley’, porque necesitamos más centros de detención en todo el país”, añadió Leavitt, usando el nombre que puso Trump al texto que espera su aprobación en el Senado. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, destacó recientemente que “no es necesario invertir mucho en el perímetro” porque “si la gente sale, no hay mucho que esperar, aparte de caimanes y pitones”. El funcionamiento del centro costará unos 450 millones de dólares anuales. 

Votación clave y advertencia de Musk

El magnate Elon Musk advirtió este lunes a los legisladores republicanos que “perderán sus primarias el año que viene” si apoyan el megaproyecto de ley presupuestario y de recortes fiscales de Trump, que el mandatario pretende ratificar esta semana. Musk renunció a finales de mayo como responsable de eficiencia en la Casa Blanca en medio de diferencias con Trump por ese proyecto de ley, que el ejecutivo de Tesla y SpaceX considera que aumentará la deuda pública estadounidense, algo que volvió a argumentar a través de su cuenta de X.

“A cada miembro del Congreso que hizo campaña sobre reducir el gasto gubernamental e inmediatamente votó por el mayor incremento de la deuda de la historia, debería caérsele la cara de vergüenza. Y perderán sus primarias el año que viene aunque sea lo último que haga en esta Tierra“, escribió Musk. El magnate que parece haber zanjado su disputa personal sobre este tema con Trump, dejó en claro que sigue en desacuerdo sobre el proyecto de ley, e incluso mencionó por su nombre a dos legisladores de la Cámara de Representantes que pueden ser clave para que el documento salga adelante.

“¿Cómo pueden ustedes llamarse el Caucus de la Libertad si votan por un proyecto de ley de ESCLAVITUD DE DEUDA con el mayor incremento del techo de la deuda de la historia?”, publicó el empresario, en un mensaje dirigido a los representantes Andy Harris, de Maryland, y Chip Roy, de Texas. El Senado está inmerso en el proceso de enmiendas a la iniciativa, que contiene elementos clave de la agenda de Trump, como recortes de impuestos y gasto público, y mayores fondos para defensa y control migratorio.

Hasta la noche del lunes, el Senado se había estancado a un ritmo lento intentando procesar las docenas de votaciones de enmiendas necesarias antes de que los líderes republicanos pasaran a la votación final sobre la propuesta política emblema de Trump. De sostenerse ese ritmo, el Senado no llegaría a la votación final hasta las 5:30 de la madrugada del martes si es que se realizan al menos 40 votaciones a las enmiendas, según el diario Washington Post.

Aún es incierto que todos los 53 senadores del partido de Trump apoyen el proyecto, ya que agregaría 3,3 billones de dólares a la deuda pública dentro de 10 años, estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un cálculo mayor a los 2,4 billones de dólares de la versión que aprobó el 22 de mayo la Cámara Baja. Otros legisladores cuestionan los recortes a programas sociales como Medicaid o los cupones de comida porque el CBO prevé que 12 millones de personas pierdan su seguro médico para 2034 con la iniciativa, que recortaría 1,1 billones de dólares en políticas de salud pública.

Los demócratas exhibieron una oposición unificada al forzar, primero, 16 horas de lectura en voz alta de las 940 páginas del proyecto y, después, agotar las 10 horas de debate que corresponden a cada partido para retrasar el proceso y evidenciar los recortes a los impuestos de los más ricos y al presupuesto. La controversia creció esta semana tras difundirse el borrador de 940 páginas que ahora discute el Senado, que incluye más recortes de lo avalado por la Cámara de Representantes, en particular a los programas sociales y a incentivos fiscales a energía eólica y solar, y a vehículos eléctricos.

Cortesía de Página 12



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