Pese a que existen sanciones por actos de discriminación laboral contra personas de la comunidad LGBTQ+, aún no hay una cuota obligatoria que garantice su inclusión formal en los espacios de trabajo, particularmente en el sector privado.
Así lo dio a conocer Omar Cordero, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Inclusión de Nayarit, quien destacó la necesidad de impulsar una cuota nacional del tres por ciento para asegurar que las personas de la comunidad tengan acceso a empleos dignos y en condiciones de igualdad.
Actualmente, la Ley Federal del Trabajo contempla multas por discriminación laboral que oscilan entre 50 y cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale, a montos de entre cinco mil 657 pesos y 565 mil 700 pesos. Sin embargo, Cordero señala que estas sanciones no han sido suficientes para erradicar la exclusión de este sector de la población, particularmente en los procesos de contratación.
Buscan brindar oportunidades laborales para todos, sin importar su género
“Se tiene una propuesta a nivel nacional de cupo laboral, cupo laboral inclusivo, cupo laboral LGBT, cupo laboral trans. Se está trabajando. Se deben crear nuevas plazas; sin embargo, no es simplemente las mismas plazas que se tienen, buscamos que se incluya a las poblaciones de la comunidad en puestos de confianza, en los puestos de toma de decisiones, tener diversidad sexual dentro de ellas y de ellos”, señaló el funcionario.
La propuesta de cupo laboral del tres por ciento busca establecer acciones afirmativas similares a las que ya existen para personas con discapacidad, de forma que las instituciones, tanto públicas como privadas, reserven espacios específicos para personas LGBTQ+ en condiciones equitativas, con posibilidades reales de desarrollo profesional.
En el caso de Nayarit, ya se han dado pasos importantes. A nivel estatal, la legislación contempla una cuota del uno por ciento en la administración pública para personas trans, así como estrategias para fomentar la inclusión de personas LGBTQ+ en el ámbito gubernamental. Esta medida aplica para instituciones del poder ejecutivo, organismos descentralizados y gobiernos municipales.
La industria privada no tiene obligación de hacer contrataciones inclusivas
Además, desde el ámbito electoral, se ha garantizado una cuota política LGBTQ+ para los comicios locales, obligando a los partidos a incluir fórmulas de personas de la diversidad sexual entre sus candidaturas, ya sea por mayoría relativa o representación proporcional.
No obstante, en el sector privado no existe una obligación legal de contratación inclusiva. Las normas vigentes promueven campañas de sensibilización y reconocen a empresas que implementan políticas de igualdad, pero no contemplan sanciones específicas por no contratar a personas LGBT+.
El Consejo Estatal de Inclusión advierte que mientras no se legisle a nivel nacional una cuota formal, seguirán reproduciéndose patrones de exclusión laboral hacia personas de la diversidad sexual y de género. La visibilización, capacitación y creación de espacios seguros son —en palabras del funcionario— pasos fundamentales para construir una sociedad más justa y plural.
Cortesía de El Heraldo de México
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