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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía de la deportación a miles de hondureños y nicaragüenses que viven en Estados Unidos.
La medida entrará en vigor a partir del 6 de septiembre y afectará a unos 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses que han tenido acceso a este estatus legal en Estados Unidos desde 1999, según dos avisos publicados por el Registro Federal.
La decisión fue tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno del presidente Donald Trump para despojar a los migrantes de este estatus legal.
Inicialmente se aprobó la designación del TPS para ciudadanos de Honduras y Nicaragua debido a la destrucción causada por el huracán Mitch, que azotó Centroamérica en 1998 y causó la muerte de al menos 10.000 personas, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Pero Noem afirmó que ambos países habrían logrado una recuperación significativa, y citó como ejemplo la industria turística que opera en los dos países, así como la inversión inmobiliaria en Honduras y el sector de las energías renovables en Nicaragua.
“El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser precisamente eso: temporal”, declaró Noem en un comunicado.
El gobierno de Trump ha puesto fin al estatus legal temporal para cientos de miles de migrantes en Estados Unidos, incluyendo algunos que han vivido y trabajado legalmente en el país durante décadas.

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“Le ha pasado a otros países”
Durante los primeros meses de su segundo mandato, el gobierno de Trump ha eliminado el TPS para 348.000 venezolanos y 521.000 haitianos, así como para miles de afganos y cameruneses.
En 2023, el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden renovó el TPS para Honduras y Nicaragua, al argumentar que los efectos del huracán Mitch aún eran palpables y que la inestabilidad política, los problemas económicos y los daños causados por otras tormentas justificaban la extensión de las protecciones.
A pesar de esta decisión, el Departamento de Estado advierte actualmente a los estadounidenses que reconsideren viajar a Honduras debido a la delincuencia y a Nicaragua debido al riesgo de detención injusta y la atención médica limitada, a la vez que plantea preocupaciones por la criminalidad.
El gobierno hondureño decretó un estado de emergencia en 2022 que permite a la policía suspender los derechos constitucionales en gran parte del país.
Naciones Unidas ha acusado al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de reprimir a la disidencia y a la sociedad civil, después de que nuevas reformas constitucionales vigentes este año ampliaran sus poderes.
Antonio García, viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, afirmó que la decisión de Estados Unidos reflejaba una tendencia más amplia del gobierno de Trump de poner fin al TPS y que no se dirigía específicamente a los hondureños.
“Le ha pasado a todos los países y ahora a nosotros”, declaró García.
Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en mayo que el gobierno de Trump podía proceder a terminar el estatus migratorio para los venezolanos, un juez federal bloqueó la semana pasada el fin del TPS para los haitianos.

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Cortesía de BBC Noticias
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