De acuerdo con una columna de Político MX, en su sección Politileaks a través de la cual se comparten presuntas filtraciones de información desde dentro de los círculos políticos, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) se encuentra elaborando un nuevo proyecto de ley que permita decretar derecho de uso del espectro radioeléctrico en México.
En caso de que este proyecto se elabore, facultaría a la ATDT y su titular José Antonio Merino para realizar cargos a las plataformas digitales y redes sociales que operan en territorio nacional, algo así como una renta por el espacio que su señal utilice.
El proyecto, de acuerdo con lo que explica Politikleaks, sería una opción alternativa al artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones, que fue eliminado debido a señalamientos tanto por la oposición (PAN y PRI) como por organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH México) por considerarle un artículo que permitía la censura por parte del Estado al facultarlo para bloquear el acceso a aplicaciones y plataformas digitales bajo sus propios criterios.
Tras varias mesas de trabajo, la versión final de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión eliminó el artículo 109 para evitar lo que la presidenta Claudia Sheinbaum consideró “acusaciones de censura”. Sheinbaum ha sostenido desde que la Ley de Telecomunicaciones se presentó como proyecto, y a varios días de haber sido aprobada, que no se trata de una ley que permita al gobierno el espionaje.
Contraataque
Sin embargo, la bancada de Partido Acción Nacional estaría elaborando, de acuerdo con Politikleaks, un amparo colectivo contra lo que apodaron “Ley Espía”, que contempla tres de las leyes recientemente aprobadas: Ley de Telecomunicaciones, Ley para eliminar Trámites Burocráticos y Ley del Sistema Nacional de Investigación. Insisten que estas leyes, en conjunto, permiten al Estado acceder a los datos personales de los ciudadanos, no solo documentos oficiales, sino también información sobre sus compras y conversaciones, además de ser localizados en tiempo real a través de sus celulares sin necesidad de una orden judicial.
Es verdad que las nuevas reformas han generado polémica entre la población, al punto de dividirla entre quienes apoyan el proyecto de la 4T y quienes aseguran que se está transformando en un gobierno espía, equiparable con Big Brother o, como dijo el diputado Rubén Moreira, “una dictadura como las del siglo pasado”.
La columna de Político MX finaliza al especular que el PAN prepara una convocatoria para respaldar su amparo. Por parte de la 4T y bancada Morena, tanto la presidenta Sheinbaum como sus simpatizantes han alzado la voz para defender las reformas, insistiendo que su gobierno nunca permitiría el espionaje ni la censura, y que si alguien lo ha hecho han sido los gobiernos anteriores hacia los morenistas.
“Entonces todos nosotros fuimos espiados, nosotros no espiamos a nadie, absolutamente a nadie. Lo que queremos es construir un país seguro, en paz. Entonces una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes, en ningún momento se está espiando a nadie”
-Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Otros caminos
Por otra parte, hace unos días informamos que Ricardo Monreal, coordinador de diputados por Morena, había declarado su intención de retomar su proyecto de regulación para las redes sociales en México. Monreal explicó que, una vez concluido el proceso legislativo de las reformas, el siguiente paso sería volver a presentar los proyectos de regulación, que fueron anunciados en 2021.
El argumento, explicó, es que los estándares de protección a los derechos fundamentales, como el derecho humano a la libertad de expresión en el ciberespacio, no debían ser regulados por empresas privadas, sino por “el órgano democrático y soberano”. Y dado que plataformas como X (antes Twitter) y Facebook tienen facultades para bloquear cuentas de usuarios si consideran que infringen sus políticas de uso, estas facultades no están reguladas, pues cambian de acuerdo con la red social que se use.
En caso de avanzar, la facultad de regular las políticas de uso podría pasar de las empresas dueñas de cada red social a la ATDT.
Cortesía de Xataka
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