La policía francesa realizó este miércoles un allanamiento en la sede de la Agrupación Nacional (RN), partido de la líder ultraderechista Marine Le Pen, en el marco de una investigación sobre la posible financiación ilegal de sus últimas campañas electorales, mientras que Le Pen acusó a las autoridades de intentar declarar culpable a su partido sin pruebas sólidas. La redada coincide con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que rechazó la solicitud de Le Pen para suspender provisionalmente su pena de inhabilitación, que le impide presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.
En la víspera, la fiscalía europea había anunciado una nueva investigación por presuntas irregularidades financieras relacionadas con el RN y sus aliados ultraderechistas en el Parlamento Europeo. El allanamiento también llega meses después de la condena al partido, en marzo por malversación de fondos públicos europeos, lo que resultó en la inhabilitación inmediata de cinco años para su líder.
La mayoría de estos fondos habrían beneficiado a empresas vinculadas a personas cercanas a Le Pen, como la agencia de comunicación e-Politic, que recibió 1,7 millones de euros tras una licitación marcada por “graves problemas de conformidad”, o la empresa, Unanime, que habría obtenido más de 1,4 millones de euros por trabajos de impresión, subcontratados a menor costo por un margen estimado de 260.000 euros.
Un “ataque a la democracia”
Le Pen, quien no reaccionó de inmediato al allanamiento, calificó el hecho de “problema democrático” e incluso defendió el mecanismo de financiación del RN, destacando que “ningún banco” ha aceptado concederles préstamos. “¿Qué otra alternativa tenemos para financiar nuestras campañas?”, se preguntó, asegurando que la persecución política está detrás de las acusaciones.
Mientras tanto, la ultraderechista sigue luchando en los tribunales. En espera del veredicto en apelación, previsto para mediados de 2026, la líder ultraderechista había solicitado al TEDH que suspendiera su inhabilitación. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud este miércoles, argumentando que no se ha demostrado un “riesgo inminente de atentado irreparable” a sus derechos. “Nos quieren culpables, pero no sé de qué“, insistió Le Pen.
La justicia francesa sigue investigando los préstamos otorgados al movimiento de extrema derecha, tras una denuncia de la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político (CNCCFP). Las autoridades intentan determinar si las campañas fueron financiadas mediante “préstamos ilegales de particulares” y si se facturaron al Estado “sobrecostos” o “servicios ficticios”. Los préstamos de particulares están permitidos bajo ciertas condiciones, pero el RN ha sido identificado como el partido que más los ha utilizado en los últimos años, según Christian Charpy, presidente de la CNCCFP.
Pese a la creciente controversia, Le Pen sigue defendiendo que los pagos realizados han sido “debida y legalmente justificados”, y afirmó que, aunque no conoce el tema en profundidad, están dispuestos a resolver cualquier desacuerdo administrativo.
“Es mejor ser narcotraficante que opositor”
Por su parte, el presidente de RN, Jordan Bardella, denunció lo que considera un “ensañamiento” contra el partido, asegurando que el procedimiento tiene un tinte político y no judicial, y acusó al al Parlamento Europeo de lanzar un “grave ataque” contra el pluralismo y la alternancia democrática en Francia. A sus 29 años, Bardella es una de las figuras clave del intento de moderación del RN, y podría ser uno de los principales candidatos para las presidenciales de 2027 si Le Pen no puede presentarse.
La operación se enmarca en una investigación abierta en julio de 2024 sobre la financiación de las campañas del partido ultraderechista. Según la fiscalía, el RN y sus aliados en el antiguo grupo parlamentario Identidad y Democracia (ID) habrían gastado de manera irregular más de 4,3 millones de euros entre 2019 y 2024. El bloque ID, que aglutinaba a eurodiputados de partidos euroescépticos y contrarios al poderío de la UE, se disolvió tras las elecciones de 2024, siendo reemplazado por el grupo ultraderechista Patriotas por Europa, presidido por Bardella.
En declaraciones en la red social X, Bardella afirmó que el allanamiento incluyó los despachos de los líderes del partido, y que la policía incautó “todos los correos, documentos y elementos de contabilidad”, sin precisar los motivos de la operación. En sus declaraciones, también acusó al gobierno de Emmanuel Macron de hacer “de todo” para impedir la llegada al poder del partido líder de la oposición. No obstante, a lo largo de los años, varios partidos en Francia han sido objeto de investigaciones por delitos económicos. “En la Francia de Macron, es mejor ser traficante de droga que un opositor político”, expresó con dureza.
Cortesía de Página 12
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