El juez de control penal de Pachuca, Jesús Anim Ope Islas, vinculó a proceso a William “N”, su esposa Bertha “N” y a la diputada local con licencia, Alhely “N”, por su presunta responsabilidad en el caso de abuso sexual infantil denunciado en 2022 en Zimapán.
La juzgadora dictó prisión preventiva justificada en contra del excontratista del gobierno estatal y su esposa, sin embargo, debido a que cuentan con una suspensión federal no pueden ser aprehendidos hasta que se resuelva el caso, debido a que el Ministerio Público los acusó de abuso sexual y violación equiparada.
Para la legisladora local con licencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la jueza ordenó restricciones para no salir del país y que se presente de manera mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
El empresario solicitó desarrollar la audiencia virtual, debido a que acusó que existe riesgo a su integridad física por las amenazas que ha recibido, en tanto que el Ministerio Público señaló que el 17 de junio de 2022 la madre de las menores de edad, Jaqueline Trejo Leal, presentó la denuncia penal en contra de su hermano, después de que las infantes señalaron que fueron víctimas de agresiones sexuales.
Foto: Piixabay
Víctimas son trasladadas a refugio de seguridad en CDMX
Sin embargo, tanto la madre de las víctimas como las infantes fueron trasladadas a un refugio de seguridad en la Ciudad de México, mientras que el 9 de marzo de 2023 elementos de la policía investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo (FGJE) aprehendieron a William “N” y Bertha “N”, y permanecieron recluidos durante una semana, hasta que la juez de control penal de Pachuca, Janett Montiel Mendoza, determinó no vincularlos a proceso.
Fue hasta el pasado 13 de diciembre de 2024, cuando la jueza Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en Culiacán, Marién Ángeles Tovar, desestimó la no vinculación a proceso de los imputados, situación por la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) solicitó las órdenes de aprehensión, así como a la diputada local que fue señalada por las infantes.
Por ello, la legisladora local solicitó licencia como representante popular de manera indefinida, al girarse las órdenes de aprehensión en su contra, en tanto que el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, negó que existiera alguna protección hacia los imputados.
Cortesía de El Heraldo de México
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