La Cámara de Casación de Argentina ha resuelto mantener a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner –condenada seis años de prisión que cumple en arresto domiciliario– con restricciones en las visitas que puede recibir en su vivienda y con la tobillera electrónica que indica sus movimientos, tras el recurso impuesto por su defensa con el objetivo de relajar estas medidas.
“Lo que debe procurarse es que el delito cometido, y sus gravísimas consecuencias, no pase desapercibido para la comunidad (…). En suma, lo expuesto implica, en definitiva, la necesidad de ejecutar debidamente las penas impuestas en aquellos casos en los que se ha comprobado la comisión de hechos de corrupción que perturban a la sociedad toda”, ha señalado uno de los jueces encargados de dictaminar el fallo.
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La decisión se ha tomado con dos de los magistrados en contra de acabar con las medidas restrictivas y uno a favor, por lo que la exmandataria deberá continuar con la tobillera y pedir autorización judicial para cualquier visita que exceda a su núcleo más cercano como familiares o abogados, como la que recibió por parte del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva hace varios días.
“Cualquier flexibilización indebida del régimen de cumplimiento, o la omisión de condiciones básicas de control en la modalidad domiciliaria, podría debilitar la expresión pública de la condena, especialmente en casos que involucran hechos de alto impacto institucional”, asevera el fallo dictaminado por la Justicia argentina.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky –a favor de acabar con estas medidas– aseguró que “nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas” y que mantener las restricciones provocaría que Kirchner tendría menos libertades que en un centro penitenciario.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión que cumple en su domicilio por haber otorgado obras millonarias en carreteras argentinas a un socio y presunto testaferro durante su gobierno. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.
Este mismo viernes ha trascendido que los implicados en esta trama de corrupción deben restituir al Estado 684,990 millones de pesos (casi 265 millones de euros) en concepto de perjuicios en un plazo de diez días.
Cortesía de El Economista
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