Sin rodeos: el pago de 73 mil pesos mensuales a Elizabeth Castro como “asesora técnica” en el SIAPA fue un regalo. Una herencia directa del ex gobernador Enrique Alfaro a su amiga de la secundaria. No al perfil que “pedía la banda”, ni al que convenía al nuevo jefe del Ejecutivo, sino al que exigió el todavía operador político desde Casa Madrid.
“Es posición de él”, me dicen los que están enterados. Con su soberbia, la mujer de las redes sociales no solamente indignó a los ciudadanos, sino a los trabajadores del organismo que no ganan ni la quinta parte de lo que cobraba la conductora de televisión. Ella supo surfear entre partidos y sexenios bajo el único mérito de ser amiga del poder. Porque eso basta: aplaudir lo suficiente y con fuerza hasta que se inflen las manos… y la bolsa.
El problema es que mientras más se aplaude, más se reparte el pastel entre compadres. La crítica, en cambio, se castiga: quien incomoda al poder entra en una carpeta, en una intervención al teléfono o en una campaña de desprestigio. Da igual si gobierna Morena, MC o el zombie del PRI: para los amigos, todo; para los demás, el látigo.
Elizabeth Castro es una experta en relaciones públicas, eso es innegable. Ha “cumplido perfiles” para dirigir grandes eventos en Puerto Vallarta, captar donativos en el IJAS, operar desde la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social, y atender a “grupos prioritarios” en Asistencia Social. Y antes de su salto al SIAPA como asesora “comisionada” -figura que nadie ha sabido explicar-, ya traía una carrera sostenida más por vínculos que por méritos.
Cuando intentó defenderse en un video en vivo, no solo se hundió más: su explicación provocó más preguntas que respuestas. El escándalo estalló. Todos exigieron saber quién la puso ahí. Y no fue Antonio Juárez Trueba, el titular del SIAPA. La firma que la ubicó ahí, me cuentan, vino de más arriba: del entonces secretario de Asistencia Social y no sólo su amigo, sino el actual jefe de Gabinete, Alberto Esquer.
El ex alcalde de Zapotlán fue quien le dio ese cargo privilegiado. Pero ella no es un caso aislado: es apenas la punta del iceberg de una red de compadrazgos y cuotas heredadas que han engordado la burocracia con perfiles que cobran mucho y hacen poco, mientras quienes sí trabajan apenas sobreviven.
En la administración pública, la corrupción tiene muchas caras. Colocar a Elizabeth Castro en ese cargo es una de ellas. Por eso, si el gobernador Pablo Lemus habla en serio cuando dice que “debe haber sanciones”, el primer llamado a rendir cuentas debería ser su subordinado: el propio Esquer.
La indignación unánime creció porque en este caso, como en otros tantos, la lealtad pesa más que la experiencia, la amistad más que el servicio público y la red de favores más que el interés general. Y ese es el pantano donde hay que escarbar.
No se trata solo de Castro, sino de los cientos como ella que parasitan la nómina estatal. Con una auditoría seria, el dinero público alcanzaría para más, se dignificaría a quienes sí trabajan y -de paso- se podrían reparar las peligrosas calles de esta ciudad que, debido al temporal y a sus amplios estragos, ya ha sido rebautizada como Zanjalajara.
Cortesía de El Informador
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