Parece una buena acción. Ves un bache frente a tu casa, sabes que nadie lo arreglará pronto, así que compras mezcla asfáltica y lo tapas. Lo haces por ayudar, por evitar que alguien reviente una llanta o tenga un accidente. Pero en Ciudad de México, ese gesto podría meterte en serios problemas legales. No es exageración: la Ley de Cultura Cívica establece que modificar el uso del espacio público sin autorización puede ser motivo de multa, arresto o trabajo comunitario. El bacheado ciudadano, aunque nazca del civismo, es un delito si no se hace bajo permiso.
Cualquiera pensaría que la ley está fuera de lugar. ¿Cómo es posible que intentar solucionar lo que la autoridad no hace se castigue? El artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica no menciona los baches de forma directa, pero deja claro que intervenir el espacio urbano sin autorización está prohibido. La sanción va de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización, entre 1,244 y 4,525 pesos, o hasta 24 horas de arresto. El argumento legal no es caprichoso: existen razones técnicas y de seguridad detrás de esta regulación.
Las calles de la capital están diseñadas para soportar cargas específicas y materiales concretos. Si alguien rellena un bache con cemento mal preparado o asfalto reciclado, no solo arriesga la durabilidad de la reparación. También puede crear un nuevo riesgo. Un parche mal compactado se deshace con la primera lluvia y puede provocar caídas en moto, frenadas repentinas o desviaciones que cause un choque. Incluso con la mejor intención, el resultado puede ser más peligroso que el hoyo original.
Hay otro problema: la señalización. Cuando una cuadrilla oficial repara el pavimento, instala conos, cinta reflectante y brigadistas que advierten a los conductores. En cambio, las reparaciones caseras carecen de cualquier aviso. Lo que parece una mejora, en realidad se convierte en una trampa. Un conductor que no espera encontrar cambios en el asfalto podría reaccionar mal al pasar por encima de un material diferente o mal distribuido.
También está el impacto vial. Las obras sin coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios provocan bloqueos inesperados. No hay rutas alternas ni avisos. Las horas pico se vuelven aún más complicadas. Aunque parezca menor, cada intervención no autorizada en la vía pública tiene el potencial de entorpecer el tránsito de una ciudad ya colapsada por su densidad.
Reparar baches es un delito.
CDMX cuenta con un programa de bacheo. No es perfecto, pero existe. Reportar un hoyo a través de los canales oficiales es la única forma de lograr una reparación segura y legal. Puede tardar, sí. Pero asumir la solución por cuenta propia es arriesgar una multa y, en el peor de los casos, un arresto. En una ciudad donde la ley es estricta con el uso del espacio urbano, ayudar sin permiso puede costarte la libertad.
Foto de portada | Gobierno de Acapulco
Cortesía de Xataka
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